Cd.
Victoria, Tam. – La lucha por la dirigencia
estatal del PRI observa claroscuros interesantes. Entre otros, la terquedad de
algunos aspirantes poco favorecidos entre el voto local, pero inflados por su jactancia
de ser los presuntos consentidos del olimpo nacional.
Lo cual deriva de un escaso respeto por
la competencia. El reclamo o la presunción de privilegios, implica una
confesión de incompetencia.
De ahí la razón que un sector
mayoritario de consejeros esté pidiendo al presidente del CEN ENRIQUE OCHOA REZA
que la contienda sea real y no una mera pantalla para encubrir alguna suerte de
dedazo.
Libertad de elegir, pues, y respeto a los
resultados que arroje la voluntad mayoritaria, en cumplimiento fiel a la
convocatoria y a los propios estatutos.
Valorar con ello la responsabilidad
crucial que cargará a cuestas quien resulte ganador. Deberá conducir las tareas
de dicho partido en la elección del 2018 donde se renueva la Presidencia de la
República y la totalidad del poder legislativo federal.
Piden, en suma, que no haya dados
cargados en favor de nadie, en aras de la credibilidad propia del proceso.
Evitar, pues, que bajo pretexto de
alguna candidatura de unidad, se adultere el trabajo y (peor aún) pierda su
carácter de contienda abierta.
En este sentido, la unidad es una
simplificación válida solamente cuando surge en forma libre y sin presiones entre
los aspirantes.
No es recomendable si se impone o
establece de manera obligada. El clamor es garantizar el suelo parejo, sin
excepciones.
En un ambiente partidista tan
competitivo como el que se vive en el México actual, forzar voluntades desvirtuaría
el espíritu de la convocatoria y mancharía la elección.
Sobre todo, si algún aspirante ha sido
visto tocando puertas en Insurgentes norte y otras instancias de la capital
mexicana, para inclinar la balanza a su favor.
Ni el CEN, ni SEGOB ni Los Pinos ni el
Campo Marte son espacios de gestión para andar buscando padrinazgos ajenos y
externos a la instancia decisoria que es (por definición) eminentemente
estatal, regional.
De aquí la responsabilidad que tendrían hombres
como LUCINO CERVANTES y el delegado JOSÉ MURAT en la transparencia del relevo.
Particularmente ahora, cuando la derrota
ha desalentado la participación tricolor, provocando fugas hacia otros
partidos, como el PAN y MORENA.
Violentar la voluntad de los consejeros
votantes empañaría el (de por sí difícil) panorama que hoy enfrenta el PRI estatal
tras su contundente derrota de 2016.
Comicios donde el partido tricolor fue
superado ampliamente por Acción Nacional en las tres urnas. Gobernador,
alcaldes y curules.
Máxime si consideramos que son dos los aspirantes
que parecen concentrar la mayor parte del apoyo: SERGIO GUAJARDO y OSCAR
LUEBBERT. El 90% entre ambos, según versiones.
Por ello, si algo unifica la voluntad de
ambos contendientes, amén de la amistad, es su condición de punteros y, por
ende, la exigencia de que el voto defina al ganador de la manera más nítida posible.
De ahí su interés en que el próximo
dirigente sea una carta local y no una decisión grosera del centro. Queda claro
que se trata de dos escenarios muy distintos. El primero otorga validez a la nueva
dirigencia, el segundo le resta legitimidad.
Como partido opositor en Tamaulipas y ante
la magna tarea del 2018, el PRI no está en condiciones de burlar la voluntad de
sus consejeros imponiendo algún recomendado.
Peor aun cuando existe la sospecha de
que quienes andan mendigando en la capital mexicana los apoyos que les faltan
en Tamaulipas, no portan en sus alforjas proyecto de trabajo alguno.
Solo ambicionan el cargo como trampolín
para asegurar seis buenos años de beca senatorial, sin importar que en
Tamaulipas su partido se caiga a pedazos.
