Cd. Victoria, Tam.-
En ocasiones de lo importante se hace poco ruido y los asuntos de menor cuantía
ocupan espacios estelares.
Fundamental,
el encuentro efectuado el pasado viernes 25 en Monterrey por el gabinete de
seguridad con los gobernadores del noreste mexicano, entre ellos, por supuesto,
el ingeniero EGIDIO TORRE CANTÚ.
Por el
bando federal estuvieron los titulares de Segob, MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG;
Sedena, SALVADOR CIENFUEGOS; Semar, VIDAL FRANCISCO SOBERÓN; PGR, JESÚS MURILLO
KARAM y CISEN, EUGENIO ÍMAZ.
A los
que habría que añadir a los subsecretarios de Gobernación MANUEL MONDRAGÓN y
LUIS ENRIQUE MIRANDA.
Al
evento identificado como reunión regional de seguridad del noreste fueron
también los mandatarios de Coahuila, RUBÉN MOREIRA; San Luis Potosí, FERNANDO
TORANZO; Veracruz, JAVIER DUARTE; Durango, JORGE HERRERA y, por supuesto, el
anfitrión RODRIGO MEDINA.
Escueto
pero significativo, el propósito señalado sería el de “afinar y reforzar las
estrategias” regionales y el apoyo que la federación otorga en este rubro a los
estados.
Los
asuntos de seguridad hoy día se manejan con sordina, a diferencia del gran
despliegue mediático acostumbrado hasta el 30 de noviembre pasado.
El
mensaje parece claro: que el discurso de los hechos reemplace al largo,
recurrente, sinuoso y a menudo poco práctico lenguaje de las buenas
intenciones, las amenazas y las lamentaciones.
Priístas
todos, dos de los gobernadores se encuentran en el cargo desde el 2009 (Nuevo
León, San Luis Potosí), dos más asumieron en 2010 (Durango, Veracruz) y dos
operan a partir del 2011 (Coahuila y Tamaulipas).
Sus
regímenes proceden de la segunda mitad del calderonato, durante la crisis
definitiva del modelo antidelictivo planteado por el gobierno panista.
La
debacle final, cuando la violencia se exacerbó a límites nunca antes vistos,
mientras el Presidente repartía culpas a estados, municipios y al propio
gobierno norteamericano.
Y mire
usted, desde mediados del 2012, tras confirmarse la victoria en las urnas de
ENRIQUE PEÑA NIETO, ocurrieron dos fenómenos de importancia.
Por
principio, una esperanza de cambio positivo en el tema de la seguridad,
respecto al nuevo gobierno.
Expectativa
que los propios voceros de PEÑA NIETO supieron alimentar al trascender que
habría un enfoque sustancialmente distinto a la infortunada “guerra de
CALDERÓN”.
Pero un
segundo efecto se observó a partir de septiembre, por los días en que EPN fue
nombrado presidente electo y recibió su constancia de mayoría.
Particularmente
en Tamaulipas, se dejó sentir (prácticamente todo el cuatrimestre final del
año) una baja en el número de efectivos federales dispuestos para la cobertura
territorial, la vigilancia motorizada en calles y caminos.
De
manera transitoria, los meses finales de CALDERON (septiembre, octubre y
noviembre) y todavía el primes mes de PEÑA NIETO (diciembre) las corporaciones
habrían bajado sensiblemente la guardia acaso como medida de precaución, en
espera de las nuevas instrucciones que vendrían del entrante gobierno.
Esto no
paso desapercibido para la contraparte delictiva que pareció incrementar su
actividad en los últimos meses del 2012.
Con la
entrada del nuevo año, la vigilancia empezó a repuntar y a recuperar
gradualmente territorios.
Desde
luego, falta mucho por hacer, aunque la sensación es que ahora la estrategia
será de gran calado, con metas de mediano y largo plazos.
Las
instituciones de seguridad no pueden conformarse con actuar de manera defensiva
ni permitir que las organizaciones criminales les marquen la agenda.
De ahí
la importancia de la reunión celebrada en la capital reinera pues confirma el
enfoque regional que se dará al diagnóstico de haberes y deberes.
Pero,
sobre todo, inaugura tiempos nuevos en materia de colaboración, fincados en la
mutua confianza entre ambos niveles de gobierno, valor que se había perdido por
el ánimo persecutorio que caracterizó al grupo calderonista.
Son
otros tiempos, sin duda.
