Cd. Victoria, Tam.- Conferencia mañanera, martes 22
de agosto de 2023. El entonces subsecretario de Seguridad LUIS RODRÍGUEZ BUCIO denuncia
casos de maleantes capturados y luego dejados en libertad por jueces de vida
alegre, en todo el país. Para más detalles, el video está en #YouTube: https://ytube.io/43Fv
A manera de ilustración, el hombre citó cinco ejemplos:
(1) EDUARDO OSORIO ROSADO, juez de Querétaro. El angelito habría dictado desde 2022 un total de 52 resoluciones a favor de presuntos responsables de delitos contra la salud (léase, narcos) y posesión ilegal de armas de fuego.
(2) JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, de Nuevo León. Dispuso la liberación de dos sujetos detenidos por portación ilegal de arma de fuego y posesión de anfetaminas, en la región de Linares.
(3) ÓSCAR ANTONIO MADERO, juez de Michoacán. Denunciado penalmente por emitir 15 resoluciones contrarias a la solicitud de la autoridad investigadora.
(4) DANIEL RAMÍREZ PEÑA: juez del Estado de México. Dictó sentencia absolutoria a un exmagistrado que recibió depósitos superiores a los 12 millones de pesos. En su historial hay también siete resoluciones contrarias a la solicitud del AMP.
(5) JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en ese tiempo juez de Coahuila, quien cuenta con una denuncia penal y dos quejas ante la judicatura por no vincular a proceso los casos de dos detenidos y presuntos responsables del mortal derrumbe en la mina “El Pinabete” de Sabinas, Coahuila, el 3 de agosto de 2022.
Los datos básicos dicen que murieron 10 trabajadores y la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de aprehensión contra tres presuntos responsables.
Uno de ellos se dio a la fuga, pero los otros dos fueron liberados por el referido juez HERNÁNDEZ, personaje en cuyo expediente hay 80 resoluciones giradas contra solicitudes del AMP.
En otra mañanera (10 de septiembre de 2024), la entonces titular de Seguridad (hoy de SEGOB) ROSA ICELA RODRÍGUEZ denunció al propio JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ siendo juez también en Coahuila, por liberar en menos de 24 horas a un miembro del cártel “Fuerza Anti-Unión Tepito” (nota y video, en periódico El Siglo de Torreón: https://tinyl.io/C41t).
AHORA EN VICTORIA
La más reciente diablura de este ruiseñor de la justicia ocurrió en la capital tamaulipeca, donde dejó en libertad a cuatro individuos detenidos por la Guardia Estatal portando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como son dos fusiles AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros.
Fueron puestos a disposición del AMP federal, pero el mismo juez citado líneas arriba (inciso 5) JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ, felizmente los dejó libres, como pasó antes con los responsables del derrumbe minero en Sabinas.
En medios impresos se cuestiona al personaje por sus fallos emitidos en casos graves como acopio de armas, delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Cabe subrayar que los elementos de la Guardia Estatal y la Guardia Federal, así como los policías ministeriales de ambos niveles, arriesgan siempre sus vidas cuando ejecutan órdenes de captura o arrestan en flagrancia a delincuentes peligrosos.
Por tanto, representa una burla macabra, una auténtica mentada de madre, el que por decisiones sonrientes de jueces comodinos, los acusados regresen a la calle para reanudar sus actividades delictivas.
En este espacio he dado cuenta de esa clase de funcionarios que con asombrosa facilidad obsequian amparos a familias sospechosas de corrupción como los CABEZA de Reynosa o los GARCÍA que gobiernan Nuevo León.
JUDICATURAS INÚTILES
Su castigo (cuando lo hay) me recuerda al de los curas pedófilos que en lugar de estar en la cárcel nomás los cambian de parroquia. Igual ocurre con dichos jueces de criterio tan amplio como sus cuentas bancarias.
Las siempre blandas judicaturas tan solo los reubican en otra ciudad (o estado) pero los susodichos siguen en lo mismo. Mientras no haya castigo ejemplar, la impunidad es una invitación franca a la reincidencia.
Por lo general, van a repetir la acción cada día con mayor frecuencia y gravedad. Superior la audacia, su avidez de ganancia y (por ende) su peligrosidad.
Ahí es dónde el ciudadano promedio se pregunta si en verdad subsiste el Estado de Derecho. Hay un dicho chusco que solían repetir los reporteros policiacos allá por los años noventa.
El policía llega a un arreglo con el detenido para no entregarlo al AMP, porque este “es muy bandido” y, además le va a salir más caro. Aunque el AMP dice lo mismo: “mejor arréglate conmigo, porque ese juez es bien cabrón, te va a bajar hasta los calzones.”
Y el juez repetirá argumentos parecidos señalando hacia el magistrado, estatal o de distrito. Y si el delito es federal, el magistrado contará la misma historia apuntando a la Suprema Corte. Entre más arriba, más costoso y complejo.
Desde luego, nada garantiza que los doctores de la ley emanados de la urna en la entrante elección, sean mejores, más preparados y (sobre todo) honestos. Palabra que suena casi de fábula.
Por lo pronto, lo más urgente es que las canijas judicaturas funcionen y no actúen como si fueran obispos ante un padrecito abusador. Que en lugar de castigar con prisión y reparación del daño, se conformen con mudarlos de ciudad (o de iglesia) para que perpetúen sus abusos.
Ejemplo claro del proceso perverso que alimenta a la impunidad. Si el infractor observa que “no pasa nada”, tiene el campo libre para convertirse en delincuente serial.
A manera de ilustración, el hombre citó cinco ejemplos:
(1) EDUARDO OSORIO ROSADO, juez de Querétaro. El angelito habría dictado desde 2022 un total de 52 resoluciones a favor de presuntos responsables de delitos contra la salud (léase, narcos) y posesión ilegal de armas de fuego.
(2) JESÚS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, de Nuevo León. Dispuso la liberación de dos sujetos detenidos por portación ilegal de arma de fuego y posesión de anfetaminas, en la región de Linares.
(3) ÓSCAR ANTONIO MADERO, juez de Michoacán. Denunciado penalmente por emitir 15 resoluciones contrarias a la solicitud de la autoridad investigadora.
(4) DANIEL RAMÍREZ PEÑA: juez del Estado de México. Dictó sentencia absolutoria a un exmagistrado que recibió depósitos superiores a los 12 millones de pesos. En su historial hay también siete resoluciones contrarias a la solicitud del AMP.
(5) JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, en ese tiempo juez de Coahuila, quien cuenta con una denuncia penal y dos quejas ante la judicatura por no vincular a proceso los casos de dos detenidos y presuntos responsables del mortal derrumbe en la mina “El Pinabete” de Sabinas, Coahuila, el 3 de agosto de 2022.
Los datos básicos dicen que murieron 10 trabajadores y la Fiscalía General de la República (FGR) giró órdenes de aprehensión contra tres presuntos responsables.
Uno de ellos se dio a la fuga, pero los otros dos fueron liberados por el referido juez HERNÁNDEZ, personaje en cuyo expediente hay 80 resoluciones giradas contra solicitudes del AMP.
En otra mañanera (10 de septiembre de 2024), la entonces titular de Seguridad (hoy de SEGOB) ROSA ICELA RODRÍGUEZ denunció al propio JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ siendo juez también en Coahuila, por liberar en menos de 24 horas a un miembro del cártel “Fuerza Anti-Unión Tepito” (nota y video, en periódico El Siglo de Torreón: https://tinyl.io/C41t).
La más reciente diablura de este ruiseñor de la justicia ocurrió en la capital tamaulipeca, donde dejó en libertad a cuatro individuos detenidos por la Guardia Estatal portando armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, como son dos fusiles AR-15 y una pistola calibre 9 milímetros.
Fueron puestos a disposición del AMP federal, pero el mismo juez citado líneas arriba (inciso 5) JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ, felizmente los dejó libres, como pasó antes con los responsables del derrumbe minero en Sabinas.
En medios impresos se cuestiona al personaje por sus fallos emitidos en casos graves como acopio de armas, delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Cabe subrayar que los elementos de la Guardia Estatal y la Guardia Federal, así como los policías ministeriales de ambos niveles, arriesgan siempre sus vidas cuando ejecutan órdenes de captura o arrestan en flagrancia a delincuentes peligrosos.
Por tanto, representa una burla macabra, una auténtica mentada de madre, el que por decisiones sonrientes de jueces comodinos, los acusados regresen a la calle para reanudar sus actividades delictivas.
En este espacio he dado cuenta de esa clase de funcionarios que con asombrosa facilidad obsequian amparos a familias sospechosas de corrupción como los CABEZA de Reynosa o los GARCÍA que gobiernan Nuevo León.
Su castigo (cuando lo hay) me recuerda al de los curas pedófilos que en lugar de estar en la cárcel nomás los cambian de parroquia. Igual ocurre con dichos jueces de criterio tan amplio como sus cuentas bancarias.
Las siempre blandas judicaturas tan solo los reubican en otra ciudad (o estado) pero los susodichos siguen en lo mismo. Mientras no haya castigo ejemplar, la impunidad es una invitación franca a la reincidencia.
Por lo general, van a repetir la acción cada día con mayor frecuencia y gravedad. Superior la audacia, su avidez de ganancia y (por ende) su peligrosidad.
Ahí es dónde el ciudadano promedio se pregunta si en verdad subsiste el Estado de Derecho. Hay un dicho chusco que solían repetir los reporteros policiacos allá por los años noventa.
El policía llega a un arreglo con el detenido para no entregarlo al AMP, porque este “es muy bandido” y, además le va a salir más caro. Aunque el AMP dice lo mismo: “mejor arréglate conmigo, porque ese juez es bien cabrón, te va a bajar hasta los calzones.”
Y el juez repetirá argumentos parecidos señalando hacia el magistrado, estatal o de distrito. Y si el delito es federal, el magistrado contará la misma historia apuntando a la Suprema Corte. Entre más arriba, más costoso y complejo.
Desde luego, nada garantiza que los doctores de la ley emanados de la urna en la entrante elección, sean mejores, más preparados y (sobre todo) honestos. Palabra que suena casi de fábula.
Por lo pronto, lo más urgente es que las canijas judicaturas funcionen y no actúen como si fueran obispos ante un padrecito abusador. Que en lugar de castigar con prisión y reparación del daño, se conformen con mudarlos de ciudad (o de iglesia) para que perpetúen sus abusos.
Ejemplo claro del proceso perverso que alimenta a la impunidad. Si el infractor observa que “no pasa nada”, tiene el campo libre para convertirse en delincuente serial.