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Victoria.- Casual o no, la investigación del
académico jalisciense SERGIO AGUAYO sobre las masacres de San Fernando (2010) y
el poblado de Allende, Coahuila (2011) coincide con el cambio de mandos en
Tamaulipas.
Tránsito sexenal que inaugura la era de
la alternancia en la entidad donde el entrante gobernador CABEZA DE VACA
prometió desde su campaña la atención necesaria a las familias de los
desaparecidos.
De hecho, su primer evento como candidato
fue una reunión con los deudos en San Fernando. Ya como Jefe del Ejecutivo
desde el primero de octubre pasado, ha detallado su propósito de formar un
banco de muestras de ADN que permita identificar los cuerpos encontrados.
También se emprenderá la búsqueda de las
personas que fueron vistas por última ocasión en territorio tamaulipeco.
Al respecto se habla de disponer de
recursos materiales y humanos para responder a las necesidades de los reclamantes.
AGUAYO
Y COMPAÑÍA
Profesor-investigador del Colegio de México,
escritor, articulista, AGUAYO ha consagrado importantes años de su vida a la
reflexión inteligente en torno a los derechos humanos.
Autor reconocido, es referencia en temas
de seguridad nacional, servicios de inteligencia, observación electoral, democracia
y rendición de cuentas.
El domingo pasado presentó en sociedad el
fruto de una extensa investigación en torno a dos episodios de la era
calderonista cuyo origen aún sigue nebuloso y sus responsables impunes.
El Centro de Estudios Internacionales del
Colegio de México se hizo cargo de la tarea bajo el auspicio de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Figura en calidad de coordinador
responsable el propio SERGIO AGUAYO y como investigadores principales DELIA
SÁNCHEZ, MANUEL PÉREZ y JACOBO DAYÁN.
El nombre lo dice todo “En el desamparo”.
En archivo PDF, son 39 páginas del trabajo central más ocho anexos de longitud
variable que ya en total suman 299 páginas.
GENTE
PACÍFICA
El equipo académico aborda dos episodios
de crueldad extrema cometidos por grupos delincuenciales contra población
inocente.
El de Allende, Coahuila, donde se consumó
una venganza entre pandillas y donde la Procuraduría de ese estado reconoce 42
víctimas, aunque los lugareños hablan de 300 personas.
Y también el de San Fernando, Tamaulipas,
donde sobresalen, como móviles, el cobro de peaje a migrantes y el secuestro,
lo que desemboca finalmente en asesinato colectivo.
En este caso se refiere (mucho ojo) a la
llamada “primera masacre de San Fernando”, la que ocurrió entre el 22 y 23 de
agosto de 2010 en el poblado “El Huizachal” donde hubo 72 ejecutados, 58
hombres y 14 mujeres, muertos todos por la espalda y apilados a la intemperie.
Gobernaba entonces el ingeniero EUGENIO
HERNÁNDEZ y su repercusión mundial obedece al origen multinacional de las
víctimas, migrantes centro y sudamericanos oriundos de naciones como Ecuador,
Guatemala, El Salvador y Honduras.
Importa el deslinde para no confundir con
lo ocurrido al año siguiente en la denominada “segunda masacre de San Fernando”
y cuyos primeros indicios fueron descubiertos el primero de abril de 2011, ya
bajo la administración del ingeniero EGIDIO TORRE.
Este segundo evento empieza con el
hallazgo de entierros clandestinos cuya cifra oficial habla de 193 muertos, en
su mayoría mexicanos que viajaban en autobuses de línea, asaltados semanas
atrás.
Por supuesto, en la perspectiva de la
administración actual, merecen igual atención los familiares de ambos casos.
A los que sin duda habría que añadir la
gente perdida sin fecha ni registro, quienes un día cualquiera del año no
llegaron a sus casas, su escuela, su trabajo, sus destinos.
Bueno el propósito, habrá que esperar
resultados.
