martes, 11 de octubre de 2016

Santos desamparos

Cd. Victoria.- Casual o no, la investigación del académico jalisciense SERGIO AGUAYO sobre las masacres de San Fernando (2010) y el poblado de Allende, Coahuila (2011) coincide con el cambio de mandos en Tamaulipas.
Tránsito sexenal que inaugura la era de la alternancia en la entidad donde el entrante gobernador CABEZA DE VACA prometió desde su campaña la atención necesaria a las familias de los desaparecidos.
De hecho, su primer evento como candidato fue una reunión con los deudos en San Fernando. Ya como Jefe del Ejecutivo desde el primero de octubre pasado, ha detallado su propósito de formar un banco de muestras de ADN que permita identificar los cuerpos encontrados.
También se emprenderá la búsqueda de las personas que fueron vistas por última ocasión en territorio tamaulipeco.
Al respecto se habla de disponer de recursos materiales y humanos para responder a las necesidades de los reclamantes.

AGUAYO Y COMPAÑÍA
Profesor-investigador del Colegio de México, escritor, articulista, AGUAYO ha consagrado importantes años de su vida a la reflexión inteligente en torno a los derechos humanos.
Autor reconocido, es referencia en temas de seguridad nacional, servicios de inteligencia, observación electoral, democracia y rendición de cuentas.
El domingo pasado presentó en sociedad el fruto de una extensa investigación en torno a dos episodios de la era calderonista cuyo origen aún sigue nebuloso y sus responsables impunes.
El Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México se hizo cargo de la tarea bajo el auspicio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Figura en calidad de coordinador responsable el propio SERGIO AGUAYO y como investigadores principales DELIA SÁNCHEZ, MANUEL PÉREZ y JACOBO DAYÁN.
El nombre lo dice todo “En el desamparo”. En archivo PDF, son 39 páginas del trabajo central más ocho anexos de longitud variable que ya en total suman 299 páginas.

GENTE PACÍFICA
El equipo académico aborda dos episodios de crueldad extrema cometidos por grupos delincuenciales contra población inocente.
El de Allende, Coahuila, donde se consumó una venganza entre pandillas y donde la Procuraduría de ese estado reconoce 42 víctimas, aunque los lugareños hablan de 300 personas.
Y también el de San Fernando, Tamaulipas, donde sobresalen, como móviles, el cobro de peaje a migrantes y el secuestro, lo que desemboca finalmente en asesinato colectivo.
En este caso se refiere (mucho ojo) a la llamada “primera masacre de San Fernando”, la que ocurrió entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el poblado “El Huizachal” donde hubo 72 ejecutados, 58 hombres y 14 mujeres, muertos todos por la espalda y apilados a la intemperie.
Gobernaba entonces el ingeniero EUGENIO HERNÁNDEZ y su repercusión mundial obedece al origen multinacional de las víctimas, migrantes centro y sudamericanos oriundos de naciones como Ecuador, Guatemala, El Salvador y Honduras.
Importa el deslinde para no confundir con lo ocurrido al año siguiente en la denominada “segunda masacre de San Fernando” y cuyos primeros indicios fueron descubiertos el primero de abril de 2011, ya bajo la administración del ingeniero EGIDIO TORRE.
Este segundo evento empieza con el hallazgo de entierros clandestinos cuya cifra oficial habla de 193 muertos, en su mayoría mexicanos que viajaban en autobuses de línea, asaltados semanas atrás.
Por supuesto, en la perspectiva de la administración actual, merecen igual atención los familiares de ambos casos.
A los que sin duda habría que añadir la gente perdida sin fecha ni registro, quienes un día cualquiera del año no llegaron a sus casas, su escuela, su trabajo, sus destinos.
Bueno el propósito, habrá que esperar resultados.