Cd.
Victoria.- La captura el 7 de noviembre pasado de
una banda delictiva que operaba en la zona sur, es noticia con múltiples repercusiones.
Representa, por principio, (1) un golpe severo a la industria del secuestro,
amén de que (2) permitió liberar a víctimas de origen nacional y centroamericano.
Pero, sobre todo, (3) se aclaró el rapto y
asesinato de los empresarios JUAN MANUEL GÓMEZ FERNÁNDEZ y JUAN MANUEL GÓMEZ
MONTEVERDE, padre y hermano del reconocido director cinematográfico ALEJANDRO
GÓMEZ MONTEVERDE.
El caso representa un ejemplo claro de cómo
operan las organizaciones más allá de los límites estatales, pasando incluso
por encima de fronteras internacionales. En total fueron detenidos seis delincuentes.
Y aunque la autoridad con sede en Jalapa
hizo el vano intento por involucrar a Tamaulipas pretendiendo que el secuestro
había ocurrido del lado nuestro, la verdad afloró de manera inapelable en las
cámaras de vigilancia.
Los empresarios habrían sido levantados el
pasado 4 de septiembre en tierra veracruzana y encontrados muertos dos semanas
después, el día 19, igual en territorio jarocho.
De aquí una de las razones más poderosas
para escalar la colaboración entre los gobiernos de entidades federativas
vecinas.
Lo cuál ha sido una política (más que eso,
una estrategia) de la actual administración federal, aplicada desde la
Secretaría de Gobernación mediante la vigilancia itinerante de su titular
MIGUEL ANGEL OSORIO, acaso el mandamás de Bucareli que más veces ha venido a
Tamaulipas.
PLAN
EMERGENTE
La alerta en Matamoros ante el aumento de
la criminalidad ya mereció una respuesta institucional con la instalación de un
grupo especial de tipo mixto.
Participan elementos federales de la
denominada División de Investigación, policías estatales antisecuestros, oficiales
de SEMAR y SEDENA.
Por allá estuvo el gobernador EGIDIO TORRE
CANTÚ activando este renovado ímpetu antidelictivo en la reunión itinerante
número 46 del Grupo de Coordinación Tamaulipas, en presencia de la alcaldesa
LETICIA SALAZAR.
Por lo pronto se duplica el número de
elementos de los dos niveles superiores de gobierno (Estado y Federación).
Los federales arribaron al puerto en un
Boeing 727 y trabajan a las órdenes del comisario OMAR GARCÍA HARSUCH, quien cuenta
con un equipo de analistas, negociadores y operadores de campo.
La cabecera matamorense quedó (mejor que
dividida) integrada en siete sectores, con sus respectivas bases mixtas de
operaciones.
El repunte de la actividad delictiva en
dicha zona observa una mayor hostilidad criminal en libramientos y carreteras,
aunque lo más destacado por los medios nacionales son los secuestros.
AQUÍ
Y ALLÁ
Caben paralelismos con lo que hoy ocurre en
Guerrero, donde el Gobierno de la República, en boca del propio OSORIO CHONG,
ha diagnosticado un gran vacío institucional, como causa primaria de la
criminalidad que hoy flagela a las familias.
En dicha entidad sureña, dijo OSORIO, “no
formaron instituciones, no formaron nuevos policías, no los capacitaron, no
hubo controles de confianza” y, por ello, “era muy difícil tomar la acción que
le correspondía al estado de Guerrero”, lo cuál, recordó, “se lo dijimos al
gobernador AGUIRRE y al interino y a sus secretarios de seguridad.”
Esta observación que hace OSORIO de alguna
manera nos remite a la negativa de numerosos alcaldes en dicha entidad a
cooperar con el proyecto de mando único policial, bajo el anterior gobierno de
ANGEL AGUIRRE.
Entre quienes se empeñaron en sostener sus
viejas corporaciones preventivas destaca el exalcalde de Iguala JOSE LUIS
ABARCA, cuyos agentes del orden redujeron su papel al de meros sirvientes de la
delincuencia.
