Cd.
Victoria.- Por el bien de la transparencia, la sana
competencia y hasta del buen entendimiento entre autoridades de distintos
partidos, la alcaldesa de Matamoros LETICIA SALAZAR tiene no solo la responsabilidad
moral sino (sobre todo) la obligación legal de acudir como de rayo al AMP más cercano
y denunciar lo que sepa (poco o mucho) sobre los presuntos acuerdos económicos
entre sus antecesores priístas y la delincuencia organizada.
Ello, sin importar el origen de la
información que dice tener, si son datos fidedignos o solamente versiones “de
oídas”, si son testigos de calidad o simples soplones, puesto que se trata de
un reiterado daño contra la hacienda municipal, nada menos que entre 20 y 25
millones de pesos mensuales.
Cabe pensar que si la dama pudo precisar el
monto de dichos pagos es porque detectó los faltantes en las cuentas del
ayuntamiento, los agujeros presupuestales sin justificación real pero con
responsables directos (nombres y apellidos) que habrían autorizado y despachado
tales erogaciones.
Y mire usted, el llamado “derecho de piso” inflingido
a diversas instituciones municipales constituye una práctica bien identificada
que cobró notoriedad en entidades como Michoacán y Guerrero durante la segunda
mitad del calderonato y al arranque del actual gobierno peñista.
Sin embargo, por su gravedad misma,
cualquier señalamiento al respecto exige el compromiso serio de ser presentado
con el debido sustento y ante las instancias correspondientes.
HISTORIAS
DE FANTASMAS
Nada malo hay, pues, en que dicho caso se
ventile como nota principal de un prestigiado diario de circulación nacional
como, sin duda, lo es EXCELSIOR.
Aunque la primera obligación de cualquier
ciudadano que conozca de un probable delito es hacerlo saber a la autoridad
competente.
De otra manera tenderíamos a pensar que se
trata de otro (uno más) de los argüendes mediáticos a los que nos tiene
acostumbrados LETICIA y en los que recae de manera lastimosa, recurrente, con
más pena que gloria, desde que llegó a la oficina principal de la calle Sexta.
Lo cuál va desde sembrar pánico entre sus
gobernados a través de redes sociales, hasta rodearse de una fuerza policial
espuria que en realidad funciona como pandilla de guardaespaldas y renombrar a
Playa Bagdad con sus colores partidistas, al tiempo que invoca la ayuda
sobrenatural en calidad de inspiración perenne.
DESVIAR
LA CULPA
Y estamos hablando del mismo grupo
“Hércules” al que la señora RAQUEL ALVARADO culpa del secuestro y asesinato de
sus tres hijos, ERICA, ALEX y JOSÉ ANGEL, en octubre de 2014, hace un año.
Al inicio de la presente semana, los
familiares de las víctimas reportaron haber recibido amenazas telefónicas que les
exigen abandonar el caso.
Es, precisamente, en el contexto de este
primer aniversario cuando la presidenta municipal lanza su nuevo obús, el de
los pagos multimillonarios, involucrando al partido opuesto, así nomás por el
puro gusto de aventar carne a los leones.
Al final del día, lo que subsiste es el
dolor de doña RAQUEL y la impunidad que aún encubre a los uniformados locales, responsables
del “levantón” sufrido por los tres jóvenes posteriormente hallados muertos y
con rastros de tortura.
La insensatez ha llegado a tal extremo que,
siendo LETY oradora estrella durante la presentación en sociedad del grupo
“Hércules” (aquel recordado día, cuando estrenó disfraz de boina y camuflaje) luego
declararía con escalofriante frescura ante los medios nacionales que tal
engendro institucional no existe.
Le quedaba, por cierto, nadando el
uniforme, como a FELIPE CALDERÓN la casaca militar. Complexiones, ambas, un
tanto enclenques para portar esas galas.
