Cd.
Victoria.- Promovida desde el Congreso de la Unión
y aprobada por buena parte de las legislaturas locales, la reforma que desvincula
al salario mínimo como medida de cálculo para un sinfín de operaciones legales
llega al pleno tamaulipeco.
Ya no servirá más de unidad (base o
referencia) al cuantificar multas, impuestos, tarifas, sanciones, hipotecas,
pensiones, fianzas, créditos y obligaciones.
Los legisladores TERE AGUILAR y CARLOS
GARCÍA impulsan ahora la propuesta de instaurar la llamada Unidad de Medida y
Actualización (UMA).
Concepto diferente diseñado por el INEGI
y dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero de
2016.
No debemos olvidar que desde octubre del
2015, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI) homologó las tres
zonas geográficas estableciendo un tabulador único en todo el país.
SIN
PRETEXTOS
Se elimina, pues, uno de los argumentos
más socorridos que por años han esgrimido las instancias patronales para
oponerse al aumento de los mínimos.
Desaparece aquel efecto multiplicador donde
todo incremento a dicha variable repercutía en automático hacia un sinfín de
cobranzas legales, con su natural impacto inflacionario.
El diputado presidente de la Junta de
Coordinación CARLOS GARCÍA precisó que ya no habrá obligaciones cuyos montos se
encuentren indexados al mínimo.
El nuevo mandato constitucional impacta a
47 leyes locales y 7 códigos en Tamaulipas y aterriza también en las
administraciones municipales que deberán contemplarlo en sus leyes de ingresos.
Los ayuntamientos tendrán que trabajar a
toda prisa para homologar sus reglamentos a esta nueva medida.
Tienen por plazo el próximo 28 de enero
de 2017, cuando se esté cumpliendo un año de haberse publicado tal ordenanza en
el Diario Oficial.
SIMBÓLICOS,
APENAS
No hay pretexto, pues, para impedir que
el salario cumpla su función constitucional de otorgar el pago suficiente y
cubrir así las necesidades de un jefe de familia.
Se dice fácil, pero su actual nivel no satisface
ni la mitad de los ingresos requeridos para la manutención del trabajador y su
prole.
Y, bueno, el lector estará enterado de
que pasado miércoles 23 de noviembre, el sector patronal propuso incrementar el
minisalario de 73.04 a 89.35 pesos diarios.
Lo hizo en boca de GUSTAVO DE HOYOS,
presidente de CANACINTRA, aclarando que la idea aplica solo al mínimo general y
sin efecto en los contractuales.
Precisando además que tal ajuste estaría
contemplado en dos pasos, una parte para enero de 2017 y su complemento en
enero de 2018.
Por el sector gubernamental, el
secretario del Trabajo ALFONSO NAVARRETE dio la bienvenida a la propuesta y
coincidió en la necesidad de una estrategia gradual (“no tendría que ser de
golpe.”)
También lo aplaudió el Secretario de
Desarrollo Económico en el gobierno de la Ciudad de México SALOMÓN
CHERTORIVSKI, promotor de la medida desde el 2015.
¿QUÉ
REPRESENTA?
La preocupación suena acorde con la
reforma en curso que desindexa el salario y lo libera de sus repercusiones en
el cálculo de cobros oficiales.
La primera observación es qué un
incremento (a dos tiempos, ojo) de 14 pesos con 31 centavos más al día, no
alcanza a pagar ni un kilo de tortillas.
Se entiende, claro, viniendo de cúpulas privadas
y de un gobierno como el de ENRIQUE PEÑA NIETO que en materia laboral ostenta
una postura muy conservadora.
Detalle curioso. En cualquier otro país,
la discusión al respecto sería motivo de un diálogo amplio con la contraparte
sindical, las grandes centrales obreras, exigencias, propuestas y contrapropuestas.
En el México de 2016 tal cosa no existe o
si existe no funciona o si funciona no se ve ni se escucha ni se siente.
