Cd. Victoria, Tam.-
A media jornada del miércoles, hago una búsqueda de dos palabras
entrecomilladas (“negligencia criminal”) en el sitio específico de Google
Noticias México.
¿El
resultado?... 4 mil 500 menciones en 0.24 segundos, todas de días recientes y
(todas también) procedentes de medios informativos nacionales.
Las
quejas abundan usando ambos conceptos: la ineptitud como forma constitutiva de
delito.
La
parte aguda del problema parece radicar en el intercambio de culpas que hoy
enfrenta a la administración perredista de Guerrero a cargo de ANGEL AGUIRRE y
la gobernanza federal, léase MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG.
Obra en
esto el apremio de la opinión pública al conocerse la magnitud del daño en una
veintena de estados, mismo que cobró dimensiones catastróficas en suelo
guerrerense.
El tema
amerita un diagnóstico multidisciplinario, particularmente en los pueblos
sepultados por avalanchas de lodo o crecientes de río.
Es un
coctel de males, mire usted:
(1) La
orfandad de planificación en materia de asentamientos humanos. Demasiada gente
viviendo en laderas de cerros o márgenes de ríos.
(2)
Años de tala brutal de bosques relacionada directamente con el desgajamiento de
las montañas.
(3)
Calidad fraudulenta en obra civil como puentes y carreteras, vicios crónicos
del subdesarrollo mexicano.
Al
respecto la senadora panista de Yucatán ADRIANA DÍAZ culpó a los funcionarios
que permiten a desarrolladores “construir a lo largo de ríos y barrancos” y abrir
“caminos sin muros de contención” en zonas propensas a inundaciones.
En los
casos arriba mencionados se complica la tarea de fincar responsabilidades por
tratarse de negligencias acumuladas a lo largo de muchas administraciones, en
los tres niveles de gobierno y bajo distintas banderas partidistas.
Y
aunque el daño material fuera inevitable, el número de víctimas pudo y debió
ser sustantivamente menor de adoptarse medidas pertinentes como, por ejemplo,
evacuar gente en zonas de riesgo.
Tampoco
se emprendió acción efectiva alguna para prevenir al turismo que en pleno
puente vacacional suele atestar Acapulco y las zonas hoteleras cercanas.
Se
conocía la magnitud del problema y no se actuó.
Típico
en casos así, de los estados surgen quejas contra la federación y luego revira
la federación haciendo responsables a los estados.
ANGEL
AGUIRRE argumentó que nadie le habría informado del alto riesgo que
representaba el huracán MANUEL.
En
paralelo, el senador perredista ALEJANDRO ENCINAS acusó al gobierno federal de
dar prioridad al desalojo de maestros y a los festejos patrios, dejando en “indefensión”
a la población civil.
ENCINAS
culpó al coordinador nacional de Protección Civil LUIS FELIPE PUENTE de retardar
dos días la declaración de alerta pese a que CONAGUA ya había informado del problema.
Ello al
tiempo que una nota de EXCÉLSIOR filtraba que mientras MANUEL hacía de las
suyas en el litoral mexicano, el director del Fondo Nacional para los Desastres
Naturales JOSÉ MARÍA TAPIA andaba de paseo en Las Vegas.
La
respuesta a todos esos señalamientos vino del propio OSORIO CHONG y su
diagnóstico fue categórico:
-“Pregúntenle
ustedes a los gobernadores”, dijo, “personalmente les estuve hablando mucho
antes de que esto sucediera”, para remarcar: “con todos estuve hablando antes”.
Ello,
en referencia a los mandatarios de Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca,
Quintana Roo y Sinaloa.
Sin
embargo, cabría preguntar hasta donde necesita un gobierno estatal de ser
notificado sobre las proporciones de una amenaza climática en los tiempos
actuales.
Hoy,
cuando la información satelital abunda dentro y fuera del país y el seguimiento
de cada fenómeno se realiza de manera puntual, con abundancia de datos y
antelación suficiente.
Máxime
cuando cada entidad tiene dependencias propias de Protección Civil capacitadas
técnicamente para identificar el problema.
¿Era
necesario, pues, que les avisaran cuando el peligro era más que evidente?
