Cd. Victoria, Tam. – En tiempo
electoral y en asuntos de contra propaganda, el “timing” es fundamental, a
riesgo de que una mala programación provoque el efecto contrario.
Y
también resulta crucial (¿quién lo duda?) el cuidado de los detalles donde (reza
el dicho) suele esconderse el diablo.
Ejemplar
el caso de doña CLAUDIA RUIZ MASSIEU, actual secretaria general del PRI, abogada,
exdiputada, un par de veces secretaria en el presente sexenio, de Turismo y
Relaciones Exteriores.
Se
nos aparece de pronto en Washington, por veredas y contactos que conoció siendo
canciller, pero ahora con fines partidistas.
Y
se presenta ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para hacer una
denuncia contra RICARDO ANAYA, por el tema que ya conocemos, el presunto lavado.
No
importa aquí si la acusación resulta cierta o (incluso) si el candidato involucrado
merezca, eventualmente, ir a la cárcel.
Lo
grave es que se trata de una investigación apenas en marcha, filtrada a la opinión
pública pero todavía no aterrizada en órdenes de comparecencia o aprehensión, ni
mucho menos consignación y juicio.
El
señalamiento flota en el aire, por información filtrada desde PGR y cuyo
litigio transcurre en los medios, sin mayor avance formal.
Ante
la mismísima OEA se plantó la señora RUIZ MASSIEU para entregar, dijo, una
carta y un expediente contra ANAYA.
Rarísimo
el episodio, entre otras cosas porque la naturaleza del caso no permite dudas
en cuanto al tipo de instancia que debe atenderlo. El ministerio público.
¿Tiene
vela en este entierro el abogado uruguayo LUIS ALMAGRO, titular de dicho
organismo?... Una pena, pero no.
La
desmesura de CLAUDIA provoca una mezcla de sorpresa, pasmo, burla y, al final
del día, pena ajena. ¿Quién le dijo que fuera?
Hija
del desaparecido exgobernador guerrerense JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU, sobrina
además de CARLOS y RAÚL SALINAS DE GORTARI, la inquieta dama (ojo al despropósito)
acude ante un organismo mundial para pedirle que actúe como demarcación
policiaca.
Le
indigna, añade, que el personaje “no haya dado una explicación pública con
fundamento en pruebas y documentación”.
Sorprende
que, siendo abogada (por lo menos así aparece en su ficha curricular) ignore o
pase por alto que nadie está obligado a probar su inocencia. Al revés, la
obligación recae en quien acusa. Demostrar la culpa.
Otro
detallito. Mientras la autoridad no dicte sentencia, resulta ofensivo manejar
como un hecho consumado cualquier responsabilidad en actos ilícitos.
Ella
dice “enriquecimiento inexplicable”, pero jamás se ha presentado ante la
Procuraduría para argumentar tal señalamiento.
La
explicación que ahora pide se llama comparecencia y corresponde al AMP
solicitarla cuando haya reunido elementos suficientes para presumir la comisión
de uno o más ilícitos.
Esto
no ha sucedido y (mire usted), el desplante deja mal parado al gobierno de PEÑA
NIETO, donde CLAUDIA ocupó dos cargos de gabinete.
¿La
secretaria del PRI no confía en un gobierno priísta, no cree en su PGR?
Porque,
hasta donde todo mundo entiende, es ahí donde se ventilan estas cosas.
¿Voló
a Washington nomás para eso?
Igual
solicitó que su denuncia se hiciera llegar a la Misión Electoral del sistema
interamericano que (como es sabido) estará presente como observadora en los comicios
presidenciales de México, el próximo 1 de julio.
Aunque
lo extraño (atípico, diríamos) sigue siendo el que una representante del
partido en el poder ponga el grito en el cielo contra un opositor. Por lo
general es al revés.
Son
los disidentes quienes piden auxilio ante organismos internacionales cuando se
sienten perseguidos por un gobierno. Planteado de manera inversa raya en el
absurdo.
Ahora
resulta que doña Escopeta interpone queja (indignada) contra el malvado pato.
Sainete
lamentable que raya en la desesperación.