Cd.
Victoria, Tam. – Mucha tinta ha
corrido sobre el futuro inmediato del ingeniero EUGENIO HERNÁNDEZ, desde su
arresto el seis de octubre pasado.
La autoridad que dispuso la investigación,
paralelamente hurgó en expedientes federales y en casos abiertos por
instituciones de seguridad y justicia norteamericanas.
Los medios previamente habían indicado
el camino: SIEDO, DEA, Corte Federal de Estados Unidos.
Tras su formal prisión el viernes, una inquietud
pareció unificar criterios entre simpatizantes y malquerientes de HERNÁNDEZ.
Su seguridad personal en una cárcel tan
difícil, violenta y sobre poblada, como el CEDES de Victoria. La penitenciaría
de Tamatán.
Durante el fin de semana la
administración estatal difundió un comunicado dando cuenta de su solicitud ante
la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para que el exgobernador fuera
trasladado a una cárcel federal.
Se argumentó al respecto, cito textualmente:
“En atención al alto perfil del procesado en mención, se solicita traslado del mismo a un Centro Federal ya que el lugar en donde actualmente se encuentra privado de la libertad no cumple con la infraestructura ni espacios adecuados para este tipo de personas”
“En atención al alto perfil del procesado en mención, se solicita traslado del mismo a un Centro Federal ya que el lugar en donde actualmente se encuentra privado de la libertad no cumple con la infraestructura ni espacios adecuados para este tipo de personas”
Por supuesto, la noticia desató un
oleaje especulativo en distintas direcciones, unas complementarias, otras contradictorias.
Se pensó que dicha mudanza sería:
(1) Un primer paso para su extradición a
Estados Unidos, asunto del cual se ha hablado con insistencia, aunque (como
sabemos) solamente el gobierno de la república tiene autoridad para ello,
previo juicio. Y esto puede durar años.
(2) Otra vertiente especuló en torno a
un deslinde preventivo de responsabilidades. Dada la alta peligrosidad de
dichos centros, cualquier riesgo que corra el detenido sería imputable al nivel
de gobierno que tenga la custodia.
Para la autoridad estatal, podría ser
más tranquilizante que la seguridad de EUGENIO descanse en el gobierno de la república.
(3) Y, bueno, como razón o simple
efecto, tal reubicación aislaría mayormente al detenido, por ser más estricta la
regulación de cualquier contacto con el exterior, abogados, familiares, amistades.
(4) Otra versión decía que dicho
traslado habría sido una concesión a su familia, pensando (nuevamente) en el
tema de la seguridad. Pero esto quedó desmentido por las acciones que emprendió
la defensa.
Uno de sus abogados, JUAN JORGE OLVERA,
se dio a la tarea de obtener una suspensión provisional contra cualquier reubicación.
Lo cual fue concedido por el Juzgado Décimo Primero de Distrito.
TURBAMULTA
Y, bueno, al final fueron 78 (setenta
más ocho, leyó usted bien) los aspirantes presidenciales registrados ante el
Instituto Nacional Electoral (INE) en la nueva categoría de independientes.
De los cuáles 40 han llenado por
completo los requisitos y cuentan con un plazo de 120 días a partir de este
lunes, para juntar firmas (866 mil 593, en 17 entidades) y lograr el visto
bueno que les permita competir en 2018.
Habría 38 más en suspenso por faltar
algún documento en sus expedientes. Ello deberá resolverse en las próximas 48
horas, también a partir de hoy lunes.
La semana pasada fue pródiga en
registros, a lo cual se prestó la ampliación del plazo, oficialmente justificada
por la parálisis que sufrió la capital mexicana con los sismos de septiembre. Tal
periodo cerró (por fortuna) a las cero horas del domingo.
Mire usted, cuando los medios empezaron
a manejar cifras como 15, 19, 25, 30, ya se observaba excesiva la lista, absurda
en grado grotesco. De ahí la profusión de memes.
Ahora sabemos que la cifra andará entre 40
y 78, para ser precisada a más tardar el miércoles. Pasados los 120 días, el
INE dará a conocer (previa purga) el número final.
En efecto, ya eran muchos y parió la
abuela.
