Cd.
Victoria, Tam. – Desde el momento
mismo de su arresto, el caso de EUGENIO HERNÁNDEZ ha estado sujeto a una y mil
especulaciones en torno a su viabilidad como causa penal.
Por principio se dice que faltan
elementos para ligar plenamente a HERNÁNDEZ con el asunto de las salineras en
Altamira, donde son otros los nombres y distintos los tiempos involucrados en el
negocio.
Y aunque sin duda es voluminoso y más sustantivo
el expediente norteamericano, igual es cierto que el recurso de amparo sirvió
de resguardo (antes) y está permitiendo (hoy) a sus abogados suspender de
manera provisional cualquier acuerdo de cancillería que incluya la extradición.
Para fines de opinión pública, por aquí
muy cerquita, en el vecino estado de Nuevo León, hay un ejemplo similar con (1)
gran expectativa en la víspera, (2) mucho ruido durante el arresto, pero (3) resultados
pobres.
La promesa de encarcelar al priísta
RODRIGO MEDINA (con buena parte de su familia) fue bandera ostensible,
aparatosa, del independiente JAIME RODRÍGUEZ en días de campaña.
Tanto que la gente más sencilla de dicha
entidad llegó a imaginar acciones inmediatas y contundentes al siguiente día de
consumarse el relevo.
Como si la voluntad pura del “Bronco” pudiera
abreviar los tiempos legales, acortar los procedimientos y fuera suficiente chasquear
los dedos para que los acusados aparecieran tras las rejas.
O que las fortunas mal habidas volvieran
en automático al erario, sin pérdida de tiempo, ni deterioro alguno en su valor,
intactas, completitas.
Lo cual se escuchaba emocionante como
promesa de campaña. Muy eficaz para ganchar el voto inconforme y capitalizar el
hartazgo de la gente ante el derroche y la corrupción gubernamentales.
Aunque en la práctica tal propósito se
atasque en papeleos legales. Rutas que es forzoso recorrer antes de ver al
adversario político y su parentela cumpliendo condenas.
Se diría que con dicha misión llegaron
los abogados de la defensa. Para meter zancadilla a las mejores intenciones del
“Bronco”.
Quien, mire usted, tomó posesión del
cargo el 4 de octubre de 2015, pero logró el arresto de RODRIGO hasta el 26 de
enero de 2017. Esto es, 15 meses y 22 días después de iniciar su mandato.
Peor todavía, la detención de MEDINA se verificó
en cumplimiento de una orden muy limitada (más bien mediocre) que disponía prisión
preventiva de 30 días.
La cuál, con la mano en la cintura, se
la sacudió el exgobernador neoleonés haciendo valer un amparo y saliendo a las
pocas horas, junto al equipo de abogados que capitanea ALONSO AGUILAR ZÍNZER.
Hoy JAIME RODRÍGUEZ ha dejado
temporalmente de fungir como gobernador de Nuevo León. Anda muy ocupado
buscando firmas para que el Instituto Nacional Electoral (INE) le autorice su
candidatura independiente a la primera magistratura del país.
Mientras tanto, el señor MEDINA sigue en
libertad, el proceso se alarga, se pierde en minucias, retardos, en toda esa parsimonia
jurídica, deliberada y cansina.
Algún paralelismo habrá con el caso de
EUGENIO en los asuntos del fuero común que inicialmente justificaron la captura
de RODRIGO. Desvío de fondos públicos, peculado, daño patrimonial.
Aunque justo es decir que el
regiomontano no tiene al norte del río Bravo un maxiproceso como el que apunta
hacia los exgobernadores tamaulipecos, con propiedades cuantiosas decomisadas,
cuentas de banco congeladas y gente cercana dispuesta a declarar.
Tampoco aparece en el caso de MEDINA la
sombra (comprobable o presunta) del narcotráfico, la pretendida colusión con la
delincuencia organizada en ambos lados de la frontera.
Duelo de inteligencias, tiempo de esgrima
legal en ambas trincheras. Veremos quien muestra los mejores lances y, sobre
todo, en qué bando surge el punterazo final.
