Cd. Victoria.- El episodio pintaba mal y pudo ser de graves
consecuencias. La autoridad actuó a tiempo y los once cubanos secuestrados en
la frontera tamaulipeca (cinco hombres, cinco mujeres, un menor) fueron rescatados
con vida y se encuentran a buen resguardo.
Es noticia
magnífica para los directamente involucrados y sus familiares. Aunque también otorga
un respiro de alivio al gobierno de Tamaulipas.
Baste recordar la
ola de reclamos diplomáticos suscitados por la desaparición y muerte de migrantes
oriundos de Centro y Sudamérica, cuyo expediente sigue abierto.
El caso concreto
no pasó a mayores porque las víctimas tuvieron tiempo de pedir auxilio vía
teléfono móvil a sus parientes de Cuba y estos se movieron con eficacia en la
red consular mexicana.
Lo cuál no
impide calificar de estremecedora la cadena infernal de complicidades que
aflora tras el caso resuelto.
Tortuoso el viacrucis
vivido por estos migrantes desde que fueron bajados a la fuerza del autobús de
línea que los transportaba entre Reynosa y Nuevo Laredo.
Difícil distinguir
los límites entre autoridades y delincuencia, cuando se reporta que agentes de
migración, en lugar de prestar ayuda, despojaron al grupo del dinero en
efectivo que portaban para el viaje.
El terror no
acaba ahí. Después quedarían a disposición de una pareja de pateros (mexicano y
salvadoreña) que retuvieron a los viajantes contra su voluntad.
Y también bajo
amenaza de entregarlos a la delincuencia si sus familias no pagaban un rescate
de mil 400 dólares por cabeza, más 800 dólares de hospedaje cada uno.
Lo cuál suma 2
mil 200 que multiplicados por 11 personas y al tipo de cambio de 21.5 pesos por
dólar darían una ganancia total de 520 mil pesos.
El deslinde de
responsabilidades y su consecuente castigo alcanza, al menos, para (1) los
agentes migratorios que robaron a la familia, (2) la parejita de pillastres que
los privó de su libertad buscando cobrar un rescate y (3) el chofer del autobús
que conociendo del ilícito, no lo reportó.
LEY CADUCA
La familia de
migrantes gozaba de un permiso formal (salvoconducto) para cruzar el país y
llegar a su destino, la Unión Americana.
Viajaban atraídos
por un programa gubernamental denominado “Pies Secos, Pies Mojados” (“Wet feet,
dry feet policy”) que durante algún tiempo ofreció estatus legal a los cubanos
llegados por tierra.
La política
migratoria norteamericana hacia el exilio cubano ha pasado por diversas etapas
desde 1966 cuando el gobierno de LYNDON JOHNSON impulsó la denominada Ley de
Ajuste Cubano (Cuban Adjustment Act).
Disposición que
otorgaba residencia legal a los prófugos del castrismo tras un año de
permanencia en el vecino país del norte.
Marco jurídico
que sería ajustado en 1995 por la administración de WILLIAM CLINTON, restringiendo
dicho beneficio únicamente a quienes lograsen llegar a territorio (pies secos),
disponiendo que los migrantes interceptados en el mar (pies mojados) fueran
devueltos a Cuba.
Una tercera
etapa vino tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y
Estados Unidos, el pasado 2016.
Por acuerdo de
BARACK OBAMA, a partir del 12 de enero de 2017, todos los inmigrantes cubanos
(secos o mojados) reciben el mismo trato que sus similares de otras naciones.
El razonamiento
es sencillo. Ya no se les considera refugiados políticos y por ende deben pasar
por el trámite regular de cualquier ciudadano (sin distingo de origen) que
pretenda ingresar a Estados Unidos.
Aún así, pese a
que el citado programa “Pies Secos, Pies Mojados” ya caducó, la frontera norte,
de Tijuana a Matamoros, es hoy receptora creciente de isleños.
Los cuáles se
suman a los migrantes haitianos y africanos. Lucrativo negocio para autoridades
venales.
