Cd. Victoria.- La Administración Portuaria Integral de Tampico (API)
amaneció este lunes fuertemente custodiada ante la visita del titular de
Marina, almirante secretario VIDAL FRANCISCO SOBERÓN.
El funcionario se
reunió con personal de las capitanías de Tampico y Altamira para abordar la
reestructuración de mandos, hoy en marcha.
La meta, despejar
las dudas entre los trabajadores del ramo, en presencia de los alcaldes de la
zona conurbada.
Importa recordar
que el pasado 9 de abril de 2016 el presidente PEÑA NIETO envió al Congreso una
iniciativa que dispuso transferir las capitanías de SCT a la SEMAR, en todo el
país.
El documento se
denominó “Decreto por el que se Modifican, Adicionan y Derogan diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley
de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos”.
Fue aprobado el
24 de noviembre pasado por las comisiones unidas de Comunicaciones y
Transportes, Marina y Estudios Legislativos del Senado.
Su publicación
en el Diario Oficial de la Federación data del 19 de diciembre de 2016, abriéndose
con ello un plazo de 180 días naturales para su plena entrada en vigor,
teniendo por fecha última el 17 de junio de 2017.
El decreto
estipula que la autoridad marítima nacional la ejercerá el Ejecutivo Federal a
través de la SEMAR en las tareas de protección, seguridad y mantenimiento del
estado de derecho en aguas mexicanas.
Entre las nuevas
atribuciones conferidas a los marinos destaca el abanderar y matricular
embarcaciones y artefactos navales, inspeccionar y certificar el cumplimiento
de la legislación nacional y los Tratados Internacionales en materia de
seguridad y contaminación.
La SEMAR podrá
inspeccionar a embarcaciones extranjeras, otorgar autorización de inspectores a
personas físicas, realizar investigaciones, designar peritos y emitir
dictámenes de accidentes e incidentes marítimos, fluviales y lacustres.
Podrá imponer
sanciones a infractores, así como nombrar y remover a capitanes de puerto. Por
ello se le habrán de reasignar los recursos humanos, financieros y materiales
con que contó la SCT en la ejecución de tales funciones.
MARCO PREVIO
La iniciativa de
PEÑA NIETO revierte una reforma anterior promovida en 1976 por el expresidente
JOSÉ LÓPEZ PORTILLO quien trasladó el control de las capitanías al sector
civil.
Se buscaba
entonces impulsar la marina mercante y consolidar la flota petrolera mediante
la construcción de astilleros en Veracruz, Mazatlán, Guaymas y Ensenada.
Sin embargo, en
años posteriores irrumpió con fuerza el fantasma de la inseguridad, tras la
infiltración del crimen organizado en las zonas portuarias.
Fecha clave en
el cambio de estrategia fue el 5 de noviembre de 1992 cuando la denominada Red
Operativa de Cooperación Regional de Autoridades Marítimas de Sudamérica, Cuba,
México y Panamá (ROCRAM) signó el llamado “Acuerdo de Viña del Mar” (Valparaíso,
Chile), hoy suscrito por 15 naciones del continente.
Dicho tratado sentó
las bases para una colaboración estrecha entre autoridades marítimas,
estableciendo medidas de supervisión de buques extranjeros, con un fuerte
acento en materia de seguridad.
No debe extrañar
entonces el que, una vez enviada la iniciativa de PEÑA NIETO (y mientras se
discutía en las cámaras) el puerto mexicano de Veracruz haya sido sede de la
XXIII Reunión del Acuerdo Viña del Mar el pasado 5 de septiembre de 2016,
reuniendo a especialistas de los países miembros.
Igual como
antecedente importa mencionar el programa piloto que entregó a SEMAR el control
de dos puertos con alto índice delictivo: Lázaro Cárdenas, Michoacán, y
Manzanillo, Colima, logrando resultados importantes en el combate a la
criminalidad.
Este cambio se
extiende ahora a toda la República.
