Cd. Victoria, Tam.- En la actual etapa de transición cuando todo asunto que se
mueva en Los Pinos es automáticamente interpretado como si fuera un acuerdo
entre CALDERÓN y PEÑA NIETO, oportuno es preguntarnos si la iniciativa laboral
enviada por el Ejecutivo goza realmente de este doble aprecio.
El
proyecto refleja en buena medida las exigencias de cambio que la clase
empresarial ha cabildeado durante décadas a través de dos vías partidistas,
tricolor y albiazul.
Sus
líneas fundamentales están, por igual, en el ideario de PEÑA NIETO que en los
planteamientos panistas.
Por
ello resulta comprensible el que buena parte de los “opinólogos” nacionales se
hayan ido con la finta pensando que el asunto tendría el visto bueno del nuevo
Presidente.
Pero
las canijas dudas empiezan a acumularse, en particular cuando reparamos en un detalle
de carácter formal.
Resulta
que FELIPE mandó su proyecto por la flamante vía rápida hoy conocida como
“iniciativa preferente”, lo cuál significa que el legislativo tiene un plazo de
un mes para votarla (aprobarla o desecharla).
Dicha
modalidad que tanto gusta a CALDERÓN fue establecida para evitar que
iniciativas importantes duerman por años y hasta por legislaturas el sueño de
los justos, mediante el mexicano carpetazo.
Sin
embargo, el que un proyecto lleve el sello de “preferente” no significa que se
vaya a aprobar.
Más
cuando afecta un campo tan importante dentro de la vida nacional como son las leyes
laborales, cuya carga histórica se antoja incuestionable.
Es
el amplio universo de las conquistas sindicales consagradas en la Constitución
de 1917 y de las cuáles se ufanaron los gobiernos priístas durante 70 años.
Sin
olvidar que la iconografía oficial (presente en los discursos del PRI y en los
libros de texto gratuito) ponderó la lucha minera en Cananea, Sonora (1906) y la
huelga de trabajadores textiles en Río Blanco, Veracruz (1907) como precursoras
directas no sólo de la Revolución Mexicana sino de toda la legislación obrera.
Pretender,
pues, por la vía del “fast track”, echar por la borda un siglo de historia no
es asunto (como dijera CANTINFLAS) de “enchílame otra”.
Resulta
(por decir lo menos) insensible esa vehemencia del gobierno saliente para
borrar de un plumazo capítulos enteros en la vida de las organizaciones gremiales
que merecerían un mayor cuidado.
Por
mencionar un caso análogo, cuando CARLOS SALINAS se planteó la necesidad de
modernizar la legislación agraria optó por un manejo más esmerado de plazos,
conciente de la carga simbólica que tiene el agrarismo para su partido y el país
entero.
El
asunto en toda su complejidad se discutió ampliamente, se diagnosticó desde
distintos enfoques (HUGO ARAUJO debe recordarlo bien) de manera tal que cuando
el paquete de iniciativas llegó al legislativo, ya había bastante terreno abonado
en la opinión pública nacional.
Muy
diferente se presenta hoy la reforma laboral que propone el agonizante gobierno
panista.
Y
peor todavía cuando se sabe que en el proyecto participó de manera directa el
exsecretario de Trabajo y actual senador poblano JAVIER LOZANO ALARCÓN, un
recalcitrante enemigo del sindicalismo mexicano (y esto no lo digo yo, se lo
acaba de gritar MANUEL BARTLETT en el pleno senatorial).
Existe,
pues, la duda, en cuanto a la viabilidad de este proyecto, en los términos y
plazos que propone el PAN.
Máxime
cuando nos enteramos (a media tarde de este miércoles) que la instancia
legislativa directamente involucrada en el asunto (la Comisión de Trabajo y
Previsión Social) recayó en un diputado priísta que además pertenece al sector
obrero: CARLOS HUMBERTO ACEVES, número dos de la CTM.
Resultaría,
pues, una hazaña digna de GUINESS si dicha comisión (que apenas será instalada este
viernes 14) pudiera despachar una reforma de tal envergadura en un plazo decididamente
corto.
Desde
luego habrá dictamen, en atención a su carácter preferente, pero difícilmente
será el que esperan los señores CALDERÓN y LOZANO.
