Cd. Victoria, Tam.- En la primavera del 2001, el periodista argentino radicado en Florida ANDRES OPPENHEIMER sorprendió a sus lectores con un puñado de historias que hablaban de corrupción gubernamental en diversos países latinoamericanos.
Lo cuál jamás habría representado mayor novedad si no fuera porque en el transcurso de sus indagaciones aparecían involucradas empresas norteamericanas.
“Ojos vendados, Estados Unidos y el negocio de la corrupción en América Latina”, fue el título de este libro-reportaje publicado por Editorial Sudamericana en Buenos Aires.
Amen de ejercer con rigor el periodismo de investigación, se diría que OPPENHEIMER es un buen contador de historias (“storyteller”) capaz de mostrar al lector los perfiles humanos que inevitablemente interactúan en esta dinámica de ilícitos.
Por ahí desfilan los manejos oscuros de la IBM y el CITY BANK, junto a nombres y apellidos importantes dentro de la vida pública mexicana como HANK, SALINAS, ALEMAN y AZCÁRRAGA.
Y también expresidentes del cono sur como el venezolano LUSINCHI, el argentino MENEM y el paraguayo STROESSNER.
Amen del exdirector de Aeroméxico GERARDO DE PREVOISIN y hasta el jefe del cartel juarense, AMADO CARRILLO, “el Señor de los Cielos”.
El tema viene a cuento hoy que medios de prensa norteamericanos (Washington Post, New York Times) han revelado la existencia de una investigación a fondo emprendida en aquel país contra una conocida cadena de tiendas departamentales (para más señas, la que fundó en 1962 el señor SAM WALTON).
Acusan a la compañía de haber pagado en los últimos años “sobornos sistemáticos” a funcionarios mexicanos de los tres niveles, cuyo monto global superaría los 24 millones de dólares.
Y señalan como hombre clave en la distribución de tales prebendas al exejecutivo de dicha empresa EDUARDO CASTRO-WRIGHT, de nacionalidad ecuatoriana.
El mismo que en fechas recientes se desempeñaba como presidente de la compañía aseguradora MetLife, cargo al que hubo de renunciar esta semana, ante las dimensiones del escándalo.
Se calcula que los cohechos empezaron, por lo menos, desde el año 2002, lo cuál significa que dentro del ramo federal ocurrieron bajo los regímenes de VICENTE FOX y FELIPE CALDERÓN, aunque en estados y municipios podrían haber involucrado a funcionarios de cualquier otro partido.
La trasnacional se dedicó a comprar voluntades “a golpe de talonario” para obtener permisos de construcción, desvanecer objeciones ambientalistas y lograr en pocos días autorizaciones que normalmente tardan meses.
Abogados de confianza se encargaban de repartir dinero a regidores, alcaldes, planificadores urbanos y burócratas de diverso nivel que otorgaban su visto bueno con rapidez escalofriante.
Por el lado mexicano esta misma semana hubo reacciones ante una cloaca que no sabemos a quienes pudiera alcanzar (y de qué partidos, acaso de todos) si en verdad el FBI lleva la investigación hasta sus últimas consecuencias.
La PGR de MARISELA MORALES ya giró instrucciones a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia.
El Presidente CALDERÓN dijo estar “muy indignado” por el caso, añadiendo que “no se vale” hacer negocios “a base de mordidas”.
El jefe de gobierno capitalino MARCELO EBRARD prometió revisar los permisos otorgados en el Distrito Federal.
El candidato priísta ENRIQUE PEÑA NIETO demandó una investigación a fondo mientras que la abanderada panista JOSEFINA VÁZQUEZ MOTA exigió se aclare el asunto “con apego irrestricto a la ley”.
Por su cuenta, el señor LOPEZ OBRADOR sacó de su ronco pecho la versión de que esta firma “tiene ingresos por 400 mil millones de pesos y sólo pagó mil millones en impuestos.”
El calambre, pues, apenas empieza y puede llegar tan lejos como la autoridad al norte del Río Bravo lo disponga. ¡Vaya coctel macabro el que esta clase de embrollos puede provocar en plena etapa electoral!
