Cd.
Victoria, Tam. - Se plantea en medios
legislativos locales la posibilidad de una reforma jurídica que facilite la
portación de armas para legítima defensa.
Aplicaría a todo ciudadano que demuestre
haberla adquirido legalmente, pagado los impuestos necesarios y elegido un
calibre autorizado.
La polémica cobró vida entre empresarios
y legisladores tamaulipecos a partir de la iniciativa promovida en el vecino
estado de Nuevo León por el Congreso local y bajo el gobierno de JAIME RODRÍGUEZ.
Los diputados de aquella entidad
aprobaron modificar el artículo 17 de su Código Penal para considerar permitido
el matar en legítima defensa.
Se adicionan, concretamente, párrafos
como este:
“Se presumirá que concurren los
requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor,
en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos
encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus
dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor.”
Y por tanto aprueba…
"Obrar el acusado en defensa de su
persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o
bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho, y de la
cual resulte un peligro inminente."
URGENCIAS
La situación real es que un sector importante
de la población se siente indefenso ante la embestida del hampa y la limitada capacidad
de respuesta policial en delitos como secuestro, robo domiciliario, asalto con
violencia.
Y piensan que la libertad de andar
armados podría representar alguna suerte de protección o defensa.
Planteamiento que, por principio, abriría
la puerta a un sinfín de incidentes con armas de fuego y de carácter marcadamente
asimétrico.
Una lucha dispareja porque el ciudadano tiene
límites en cuanto al tipo de armas permitido. Su atacante, en cambio, puede traer
un cuerno de chivo cuya capacidad de fuego supera infinitamente a la de su
víctima.
El abismal contraste se observa también
en el plano emocional. Algo que llamaríamos diferencial de escrúpulos.
Mientras el ladrón no dudará un instante
en apretar el gatillo las veces y el tiempo que sea necesario, su contraparte,
el ciudadano común, no está seguro siquiera de querer accionar su pistola.
Peor si la delincuencia acomete en grupo.
Mejor armados y acompañados, con el factor sorpresa a su favor y un rencor
social que les proporciona la adrenalina necesaria, ¿Qué puede hacer ante ellos
un padre de familia?
Problema anexo, la proliferación de
gente armada pero inexperta, ampliaría de golpe el abanico de daños
colaterales. Lo cuál va desde pegarse un tiro en un pie hasta causar daño a
gente inocente.
ALLÁ
ELLOS
Y, bueno, si la medida tiene una
relativa eficacia entre nuestros vecinos del norte es porque pertenecen a una
nación curtida históricamente en la batalla. Generación tras generación.
Lo he comentado aquí. Si el bisabuelo
estuvo en la segunda guerra, el abuelo anduvo en Corea, el padre en Vietnam y
los hermanos en las guerras del Golfo. Ello, sin olvidar la parentela enviada a
Bosnia, Afganistán, Panamá, Granada y más.
Cuestión de comparar el servicio militar
que reciben los jóvenes americanos con su equivalente mexicano. Este último, más
parecido a las clases de educación física de la secundaria que a una capacitación
verdadera.
Por supuesto, esto tiene una lectura
positiva. México es un país de paz. No tenemos bases militares en Filipinas, Puerto
Rico, Guam o Gibraltar.
Nuestros vecinos, en cambio, desde su
primera juventud, están imbuidos en una subcultura armamentista, agresiva y
letal que se retroalimenta en la praxis bélica.
Conflictos de los que ninguna administración
se salva, desde GEORGE WASHINGTON hasta DONALD TRUMP.
Realidades distintas, leyes distintas.
