Cd.
Victoria.- La versión oficial cuenta que 43
normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados por la policía municipal de
Iguala el 26 de septiembre de 2014 y entregados a un grupo delictivo que terminó
con sus vidas.
Para la PGR, la tentación de encajonar en
este argumento simple toda la investigación del caso poseía desde un principio
múltiples ventajas.
Enumero algunas:
(1) La culpa recaía, directa o
indirectamente, sobre todo el arco de partidos opuestos al PRI. Lo mismo el
gobernador de Guerrero ANGEL AGUIRRE como el alcalde JOSE LUIS ABARCA, habían
llegado al poder por una alianza PRD-PT-MC. En el caso del gobierno estatal,
con el apoyo (de último momento) del PAN.
(2) La familia política del alcalde
ABARCA posee un asombroso historial delictivo que incluye, por lo menos, a esposa,
suegra y suegro, hoy presos en penales de alta seguridad. Amen de tres cuñados,
de los cuáles dos están muertos y uno más en prisión federal.
(3) El equipo de PEÑA NIETO no dudó en
darle una salida política al caso, culpando a los partidos involucrados
(MORENA, incluido) con el alcalde gangster, disponiendo la caída de AGUIRRE y
el arresto de ABARCA. Al siguiente año 2015, el PRI arrebató al PRD la
gubernatura guerrerense. Punto.
SE
COMPLICÓ
Aunque algo en esos cálculos salió mal y
es el motivo por el cuál la herida de Ayotzinapa no pudo cerrar y se convirtió
en un suplicio para el presidente PEÑA NIETO.
Con la interpretación política a la mano,
solo quedaba encontrar los cadáveres y dar por concluida la averiguación. El
caso estaría cerrado.
Pero empezaron a pasar los días, semanas,
meses y los restos mortales de los estudiantes no aparecían.
Eran demasiados (43), ¿Qué había sido de
ellos?
A dos años de distancia, la versión más probable
es la que ofrecen los delincuentes detenidos y según la cuál los jóvenes
habrían sido llevados al basurero municipal de Cocula, donde fueron ejecutados
y quemados con diesel para luego arrojar sus restos al cercano río San Juan.
El clamor de los familiares iría entonces
creciendo y convirtiéndose en un reproche generalizado al Gobierno de la
República.
TARDANZA
Y aunque desde un primer momento quedó
clara la autoría material e intelectual de los normalistas, pronto surgirían
otras dudas.
Con el tiempo fue cobrando prioridad la
tarea de reconstruir lo que había ocurrido entre la noche del 26 y la madrugada
del 27.
Si bien el secuestro fue obra de agentes
municipales, ninguna de las corporaciones estatales ni federales movió un dedo
para evitarlo.
Las cámaras del C4 guerrerense habían
captado y dado seguimiento a todo el proceso, desde que los estudiantes abordan
por la fuerza los primeros autobuses hasta que llegan a Iguala y son recibidos
a tiros por la policía local.
Los normalistas, incluyendo heridos,
fueron trasladados primero al edificio de la presidencia municipal y luego
sacados de la ciudad en camionetas de redilas, con rumbo a Cocula. Fue la
última vez que los vieron.
LA
DE MALAS
La pregunta que sigue en el aire es por
qué las policías del Estado y las fuerzas de seguridad nacionales permitieron
que (en sus narices) se cometieran atropellos de tal magnitud y gravedad.
Por esta razón a la postre resultó
insuficiente la explicación inicial que encapsulaba la culpa en torno a un
alcalde pillo, un gobernador inepto y un puñado de partidos celestinos.
Hubo inacción culposa del gobierno federal.
Dejaron actuar a los jenízaros de ABARCA sin asumir que (desde las primeras
ráfagas) habían caído en la ilegalidad.
Ninguna autoridad superior se hizo cargo
del evento. La omisión es más que evidente y habría pasado inadvertida para la
opinión pública si los cadáveres aparecen en los días subsiguientes.
Al no ocurrir esto, afloraron las
complicidades.
