martes, 2 de septiembre de 2014

La papa caliente


Cd. Victoria.- Lejos aún del mediodía sexenal, el informe que es hoy noticia de primera plana llega tres meses antes de concluir el segundo año de mandato.
Los esfuerzos de ENRIQUE PEÑA NIETO se avocan a preparar el ambiente propicio para su partido, ante el compromiso electoral del 2015.
Aunque ello no impide decir que aún habrá noticias interesantes en los meses sucesivos, como el relanzamiento del proyecto aeroportuario que dejó pendiente FOX, comentado ayer en esta columna.
Conserva su prioridad la pacificación del país, en el entendido de que resultados más visibles solamente se verán en el mediano plazo.
En lo político ya se sabe que hay línea para apoyar con todo la propuesta de someter a consulta la reducción de curules y escaños plurinominales, en 100 diputados y 32 senadores.
De una o de otra manera, la agenda presidencial tendrá que dar cabida al tema de los salarios. Asignatura difícil que no estaba en los planes de PEÑA NIETO pero que ha sido instalada en la opinión pública (hasta ahora con éxito) por el jefe de gobierno capitalino MIGUEL MANCERA y bien vista por la gente del PAN.

ATRASO COLOSAL
El inhumano rezago de los minisalarios data del quinto año de JOSÉ LOPEZ PORTILLO y su revisión ha sido un tema tabú para los mandatarios siguientes (MMH, CSG, EZPL, VFQ y FCH) incluyendo el actual.
No es para menos. Se trata de una verdadera papa caliente dado el abismo que hoy separa a los salarios mínimos vigentes del verdadero emolumento que merecería el trabajador para hacer frente a sus necesidades esenciales.
La propuesta de MANCERA dada a conocer el jueves anterior habla de pasar de 67.29 pesos (mínimo actual en la Zona A del país donde él se encuentra) a 82 pesos en el 2015.
Ello con una meta de mediano plazo que iría gradualmente aumentando los montos hasta alcanzar los 171 pesos diarios.
Por supuesto, no ha faltado quien advierta sobre el incremento que ello provocaría en asuntos como las multas de tránsito, jubilaciones, pensiones alimenticias, fianzas, sanciones administrativas y créditos hipotecarios cuyo monto se mide en salarios mínimos.
Aunque hay quien añade que esto se puede resolver mediante la debida reforma a leyes y reglamentos, eliminando dicha indexación de cobros que hoy utiliza como medida a los minisalarios.
Tendrían que desvincular primero uno de lo otro y mire usted que, según el cálculo de especialistas, tan sólo en el ramo federal habría alrededor de 150 disposiciones legales operando de dicha manera.

TEMA SENSIBLE
Desde luego, el problema no termina ahí. Un manejo poco cuidadoso de dicha variable económica (el trabajo medido como costo para las empresas) podría desembocar en un repunte inflacionario que a la postre hiciera nugatorio cualquier aumento.
Acaso sea una referencia útil la experiencia francesa en 1980 cuando llegó al poder FRANCOIS MITERRAND, abanderado por una coalición de izquierda.
Además de nacionalizar la banca y la industria metalmecánica, entre las medidas iniciales de ese gobierno figuró el incremento súbito de los salarios generales en un 40%.
Decisión justa, sin duda, al menos desde la óptica de los trabajadores, aunque de difícil digestión para el bando patronal que devolvió el golpe reduciendo la plantilla laboral e incrementando precios.
A la vuelta de unos meses, la inflación acabó por devorar ese temporal incremento en el poder adquisitivo de los obreros.
La enseñanza que dejó dicho episodio es que solamente una estrategia gradual de mediano plazo, planificada y pactada con el propio sector empresarial, puede brindar resultados duraderos.
A nadie convendría despertar al tigre de la inflación que a la postre anule cualquier incremento o incluso termine por empeorar la economía popular.
El país está en deuda con los trabajadores, principales sacrificados durante las medidas de shock (verdaderas purgas de caballo) aplicadas a la economía nacional en los últimos cuatro regímenes priístas del siglo 20.
Pero la restitución del poder adquisitivo no puede darse de manera unilateral ni en función de cálculos electorales. Exige consenso, no sólo de partidos, sino (sobre todo) de los factores de la producción, empleados y empleadores.