Cd.
Victoria, Tam. – ¿Quién vigila al
vigilante?... Acaso uno de los desafíos más urgentes de la nueva Policía
Estatal de Auxilio Carretero sea el definir cómo habrán de rendir cuentas los oficiales
cuando menudeen episodios criminales bajo sus dominios.
Al ciudadano medio le debe quedar bien
clara la ruta de la queja, el camino de la denuncia, la vía institucional más corta
y efectiva de protestar, señalar, inconformarse.
Denunciar la ineficacia (o, ya de plano,
la inacción) policial luego de tal o cual acometida del hampa. ¿Su titular
rendirá informes al congreso de manera mensual, bimestral, trimestral?
Cabría pensar en un territorio estatal
dividido en demarcaciones. Única manera de identificar en donde y en quién
estuvo la falla.
En qué kilómetro de cuál carretera, qué día
y hora, ocurrió el atraco, asalto, robo con violencia, cobro por cosecha o hato
ganadero. Información básica para saber quién debe responder por ello.
En los peores tiempos de GEÑO, las
bandas delictivas instalaban sus retenes en puntos fijos de las carreteras
principales, por días y hasta semanas.
Desvalijaban gente sin que ninguna corporación
municipal, estatal o federal, hiciera valer su autoridad en dicho territorio.
Los dejaban hacer, disponer de patrimonios y personas. De vidas, incluso.
En términos de transparencia, el
ciudadano común debe saber hacia dónde señalar cuando aflora esa forma de
corrupción pasiva, pero en extremo dañina, llamada disimulo.
Ubicar de inmediato al mando policial
que falló por ineptitud o colusión y exigir su comparecencia, cese, castigo.
Es obligación, incluso, de los
representantes populares (diputados, les dicen) llamar a cuentas al jefe
policial y al responsable de aquel paraje o tramo donde ocurra un hecho
delictivo grave, contra turistas, transportistas, agricultores, ganaderos, comerciantes.
Porque si el entrenamiento, patrullas, pertrechos
y nuevos uniformes no logran el cambio verdadero y la “vista gorda” se
perpetúa, la naciente corporación habrá incumplido.
Debe, entonces, quedar claro quiénes son
los encargados de cada región o zona. Para que legisladores, partidos, cámaras
de comerciantes, cúpulas empresariales, asociaciones de ganaderos y agricultores,
organizaciones no gubernamentales, ciudadanía llana, sepan a quien pedir
explicaciones.
No existe en México la territorialidad
que finca el orgullo y otorga prestigio al alguacil, el sheriff, el comisario
norteamericano.
Que en “su demarcación” (el espacio
asignado bajo su responsabilidad) la vida transcurra en paz y prosperando, la
vagancia es ahuyentada, la malvivencia combatida y cualquier delito debidamente
castigado.
En nuestro país, un puñado de instituciones
se la pasa aventándose la pelotita ante episodios que ocurren en lugares bien identificados,
donde nadie asume responsabilidad alguna.
Primero San Fernando, luego Ayotzinapa.
En ambos casos había autoridades de los tres niveles con poder suficiente para impedir
las desgracias.
Al final no hubo deslinde. Las
investigaciones se limitaron al arresto de un puñado de malandros y gendarmes. Ningún
vigilante de jerarquía superior pagó por su anuencia.
En Iguala, quien cayó fue un tonto útil,
exvendedor de sombreros, alcalde del PRD, cuñado de hampones de bajísima ralea.
Sus protectores de uniforme durmieron tranquilos.
Se cumplió así la sentencia de que el
hilo revienta por lo delgado. Las piezas menores del aparato delincuencial son
reemplazables y pueden ser sacrificadas para salvar al conjunto.
Buen reto para la nueva guardia caminera
que desde ahora dará servicio en Tamaulipas. Que la estadística les sea
favorable en los años venideros, es la demanda más sentida de la población.
Será el aplauso mayor si el objetivo se logra. Merecen, pues, el beneficio de
la duda.
