Cd.
Victoria, Tam. – Llamativo el mensaje
conjunto difundido en video de dos minutos por los tres dirigentes partidistas
que conforman el Frente Ciudadano, ANAYA, BARRALES y DELGADO (PAN, PRD, MC).
Ante la devastación generada por los
sismos del 7 y 19 de septiembre, plantean suprimir importantes partidas
presupuestales para encausar ese dinero al rescate de la población afectada.
Proyecto que ellos mismos califican como
“de fondo, serio, sin simulaciones y de largo alcance.” Todo eso.
Importa enumerar sus cinco propuestas,
en el orden que fueron expresadas:
1.- Una iniciativa de ley para eliminar
al 100% el financiamiento público a todos los partidos. Que dejen de operar con
dinero del erario y trabajen solo con aportaciones voluntarias de militantes y
simpatizantes.
2.- Reducir topes electorales. “Basta de
campañas tan costosas”, dicen, “en un país con tantas necesidades”. Ello,
aunque reconocen (y esto parece una contradicción) que el dinero de los
partidos ocupa menos del 1% (uno por ciento) del presupuesto total.
3.- Luego añaden un programa de
austeridad que elimine el pago por seguros de gastos médicos de los “altos
funcionarios”. Que se atiendan en el IMSS o en el ISSSTE, como el resto de los
mortales.
4.- Amén de cancelar gastos en viáticos,
celulares y gasolinas (de nueva cuenta) a todos los “altos funcionarios”.
5.- Y, finalmente, eliminar los gastos
de publicidad gubernamental, a excepción de los relacionados con salud, turismo
y protección civil.
INSUFICIENCIAS
Importa masticar despacio cada propósito,
en el mismo orden:
1.- Suprimir la subvención a partidos
nos lleva a preguntar bajo qué reglas operarían las aportaciones privadas,
incluyendo aquí el factor transparencia.
¿Qué compromisos (distintos al interés
público) contraerían partidos, candidatos y gobiernos con los particulares que,
de manera exclusiva, les den sustento?
Habrá gente que aporte cien pesos, pero
también quien desembolse cientos de miles. Dinero que difícilmente podrá
entenderse como un gesto altruista, sino como inversión. El que paga manda.
¿De qué manera recuperarían la inversión?,
¿Proveedurías, contratos de obra, concesiones, permisos, asesorías, parientes
en la nómina, impunidad delictiva?
Si tales vicios ya existen hoy, cuando
el dinero público alimenta todavía partidos y campañas, ¿A qué extremo llegarían
si se privatizan totalmente las contiendas y descansan por completo en socios
privados?
2.- En cuanto a la reducción de topes (gastos
de campaña) se trata de un buen logro que ha ido avanzando en forma gradual. Es
factible profundizar la medida, ampliar los “tiempos oficiales” en medios
electrónicos y reemplazar los gastos directos en propaganda por deducciones
fiscales.
3.- Tiene lógica eliminar el subsidio a seguros
privados de gastos médicos. La duda es por qué lo circunscriben, con tanta
insistencia, a los “altos funcionarios”.
No parecen hacerlo extensivo (al menos, de
manera explícita) a beneficiarios regulares de dicho privilegio como son los
legisladores de ambas cámaras.
4.- Igual podría decirse de la
pretendida supresión de pagos por “viáticos, celulares y gasolinas”. ¿Llegará
también a escaños y curules?
5.- Se escucha plausible eliminar gastos
en publicidad oficial, a los que reservan tres excepciones: salud, turismo y
protección civil.
Pero sorprende que incluyan turismo (actividad
privada que puede y debe publicitarse sola) en lugar de educación, que es
mayoritariamente pública.
Y, bueno, ni una palabra sobre los
privilegios de la Suprema Corte, cuyos ministros se dan vida de reyes y jubilaciones
estratosféricas.
Claro, es un primer paso. Será
responsabilidad ciudadana tomarles la palabra y llevar el proyecto hasta sus
últimas consecuencias. Más allá de estos cinco puntos tan elementales.
