Cd.
Victoria, Tam. No será la primera
vez. Durante los anteriores casos de autobuses secuestrados en la región de San
Fernando (agosto de 2010 y abril de 2011) las compañías se abrigaron en su
caparazón y guardaron, hasta donde pudieron, el más ominoso silencio.
Política del avestruz que duró días enteros,
hasta que el horror fue brotando gradualmente en redes sociales, luego en medios
regionales, para finalmente convertirse en escándalo nacional y condena universal.
Desde el pasado jueves 7 de marzo un
oscuro “DEJA VU” recorre las redacciones de Tamaulipas, entre miradas de
asombro, signos de interrogación, frases entrecortadas y puntos suspensivos…
¿San Fernando, de nuevo?… autobuses otra
vez… migrantes centroamericanos… los interceptan, los bajan se los llevan… la
autoridad calla en primera instancia… por regla nada dice… luego escurre, a
regañadientes, las explicaciones… comunicados que informan poco y se esfuerzan
por minimizar, hasta que el escándalo estalla en los noticieros estelares de la
televisión nacional…
En paralelo, empresas de autobuses que
tenían meses registrando el acoso de bandas delictivas, optan por el silencio, por
una mezcla de cobardía y ahorro mal entendido al no querer gastar en seguridad,
en vigilancia.
LAS
ANTERIORES
Haciendo memoria, la primera masacre sanfernandense
de 2010 fue perpetrada en el ejido El Huizachal, entre los días domingo 22 y
lunes 23 de agosto de 2010. Oficialmente, fueron 72 ejecutados (58 hombres y 14
mujeres) 2 sobrevivientes y 3 desaparecidos, en su mayoría inmigrantes de
Centro y Sudamérica.
Se les ejecutó por la espalda, al no
poder pagar el dinero de su liberación y (en algunos casos) por no aceptar
sumarse al grupo delictivo.
Un sobreviviente ecuatoriano de nombre
LUIS FREDY LALA POMAVILLA logró escapar y dio parte a las autoridades. Se supo
también de un hondureño.
El caso provocó una enérgica reacción
internacional de los países cuyos ciudadanos se contaban entre las víctimas,
como Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Honduras, El Salvador y Guatemala,
entre otros. El problema fue abordado en foros como la OEA y la ONU.
La segunda masacre ocurrió pocos meses
después, en abril del año siguiente (2011). Se reportó el hallazgo de ocho
fosas clandestinas con restos de, al menos, 193 personas.
Los primeros cuerpos fueron desenterrados
el 1 de abril por la Procuraduría de Justicia tamaulipeca, pero la noticia se
conoció hasta el día seis. Se hablaba entonces de 59 víctimas.
Aquí las cifras varían todavía más, si
consideramos la estimación hecha por la activista ISABEL MIRANDA de WALLACE quien
calculó en más de 500 el número de muertos. Por igual se trató de personas
secuestradas durante asaltos perpetrados contra autobuses de pasajeros.
LO
MÁS RECIENTE
El modus operandi, oiga usted, parece
una calca de los anteriores. Operativos de intercepción muy eficaces, delincuencia
profesional, armas de grueso calibre, propósito cumplido en pocos minutos sin
mayor estrépito.
Silencio posterior, hermetismo de
autoridades, apocamiento inexplicable de la línea transportista (culposo,
diríase) y el temor de que haya ocurrido lo peor.
Los hechos esta vez ocurrieron alrededor
de las 12:55 horas en el kilómetro 79, carretera San Fernando-Reynosa, donde un
autobús Marcopolo de TRANSPAÍS, con número de corrida 9596, fue asaltado por
individuos fuertemente armados que se movían en dos camionetas.
Destapada la noticia, varían los números
de viajantes y desaparecidos. Se habrían llevado 19 de 41 pasajeros, dicen
algunas fuentes. Otras hablan de 22.
Y, mire usted, que sean (o no) migrantes
centroamericanos es igualmente grave a que fueran mexicanos, tamaulipecos. Las
dimensiones humanas del problema podrían ser incluso mayores, ante la comprensible
protesta internacional.
Considerando la tecnología actual, cabe
preguntar por qué no tenemos más datos, si recordamos que las cámaras de video
son ya de uso común en el transporte carretero, compactas, baratas, invisibles.
Al respecto extraña que no haya material videograbado.
Hasta cuatro días después (lunes 11 de
marzo) la compañía TRANSPAÍS dio señales de vida, en un comunicado temeroso, donde
dice haber reportado el hecho a las autoridades de manera inmediata.
Aunque la opinión pública no les mereció
mayor atención hasta que la noticia hirvió en medios nacionales. Para dirigirse
a los grandes auditorios (lectores, televidentes, radioescuchas) demoraron
días. Le apuestan a la postergación indefinida, a nadar de muertito, mientras
nadie pregunte, que nadie sepa.
No vaya a ser que los secuestrados
aparezcan sanos y salvos, mire usted, pues de ello depende el que la compañía erogue
o ahorre la indemnización a los parientes que reclamen. Esa vía dolorosa que deudos
y familiares recorren frente a temperamentos de hielo que parecen incapacitados
para conmoverse con nada.
Por supuesto, existe una relación de
nombres, hay lista de pasajeros, en algún lugar están los datos clave de la
corrida. En dónde abordaron y con qué dirección cada cual. Origen y destino,
con sus respectivos nombres, apellidos.
¿O vamos a esperar a que lleguen peritos
internacionales con sus laboratorios ambulantes de ADN y se enfrasquen en la
penosa tarea de remover la tierra, tomar muestras, saber de identidades?
El caso es que los demonios siguen
sueltos en San Fernando, cuando han transcurrido 8 y 9 años de las anteriores
masacres, pese a las buenas intenciones de dos gobernadores y tres presidentes
de la República consecutivos.
