Cd.
Victoria, Tam. Si recuerda usted la
campaña a gobernador de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA (abril-junio 2016) y su
posterior discurso en la toma de posesión (1 de octubre), encontrará
referencias claras al concepto jurídico de la extinción de dominio.
El reynosense consideró necesario contemplar
dicha disposición constitucional en el caso de los bienes adquiridos con dineros
de la corrupción, en términos muy similares a los que ahora inspiran la reforma
encausada por el presidente LÓPEZ OBRADOR.
Necesario es recordar que la extinción
de dominio ya existe en el artículo 22 de nuestra Carta Magna, donde se establece
el decomiso legal de bienes para razones como el pago de multas, impuestos, la
responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito y el enriquecimiento
ilícito “en los términos del artículo 109”.
Al respecto, el 109, en su fracción
segunda, dice que incurren en enriquecimiento ilícito los servidores públicos “que,
durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita
persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños
sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar.”
Añadiendo además que…
“Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que corresponda.”
Añadiendo además que…
“Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que corresponda.”
El marco jurídico opera, pues, como disposición
constitucional desde 2009, pero con una aplicación prácticamente nula, en este
México nuestro de leyes y códigos admirables que jamás aterrizan en la
práctica.
En un texto de noviembre pasado, el
portal ADN político comparaba el caso de México con el de Colombia donde leyes semejantes
ofrecen resultados muy diferentes. Procesos judiciales y bienes recuperados que
allá se registran por miles, aquí se cuentan con los dedos de una mano.
LA
AMPLIACIÓN
La reforma obradorista extiende ahora el
catálogo de delitos en los cuáles se aplicará la incautación de bienes,
añadiendo los de corrupción, extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos
(huachicoleo), delincuencia organizada, robo de vehículos, delitos contra la
salud y trata de personas, entre otros.
El tema avanzó en comisiones
legislativas con cierta sordina, ya que su proceso corrió paralelo al de la
reforma que habría de crear la Guardia Nacional.
Se diría que esta última monopolizó
todos los reflectores. El trabajo paralelo en materia de extinción de dominio quedó
opacado, pese a que también requirió de reformas a la Carta Magna, aprobación
por mayoría constitucional en ambas cámaras y el visto bueno de los congresos
estatales.
Tan paralelas iban las dos iniciativas que
este mismo jueves, el presidente de la cámara baja MARIO DELGADO CARRILLO
encabezó la declaratoria de constitucionalidad en ambos casos, Guardia Nacional
y extinción de dominio.
Días, por cierto, con intensa y
reiterada aparición en los medios del diputado DELGADO CARRILLO, economista
colimense, encumbrado en la primera década de este siglo por la administración capitalina
de MARCELO EBRARD, su innegable jefe político.
En distintos tiempos y circunstancias,
ha sido titular de dos secretarías: Finanzas (2006-2010) y Educación
(2010-2012). También fue senador por segunda fórmula (2012-2018). Igual que
MARCELO, MARIO emigró del PRD a MORENA.
A la hora de cerrar esta columna, sumaban
ya 18 las entidades federativas que habían votado su aprobación de ambas reformas
constitucionales. Estas serían: Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Tabasco,
Nuevo León, Colima, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Estado de México, Durango,
Tlaxcala, Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas, Puebla y Sinaloa. En
ambos casos, la promulgación sería asunto de mero trámite.
El legendario tigre de ANDRÉS MANUEL ya
tiene ahora dientes. Ya puede ahora hacer cumplir la consulta popular que
sometería a votación el juicio a expresidentes mexicanos (y sus cómplices) involucrados
en casos graves de corrupción, a los cuáles se les juzgaría también por “traición
a la patria”.
COLOFÓN
NECESARIO
En tiempos de la guerra fría, era muy
conocida la frase de que las todopoderosas armas nucleares, misiles balísticos
intercontinentales, capaces de destruir varias veces el planeta, estaban hechas
“para nunca usarse”.
Paradoja interesante, dado el alto costo
de esos juguetitos cuyo efecto sería tan devastador para rusos y americanos que,
en términos prácticos, su verdadera función sería disuasiva.
Del verbo disuadir que en su etimología
más estricta equivale a desaconsejar (lo contrario de persuadir). No aprieto el
botó si tú no aprietas el tuyo y viceversa.
Y bueno, salvo la mejor opinión del
lector, este columnista piensa que el amago de AMLO contra los seis expresidentes
vivos (y sus respectivos grupos oligárquicos) está supeditado a las
circunstancias, en particular al comportamiento de cada cual.
En buena medida, los dientes del tigre cumplirán
un papel disuasivo. Como los misiles referidos que, en el mejor de los
escenarios, apuntan hacia sus objetivos sin apretar necesariamente el gatillo.
Aunque ello no impide pensar que, de
manera complementaria, podría desatarse un operativo de escarmiento, con toda
la severidad que la coyuntura amerite, en los casos que el Ejecutivo considere
necesarios.
Particularmente, en aquellos que se han
significado por combatir al obradorismo mediante guerra sucia y campañas golpistas
de la peor calaña en medios afines y redes sociales.
