Cd.
Victoria, Tam. – Desde el 15 de marzo
pasado, la tamaulipeca MÓNICA ROCA vive una larga pesadilla judicial en la Unión
Americana tras su arresto en el aeropuerto de Los Ángeles, California, por presunta
participación en delitos económicos.
La exsecretaria particular del DIF estatal
era requerida por una corte federal de Corpus Christi, Texas, acusada de lavar
dinero ajeno con propiedades, cuentas bancarias y compañías fantasma.
Su captura fue solicitada apenas una
semana antes, el 8 de marzo, por el fiscal de la Corte del Distrito Sur de
Texas (United States Attorney for the Southern District of Texas) el veterano abogado
KENNETH MAGIDSON.
En medios regionales se especuló desde
entonces que la detenida estaría en posibilidad de negociar algún acuerdo con
la fiscalía en términos de mutuo beneficio.
Información a cambio de penalidades
blandas. Se dice fácil, pero estamos hablando de una decisión que entraña un
conflicto moral, un dilema escabroso en su fuero íntimo.
Salvarse a cambio de comprometer a sus
amigos. En el entendido de que la autoridad estadounidense se encuentra hoy más
interesada en sus superiores jerárquicos que en ella.
En este sentido, MÓNICA sería muy apenas
la punta de la hebra, a partir de la cual podría ser destrabada una madeja
completa de proporciones incalculables.
Datos duros, nombres, lugares, fechas, cantidades,
operaciones de compra-venta y mucho más. Las variadas rutas del dinero, un mapa
total de triangulaciones financieras.
Esta semana trascendió que se habría concretado
con éxito la oferta específica para la acusada, que consistiría en reducir la
pena corporal de 5 años a solo 18 meses de prisión.
Amén de que no podría abandonar
territorio norteamericano durante los siguientes 4 años, en los cuáles deberá
estar disponible para posteriores averiguaciones.
Ciertamente, cuando alguien transita por
esta clase de procesos, le decomisan todo, propiedades, inversiones, depósitos,
amén de comprometerse a proporcionar la información requerida (pelos y señales)
sobre personas específicas.
EL
CASO JAROCHO
Cabe pensar que, en los próximos meses, veamos
desplegarse un esfuerzo similar en torno a la exprimera dama de Veracruz KARIME
MACÍAS, cuyo apurado divorcio del exgobernador JAVIER DUARTE no parece haberla
librado de problemas.
La dama se encuentra ahora en Londres, donde
en octubre pasado solicitó formalmente asilo político, argumentando ser víctima
de un proceso injusto.
Tras la caída de DUARTE, su escape y arresto
en Guatemala, la posterior extradición y traslado a México, se dijo que la
señora MACÍAS habría jugado un papel estratégico en una gigantesca red de
corrupción calculada en 50 millones de dólares.
Más de ocho mil paisanos han firmado ya
una petición dirigida a la primera ministra británica THERESA MAY para que
niegue asilo a KARIME y permita que comparezca ante la justicia mexicana.
El reclamo tiene respaldo en
declaraciones oficiales emitidas por el actual gobierno de Veracruz que la considera
responsable de desviar fondos públicos para adquirir propiedades en el
extranjero.
Y un rosario de cargos que, a fuerza de
repetirse de una entidad a otra, parecen seguir un modus operandi.
Entre otras prácticas, el manejo venal de
proveedurías y contratos de obra mediante un centenar de empresas falsas, blanqueo
de capitales y defraudación fiscal.
El mandato de su exmarido está
involucrado igualmente en abusos deleznables como el suministro de medicamentos
apócrifos, exámenes falsos de VIH y quimioterapias “patito” aplicadas a niños
con cáncer. Las reemplazaban con agua destilada.
Según datos aportados por el mandatario
jarocho MIGUEL ÁNGEL YUNES, la señora sería vista ahora como la “cabeza de la
hidra” en el descomunal saqueo a las finanzas de su entidad.
