Cd.
Victoria, Tam. – Figura en la agenda
de los señores legisladores locales la seguridad de periodistas y defensores de
los derechos humanos. Se tejen planes.
Intención de crear una ley que tendría
entre sus objetivos el garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de los
grupos referidos, por considerar que sus tareas se desempeñan “en situación de
riesgo”.
Habemos, pues, proyecto de nueva Ley
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La cual aterriza un esfuerzo similar
elaborado en el Congreso de la Unión desde el año 2012. Norma federal que buscaría
encontrar su equivalente en el marco jurídico tamaulipeco.
Curioso país el nuestro dónde todo lo queremos
resolver desde el papel. Ordenamientos legales, responsabilidades y obligaciones,
en lugar de la acción directa.
Reformas que (mire usted) pese a llevar
cinco años de vigencia en el plano nacional, no han disminuido (ni castigado) la
mortandad de comunicadores y activistas.
Por supuesto, llama la atención que el
tema de los periodistas se entrecruce con el de los derechos humanos.
Sobre todo, si recordamos que, en el
plano federal, los ataques a la prensa se atienden desde una Fiscalía Especial
para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE),
adscrita a la PGR.
Instancia que (al menos en teoría) está
provista de dientes para investigar y proceder contra los agresores.
Cargo que desde el 17 de mayo pasado recae
en el abogado RICARDO SÁNCHEZ PÉREZ DEL POZO. Caballero egresado de la Escuela
Libre de Derecho, master por la Universidad de Northwestern en Chicago, con
trayectoria en PGR, SEGOB, el Poder Judicial y hasta en la ONU.
Lo cual significa poco (o nada, acaso)
si dicha colección de galones académicos no se refleja en resultados tangibles.
Los crímenes no cesan, el castigo tampoco llega.
La impunidad, en efecto, prevalece.
Tampoco existe registro (desde que se creó la FEADLE) de alguna condena emitida
contra verdugos de periodistas.
Mas inofensivos aún son los defensores
institucionales de los derechos humanos. Los llamados ombudsman (nacional,
estatales) cuya función es meramente testimonial.
Pongámoslo de la siguiente manera. Si la
FEADLE tiene dientes, pero no los usa, la CNDH y sus hermanitas ni a dientes
llegan.
Nacieron chimuelas, carecen de autoridad
para llegar un milímetro más allá del tomar nota y vocear las tragedias. Triste
papel, por definición improductivo.
Pareciera que su función es llorar junto
a las víctimas. Oficio antiguo, el de las plañideras habilitadas para dar
ambiente a los funerales, en el México colonial, el medioevo español, la antigüedad
romana, hebrea, egipcia.
Lloronas profesionales. Aunque de poco
sirven sus gritos en un país de cínicos, donde la piel y los tímpanos de la
autoridad se han vuelto insensibles a todo señalamiento público.
Se necesitaría, pues, que en ambos
campos (derechos humanos y protección a periodistas) hubiese localmente autoridades
suficientes y capaces.
Profesionales avocados de manera explícita
a escuchar denuncias y actuar de inmediato, con funciones similares a las de un
ministerio público.
De otra manera, la querella se pierde en
laberintos burocráticos. Esa larga secuela de etapas que parece diseñada para
vencer por cansancio a sobrevivientes y deudos.
Bienvenida, pues, la reforma que asoma
en el poder legislativo local. Pero tendrá que representar algo más que un
ornamento jurídico, pensado en dar lustre al discurso oficial.
Si no es operativo, ni está dotado con
los mecanismos necesarios para obrar con prontitud, eficacia y resultados, vendrá
únicamente a engordar la lista de sueños floridos.
Esas buenas
intenciones de las cuáles (según reza el viejo aforismo) está empedrado el
camino del infierno.