lunes, 24 de abril de 2017

Privilegio perdido

Cd. Victoria, Tam.- Gane quien gane la elección del 2018, su principal desafío en materia de seguridad será el recuperar de manera plena el monopolio de la violencia, cualidad central del Estado moderno.
Prerrogativa asumida por los gobiernos como respuesta al caos social y en reemplazo al ejercicio de la justicia por propia mano.
De ahí el complejo tinglado de instituciones y leyes, ministerios públicos, jueces, magistrados y ministerios de justicia, corporaciones civiles y castrenses.
Se dice fácil pero dicho estatus se encuentra hoy en entredicho, tras el estallido criminal que empezó a gestarse en los años noventa. Esto es algo ya comentado aquí.
La erupción social escalaría luego en la primera década de este siglo para extenderse como llamarada en todo el territorio nacional a partir del 2010.
En la época de nuestros abuelos nadie dudaba que las instituciones tuvieran el control firme de la seguridad nacional.
Dicha fuerza permitió a los gobiernos solventar con éxito las amenazas guerrilleras en el sur (las de verdad, no la pantomima de MARCOS).
Hasta finales del siglo 20, el narcotráfico operó con exitosa discreción, sin reclutar sicarios, atendido por una élite de capos que operaron sobre límites geográficos bien definidos.
Para cuidar a los jefes y custodiar el trasiego de drogas se bastaban y sobraban grupos pequeños de pistoleros (expolicías, la mayoría) cuya prosperidad inyectaba recursos a la economía legal sin amenazarla, ni dañarla.
El acuerdo tácito, sordo, entre líneas, imitó al modelo americano donde el cuantioso negocio de los narcóticos opera desde la penumbra, sin afectar a la economía formal.

EL DESGASTE
También he comentado antes en esta columna que este fue el modelo que siguió México durante el siglo 20, mientras el estado postrevolucionario fue capaz de proporcionar los mínimos de bienestar social.
La crisis del modelo benefactor (LEA, JLP) y las purgas neoliberales (MMH, CSG, EZPL) impactarán también al mundo de abajo, la delincuencia organizada.
La congelación del salario y la caída drástica en el poder adquisitivo de los trabajadores, habrán de catapultar a millares de jóvenes sin esperanza hacia la actividad ilegal.
Los mismos cárteles de la droga empiezan a ver con inquietud la irrupción de esa delincuencia emergente representada por el narcotráfico hormiga y el pandillerismo horizontal.
La situación empeora cuando VICENTE FOX (de manera brutal, pagando acaso favores de campaña) permite la invasión de territorios y la ruptura de fronteras que tenían medio siglo funcionando en relativa paz.
Los cárteles se ven obligados a contratar masivamente sicarios. Primero a soldados de élite, después a miembros del bajo ejército y luego a muchedumbres de jóvenes marginados.

LA FRACTURA
Se rompe así el privilegio de la fuerza que por años había detentado el Estado mexicano, desde que la Revolución se bajó del caballo.
Con CALDERÓN no mejoraron las cosas. Su obsesión por demostrar hombría lo llevará a profundizar la guerra en todas las trincheras.
Con éxitos sonados (en efecto) tras la treintena de capos detenidos o abatidos. Pero efectos desastrosos pues, ante la ausencia de jefes, las bandas se fraccionaron en centenares de pandillas tribales que tomaron por rehén a la población.
Milicias irregulares le disputan hoy al gobierno el control de regiones y comarcas, unas veces mediante la confrontación directa, en otras, volviendo cómplices a sus mandos.
El sociólogo alemán MAX WEBER, a quien debemos el referido concepto del “monopolio de la violencia”, solía mencionar a la Europa feudal como ejemplo del caos que era indispensable evitar. El de las guerras privadas.
Entre la pobreza extrema y la corrupción oficial, de alguna manera estamos volviendo a eso. A la ley de la selva.