Cd.
Victoria, Tam. Vuela el tiempo, el lunes
primero de octubre, el gobernador CABEZA DE VACA cumple el primer tercio de su
administración, dos años.
La entrega formal de su segundo informe
tendrá efecto 10 días antes, el viernes 21 de septiembre, en el edificio sede
del poder legislativo estatal, junto al rio.
Los 36 integrantes de la asamblea estatal
ya fueron convocados para ese día por la junta de coordinación política que
preside el diputado de Nuevo Laredo, GLAFIRO SALINAS.
Un día antes, el 20, habrá una sesión extraordinaria
que podría ser maratónica si consideramos su agenda de 28 dictámenes pendientes
desde julio y agosto. Todos a desahogar.
Al día siguiente, en sesión al mismo
tiempo pública, extraordinaria y solemne, viene el segundo informe, ante la
legislatura 63, donde FRANCISCO JAVIER hará entrega del documento.
Dirigirá también un discurso ante los
miembros de dicho poder y sus invitados. En Tamaulipas, hoy en día, esto es
perfectamente posible.
Ello, a diferencia de otras entidades y
del Congreso de la Unión, donde ambos eventos (entrega y mensaje) se verifican
por separado, en espacios y tiempos distintos.
En el inter, el jefe del Ejecutivo
estatal anunció el envío de una muy amplia iniciativa de reformas que busca homologar
el marco jurídico relativo a la desaparición forzada y la tortura.
En documento de 52 páginas, CABEZA DE
VACA propone crear la Comisión Estatal de Búsqueda, así como la Unidad para la
Investigación de la Tortura.
La primera dependería de la Procuraduría
General de Justicia (PGJ), la segunda estaría adscrita a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.
La iniciativa proyecta también renombrar
la actual “Fiscalía Especializada en Atención a Personas No Localizadas o
Privadas de su Libertad” que ahora llevaría el título más sustantivo de “Fiscalía
Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de
Personas”.
ADICIÓN
IMPORTANTE
En el mismo ámbito legislativo, el
diputado priísta ALEJANDRO ETIENNE LLANO promovió un punto de acuerdo sobre el
tema de las mochilas escolares cuyo reparto se suspendió la semana pasada por
encontrarse rastros de haber sido fabricadas para el gobierno de Guanajuato.
El Congreso hizo un exhorto para que las
secretarías de Educación y Administración, así como la Contraloría
Gubernamental y la Fiscalía Anticorrupción, investiguen y deslinden
responsabilidades.
La propuesta de ETIENNE atiende los tres
aspectos del problema que en días previos fueron señalados dentro de la opinión
pública, por medios y redes.
(1) Que la mercancía sea defectuosa,
pues se observaron letreros y logotipos ajenos al estado de Tamaulipas.
(2) Que su adquisición comprenda alguna
suerte de irregularidad, ante la sospecha de que se trate de saldos o sobrantes,
en vez de material nuevo.
(3) Y represente, además, algún riesgo
sanitario, pues se tiene noticia de mochilas similares retiradas de la
circulación por el gobierno guanajuatense, por rebasar en 14 veces los límites
de plomo permitidos por los estándares internacionales para el contacto humano.
Como el lector recordará, el asunto fue
tratado en diversos medios regionales y nacionales al cerrar la semana pasada,
citando, en calidad de proveedora, a la empresa de Guadalajara, Jalisco, PROMO
PAPE DE OCCIDENTE y como fabricante a la compañía GHIGASA COMERCIAL, de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.
Por lo pronto, es una buena noticia que los
diputados tomen cartas en el asunto y los funcionarios involucrados expliquen
bajo qué condiciones se realizó dicha operación.
MUCHO
POR ACLARAR
En nombre de la transparencia, siendo
una adquisición masiva de artículos (400 mil es la cifra que manejó el
gobernador) con una alta erogación del erario (alrededor de 80 millones), hay
razones de sobra para solicitar información sobre las empresas involucradas,
ante la posibilidad de un conflicto de interés.
¿Quiénes son los propietarios de PROMO
PAPE y GHIGASA?
Máxime cuando existen elementos que nos
hablan de una operación hecha con demasiada prisa, como bien lo señala el
dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) ALEJANDRO CENICEROS, en entrevista
con un diario fronterizo.
El argumento de CENICEROS merece ser
considerado, cuando dice que la convocatoria de licitación fue emitida apenas
el 7 de agosto, las aclaraciones fueron el 10, la apertura de propuestas el 17
de agosto y tan solo unos días después, el 20, dio inicio el ciclo escolar.
Tiempo muy corto para la elaboración de
400 mil mochilas, lo cual apoya la idea de que se trata de mercancía reciclada,
saldos, sobrantes, liquidaciones.
El líder petista hizo mención también a
la sospecha de que se trate de las mismas mochilas tóxicas incautadas en
Guanajuato y nos estén mandando desechos.
Finalmente, es importante recordar que
fue una institución científica del gobierno federal la que descubrió el contenido
excesivo de plomo en los referidos artículos de Guanajuato.
Nada menos que el Centro de Innovación
Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), organismo filial del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT).
Amerita, pues, que el Poder Legislativo tamaulipeco
convoque al mismo CIATEC para que verifique la toxicidad de las mochilas
tamaulipecas. Que CONACYT mismo tome cartas en el asunto.
De su dictamen deben depender la
decisión de repartir o regresar la mercancía. También el inevitable deslinde de
responsabilidades y las acciones de justicia que el caso amerite. Es la salud
de miles de niños lo que está en juego.
