Cd.
Victoria, Tam. Queda claro que el
presidente LÓPEZ OBRADOR no quiere verse involucrado de manera directa en las
investigaciones venideras sobre presuntos actos de corrupción perpetrados en
los tres niveles de gobierno.
Está marcando con ello una diferencia respecto
a sus antecesores en el cargo. En particular aquellos que hicieron de la “política
de nota roja” un modus operandi para granjearse capital político a costa de
perseguir a sus adversarios y exhibirlos como carne de presidio.
Este es el sentido original de su
mensaje de campaña, cuando se declaró ajeno a los actos de venganza, aclarando
que tampoco obstaculizaría el trabajo de otras instancias en bien de la
justicia.
Ciertamente, no quiere AMLO que se le
identifique con tareas inquisitoriales. Aunque ello no impide que el poder
legislativo investigue y en su momento reporte sus hallazgos a la PGR, para el procedimiento
penal que corresponda.
En este tenor habrá que reinterpretar
sus promesas de perdón, en los temas más sonados de corrupción. Son muchos y en
los más diversos campos. Tan solo el expediente de ODEBRECHT infecta a sectores
amplios de la administración federal y los estados.
La llamada estafa maestra es de consecuencias
tan vastas, que no se puede borrar llamando a ROSARIO ROBLES “chivo expiatorio”,
frase tan poco sustantiva como el consejo hueco de “no te preocupes ROSARIO”,
emitido por EPN.
Al menos por hoy, todo indica que LÓPEZ
OBRADOR desea el mayor sigilo posible en estos asuntos, en tanto no tome posición
como presidente y controle a plenitud las riendas del poder nacional.
Lo cual no impide que sus legisladores
(estos sí, en pleno uso de sus facultades) se empiecen a mover con agendas ya
muy concretas.
AVANZA
EL SENADO
Es el caso de la propuesta, con punto de
acuerdo, difundida este martes desde la Cámara de Senadores, donde se busca
crear una comisión especial que investigue las presuntas irregularidades encontradas
por investigaciones periodísticas en SEDESOL y SEDATU, con base en tareas
documentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Convendría recordar una cronología
elemental del tema:
(1) La también llamada “Estafa Maestra” fue
destapada por el portal de noticias ANIMAL POLÍTICO y la asociación civil “Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad” (MCCI) el 5 de septiembre de 2017.
En ella se señalaba un desvío de
recursos superior a los 400 millones de dólares, donde se involucran 11 dependencias
gubernamentales, 8 universidades públicas, 128 empresas fantasma y al menos medio
centenar de servidores públicos.
(2) Dos días después, el 7 de septiembre
de 2017, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentaría un primer punto
de acuerdo en el Senado para dar seguimiento al contenido de dicho reportaje.
(3) El 11 de enero de 2018 el partido Movimiento
Ciudadano (MC) formalizaría una denuncia ante la PGR contra el entonces
candidato del PRI a la presidencia JOSÉ ANTONIO MEADE, por presunta
participación en dichos ilícitos cuando fue titular de Desarrollo Social.
Al señor MEADE se le acusa de haber
encubierto las irregularidades de su antecesora en dicho cargo, ROSARIO ROBLES
BERLANGA, considerada como la orquestadora central de este entramado
multimillonario.
(4) El referido mega reportaje de ANIMAL
POLÍTICO recibiría el 7 de mayo de 2018 el Premio Ortega y Gasset de Periodismo
en la categoría Mejor Historia o Investigación Periodística.
(5) Y, bueno, el caso cobró un segundo
aire el pasado 11 de septiembre de 2018 cuando el diario REFORMA publicó nuevas
revelaciones sobre un presunto desvío de 700 millones de pesos (¡en efectivo!) imputado
de nuevo a la SEDESOL de la señora ROBLES BERLANGA.
LUPÍTA
Y RICARDO
Sirvan estos antecedentes a manera de
contexto para entender mejor la iniciativa presentada por la senadora
tamaulipeca de mayoría MARÍA GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES y su líder zacatecano
RICARDO MONREAL ÁVILA, en seguimiento a este segundo escándalo hoy bautizado
como “La Estafa Maestra 2”.
Por lo cuál se está solicitando la
comparecencia de los titulares de las referidas SEDATU y SEDESOL, así como de
la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Servicio
de Administración Tributaria (SAT) y hasta la PGR, oiga usted.
Según la bancada de MORENA en la Cámara
Alta, “existen claras irregularidades que deben ser investigadas a fondo” en
dependencias donde se desvían recursos “que deberían ser para la atención de la
gente más desprotegida.”
En paralelo, el senador panista por
Querétaro, MAURICIO KURI GONZÁLEZ, propuso otra comisión que daría seguimiento
al caso ODEBRECHT al que calificó como “el escándalo más grande de corrupción
en América Latina”.
No será AMLO, pues, quien de manera
directa atice estos fuegos. Trabajarán en ello las dependencias
correspondientes. Pero de que habrá justicia, de eso no debe quedar la menor
duda.
Ya no depende siquiera del presidente. La
gravedad de los hechos es tan palpable que las investigaciones del caso prácticamente
caminan solas.
Y todas, mire usted, apuntan a los
niveles más altos de la administración pública federal, salpican a
gobernadores, rectores y empresarios de la más diversa ralea.
