Cd.
Victoria, Tam.- Inicia la segunda semana de trabajo. El arranque del
gobierno americanista está marcado por la necesidad urgente de diagnosticar,
sector por sector, el estado que guarda la administración estatal.
Dimensionar el daño a la hacienda pública en dinero y especie. Los que se marcharon, cuánto dejaron y también el tamaño y naturaleza de la deuda, con bancos y proveedores.
Son tiempos de inventario que deberá ser muy riguroso, por su carácter tardío. La razón, mire usted, es que el gabinete saliente boicoteó el proceso de entrega-recepción y sus operadores se negaron a rendir cuentas al equipo entrante.
No esperaron a sus relevistas. Nomás se fueron y ni adiós dijeron. Algún observador lo dijo, los vieron salir por la puerta trasera, cargados de bultos, con pasito apresurado y entre murmullos inaudibles.
Por igual interesa saber en qué condición se encuentran las instalaciones gubernamentales, edificios, parque vehicular y equipamiento en oficinas, escuelas y hospitales, por mencionar algunos rubros.
Los nuevos inquilinos se quejan de que sus antecesores ni computadoras dejaron. Aquí y allá se repite el viejo dicho de todo lo que no estuviera fijado con clavos o empotrado en cemento fue objeto de saqueo.
Equipo de oficina, mobiliario, teléfonos, fotocopiadoras, televisores, aires acondicionados, papelería. Manoteo brutal, se llevaron hasta los focos.
A todo esto hay que ponerle números como primer paso para dimensionar el monto de las erogaciones que será necesario emprender al subsanar esa pérdida que desde ahora se califica de cuantiosa y diversa.
Entre otras razones, fincar responsabilidades, área por área, oficina por oficina. Y esto aplica lo mismo en Seguridad Pública que en Salud, Bienestar Social, Educación, Desarrollo Rural, Vivienda o Turismo. Sin olvidar al DIF estatal.
La buena memoria ayuda. El 30 de septiembre del año 2016, cuando CABEZA DE VACA presentó su gabinete principal en Tampico (lejos de su odiada Ciudad Victoria) prometió muchas cosas que hoy se le revierten.
Como, por ejemplo, “una administración más eficiente, transparente y sensible”, a cargo de “un equipo de trabajo profesional y conocedor”.
Responsabilidad y negocios familiares fueron de la mano con un grado de intimidad nunca antes visto. O, mejor dicho, encontraron destino común en las cuentas bancarias del líder y su grupo.
ENCLAVES CAMINEROS
El tema concreto de la seguridad pública reviste interés especial por residir en ello el mayor motivo de orgullo para CABEZA DE VACA y su candidato fallido, el exsecretario general de gobierno CESAR VERÁSTEGUI OSTOS.
Entre otros, el deterioro notable en que se encuentran instalaciones estratégicas como el denominado C4, cuyo nombre completo es Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.
Aunque también las estaciones de atención a paseantes que presuntamente se instalarían cada 50 kilómetros en las principales carreteras de la entidad, con personal de la Policía Estatal y “tecnología de última generación.”
Meta que, por cierto, jamás se alcanzó. Apenas en agosto pasado, CABEZA DE VACA entregó la estación número 23 ubicada en el kilómetro 40 de la carretera federal entre Aldama y Soto la Marina.
Al menos en el papel, las citadas estaciones contarían (mire usted) con áreas de atención al público, oficina, sala de monitoreo, telecomunicación con voz y datos, armería, cocineta, desayunador, cochera doble, dormitorios triples y área de acondicionamiento físico.
Todo ello para la atención de emergencias, vigilancia y apoyo carretero, brindando auxilio y orientación las 24 horas a quienes viajan por placer o negocio. Por supuesto, del dicho al hecho hay mucho trecho
Quienes a partir del primero de octubre pasado están tomando el mando nos cuentan que buena parte de los centros se instaló en predios irregulares, sin mediar acuerdo formal de renta o compraventa con sus propietarios originales.
Lo cual representa un potencial de problemas para el nuevo gobierno, ya que fueron inversiones fuertes edificadas sobre una base legal endeble, con las consecuentes broncas jurídicas que ello representaría en el corto y mediano plazos.
Pendiente, también, el verificar si los citados centros tienen el equipamiento que presumen. Es decir, (1) si la instalación existe, (2) si funciona como se prometió y si además (3) se conserva ahí dónde la pusieron, una vez concluido el sexenio.
O le pasó lo mismo que al equipo de oficinas mencionado líneas arriba. Que desapareció arrastrado por los tormentosos vientos del cambio.
Todo eso le cuesta al erario, se invierte, gasta o malgasta a cuenta del contribuyente, de aquí la necesidad de esclarecer el uso de esos recursos.
HUELLAS DEL ABANDONO
Se insiste asimismo en que patrullas y camionetas de la Policía Estatal conforman hoy día una lamentable colección de chatarra inservible. También en esto hubo manoteo artero y sistemático de eso que llaman sobrefacturación.
Concepto al que los tumbaburros jurídicos definen como: “acción de declarar en la factura correspondiente un precio de compraventa superior al precio real pagado en la transacción.” (https://tinyurl.com/2h3rcyjv)
Rubros imaginarios como “asesoría jurídica”, “supervisión administrativa”, “planeación estratégica”, “monitoreo”, “servicios de mantenimiento”, o simples “relaciones públicas”, sin utilidad visible y cuya concreción queda en el misterio, aunque se hayan pagado cifras estratosféricas.
Se elaboraron y liquidaron sin razón existente, como trampa grosera para disfrazar la transferencia cínica de recursos públicos a cuentas particulares.
Esas firmas fantasmales con domicilio fiscal en ninguna parte. O bien con residencia en algún solitario predio rural, sin huella ni rastro de actividad empresarial alguna.
Volviendo con seguridad, tema aparte es el de los talleres mecánicos contratados para dar servicio a la Policía Estatal y las diversas oficinas de tránsito, donde hoy día es visible la acumulación de vehículos, unos chocados, otros agobiados por el uso regular y también lastimados por eventuales agujeros de bala.
Necesario es recordar que PACO CABEZA (desde que fue alcalde en Reynosa) se ganó la triste fama de “mala paga”. Esa fea costumbre de quedarle a deber a los particulares que venden un bien o prestan un servicio a las diversas instancias gubernamentales.
Muchos de ellos, por cierto, antiguos financieros de campaña, primero ilusionados, luego decepcionados y finalmente encorajinados contra su paladín democrático.
También en este rubro hay una herencia difícil para el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL. Porque las deudas se heredan y también el costoso abandono que deriva de compromisos incumplidos. Y mire usted que la evaluación del saqueo apenas empieza.
Con la información a la vista se adivina desde hoy un recuento de daños amplio y diversificado, dada la voracidad que imperó en toda la estructura gubernamental.
Fenómeno notable por su extensión y profundidad, aunque sin duda rico en historias periodísticas. Tiempo de relatorías el nuestro, mucha narrativa en curso.
Dimensionar el daño a la hacienda pública en dinero y especie. Los que se marcharon, cuánto dejaron y también el tamaño y naturaleza de la deuda, con bancos y proveedores.
Son tiempos de inventario que deberá ser muy riguroso, por su carácter tardío. La razón, mire usted, es que el gabinete saliente boicoteó el proceso de entrega-recepción y sus operadores se negaron a rendir cuentas al equipo entrante.
No esperaron a sus relevistas. Nomás se fueron y ni adiós dijeron. Algún observador lo dijo, los vieron salir por la puerta trasera, cargados de bultos, con pasito apresurado y entre murmullos inaudibles.
Por igual interesa saber en qué condición se encuentran las instalaciones gubernamentales, edificios, parque vehicular y equipamiento en oficinas, escuelas y hospitales, por mencionar algunos rubros.
Los nuevos inquilinos se quejan de que sus antecesores ni computadoras dejaron. Aquí y allá se repite el viejo dicho de todo lo que no estuviera fijado con clavos o empotrado en cemento fue objeto de saqueo.
Equipo de oficina, mobiliario, teléfonos, fotocopiadoras, televisores, aires acondicionados, papelería. Manoteo brutal, se llevaron hasta los focos.
A todo esto hay que ponerle números como primer paso para dimensionar el monto de las erogaciones que será necesario emprender al subsanar esa pérdida que desde ahora se califica de cuantiosa y diversa.
Entre otras razones, fincar responsabilidades, área por área, oficina por oficina. Y esto aplica lo mismo en Seguridad Pública que en Salud, Bienestar Social, Educación, Desarrollo Rural, Vivienda o Turismo. Sin olvidar al DIF estatal.
La buena memoria ayuda. El 30 de septiembre del año 2016, cuando CABEZA DE VACA presentó su gabinete principal en Tampico (lejos de su odiada Ciudad Victoria) prometió muchas cosas que hoy se le revierten.
Como, por ejemplo, “una administración más eficiente, transparente y sensible”, a cargo de “un equipo de trabajo profesional y conocedor”.
Responsabilidad y negocios familiares fueron de la mano con un grado de intimidad nunca antes visto. O, mejor dicho, encontraron destino común en las cuentas bancarias del líder y su grupo.
ENCLAVES CAMINEROS
El tema concreto de la seguridad pública reviste interés especial por residir en ello el mayor motivo de orgullo para CABEZA DE VACA y su candidato fallido, el exsecretario general de gobierno CESAR VERÁSTEGUI OSTOS.
Entre otros, el deterioro notable en que se encuentran instalaciones estratégicas como el denominado C4, cuyo nombre completo es Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo.
Aunque también las estaciones de atención a paseantes que presuntamente se instalarían cada 50 kilómetros en las principales carreteras de la entidad, con personal de la Policía Estatal y “tecnología de última generación.”
Meta que, por cierto, jamás se alcanzó. Apenas en agosto pasado, CABEZA DE VACA entregó la estación número 23 ubicada en el kilómetro 40 de la carretera federal entre Aldama y Soto la Marina.
Al menos en el papel, las citadas estaciones contarían (mire usted) con áreas de atención al público, oficina, sala de monitoreo, telecomunicación con voz y datos, armería, cocineta, desayunador, cochera doble, dormitorios triples y área de acondicionamiento físico.
Todo ello para la atención de emergencias, vigilancia y apoyo carretero, brindando auxilio y orientación las 24 horas a quienes viajan por placer o negocio. Por supuesto, del dicho al hecho hay mucho trecho
Quienes a partir del primero de octubre pasado están tomando el mando nos cuentan que buena parte de los centros se instaló en predios irregulares, sin mediar acuerdo formal de renta o compraventa con sus propietarios originales.
Lo cual representa un potencial de problemas para el nuevo gobierno, ya que fueron inversiones fuertes edificadas sobre una base legal endeble, con las consecuentes broncas jurídicas que ello representaría en el corto y mediano plazos.
Pendiente, también, el verificar si los citados centros tienen el equipamiento que presumen. Es decir, (1) si la instalación existe, (2) si funciona como se prometió y si además (3) se conserva ahí dónde la pusieron, una vez concluido el sexenio.
O le pasó lo mismo que al equipo de oficinas mencionado líneas arriba. Que desapareció arrastrado por los tormentosos vientos del cambio.
Todo eso le cuesta al erario, se invierte, gasta o malgasta a cuenta del contribuyente, de aquí la necesidad de esclarecer el uso de esos recursos.
HUELLAS DEL ABANDONO
Se insiste asimismo en que patrullas y camionetas de la Policía Estatal conforman hoy día una lamentable colección de chatarra inservible. También en esto hubo manoteo artero y sistemático de eso que llaman sobrefacturación.
Concepto al que los tumbaburros jurídicos definen como: “acción de declarar en la factura correspondiente un precio de compraventa superior al precio real pagado en la transacción.” (https://tinyurl.com/2h3rcyjv)
Rubros imaginarios como “asesoría jurídica”, “supervisión administrativa”, “planeación estratégica”, “monitoreo”, “servicios de mantenimiento”, o simples “relaciones públicas”, sin utilidad visible y cuya concreción queda en el misterio, aunque se hayan pagado cifras estratosféricas.
Se elaboraron y liquidaron sin razón existente, como trampa grosera para disfrazar la transferencia cínica de recursos públicos a cuentas particulares.
Esas firmas fantasmales con domicilio fiscal en ninguna parte. O bien con residencia en algún solitario predio rural, sin huella ni rastro de actividad empresarial alguna.
Volviendo con seguridad, tema aparte es el de los talleres mecánicos contratados para dar servicio a la Policía Estatal y las diversas oficinas de tránsito, donde hoy día es visible la acumulación de vehículos, unos chocados, otros agobiados por el uso regular y también lastimados por eventuales agujeros de bala.
Necesario es recordar que PACO CABEZA (desde que fue alcalde en Reynosa) se ganó la triste fama de “mala paga”. Esa fea costumbre de quedarle a deber a los particulares que venden un bien o prestan un servicio a las diversas instancias gubernamentales.
Muchos de ellos, por cierto, antiguos financieros de campaña, primero ilusionados, luego decepcionados y finalmente encorajinados contra su paladín democrático.
También en este rubro hay una herencia difícil para el gobierno de AMÉRICO VILLARREAL. Porque las deudas se heredan y también el costoso abandono que deriva de compromisos incumplidos. Y mire usted que la evaluación del saqueo apenas empieza.
Con la información a la vista se adivina desde hoy un recuento de daños amplio y diversificado, dada la voracidad que imperó en toda la estructura gubernamental.
Fenómeno notable por su extensión y profundidad, aunque sin duda rico en historias periodísticas. Tiempo de relatorías el nuestro, mucha narrativa en curso.
