Cd. Victoria.- Aún no se dispersaba el olor de los cuerpos calcinados en Santa Anita de Camargo, cuando ya doña OLGA SÁNCHEZ CORDERO, titular de SEGOB, con su estilo minimalista y pudibundo, aseguraba que el caso sería distinto a lo ocurrido en San Fernando.
¡Ande
usted!... Fueron sus declaraciones en la mañanera del 27 de enero. Empezaba
apenas la investigación, los peritos se encontraban en la tarea inicial de
levantar evidencias, desenterrar, analizar, identificar a las víctimas, pero la
señora ya tenía conclusiones tajantes que anunciar.
¿Por
qué tanta prisa para hacer deslindes y en base a qué?... Mire usted, entre
otras imprecisiones, OLGUITA se refiere al asunto en singular (“por ningún
motivo es igual a lo que sucedió en San Fernando”).
Parecería
que la dama conoce el tema solo de oídas. Alguien debe explicarle que no fue un
escándalo sino dos los que registra la prensa de aquella época (2010 y 2011).
El primero,
en efecto, fue una carnicería brutal registrada entre el 22 y 23 de agosto de
2010 en el ejido El Huizachal. Las cifras oficiales hablan de 72 ejecutados, 58
hombres y 14 mujeres, en su mayoría migrantes: 21 hondureños, 14 salvadoreños
y 10 guatemaltecos, entre otros.
El
segundo en 2011 y más que un episodio, se trató de un hallazgo de fosas
clandestinas, acaso resultado de varios eventos anteriores registrados en la región.
Al respecto
se habla de 193 víctimas, aunque tratándose de restos humanos, siempre pueden
ser más, según la extensión y la profundidad de las excavaciones.
En ambos
descubrimientos se presume la autoría del crimen organizado. Si alguna complicidad
hubiera de las corporaciones municipales, estatales y federales, sería por
inacción o encubrimiento.
Pero
la señora SÁNCHEZ CORDERO insiste en que la más reciente masacre de Santa Anita
de Camargo “no es otro San Fernando” porque: “estamos avanzando en la
investigación de manera contundente.”
Quiero
entender que su deseo de hacer distingos vendría de los presuntos avances logrados
por el gobierno obradorista en el acopio de datos. La declarante finca la
diferencia en un aspecto tan vaporoso y elusivo como es la actitud oficial.
“No es
otro San Fernando” (declama) porque ahora tienen más información; “no es otro San
Fernando” porque (canturrea) lo investigan mejor. Y “no es otro San Fernando”
porque ahora gobierna la 4T y el profeta ha dicho que no somos iguales. Subjetividad
pura.
OTROS
DATOS
Pero
la realidad dice lo contrario. Disculpe usted, pero si hay elementos suficientes
para equiparar el tema de Camargo con las tragedias anteriores.
Particularmente,
con la de 2010, donde: (1) indocumentados centroamericanos, (2) cruzan el
territorio nacional (3) buscan llegar a Estados Unidos, (4) son interceptados
por grupos delictivos que cobran peaje a las rutas de pateros y (5) al no
conseguirlo, deciden matarlos.
Mire
usted, doña OLGA, el esquema es idéntico, no sé de dónde saca usted la
diferencia. O quizás lo único distinto es que los asesinos de Camargo son
policías y esto (fíjese nada más) torna más grave el asunto.
Y no estamos
hablando de policías comunes y corrientes. Son “rambos”, fuerzas especiales,
gente muy selecta, bastante más preparada y capacitada, mejor armada, equipada
y pagada. Ellos fueron.
Aunque
esto no cambia el patrón común de ambos episodios criminales, agosto de 2010 y
enero de 2021. Objetivamente hay elementos claros que los emparentan. Es el
mismo esquema de secuestro, extorsión y muerte, solo que peor, porque los
perpetradores esta vez portaban placa y uniforme.
Está
por verse si el gobierno de LÓPEZ OBRADOR es capaz de marcar una diferencia con
respecto al gobierno de FELIPE CALDERÓN, al que le tocó lidiar con las masacres
previas.
El
reporte más reciente de la fiscalía tamaulipeca nos dijo este sábado que de los
19 cadáveres ya se han identificado 16, 14 guatemaltecos y 2 mexicanos.
Se sabe
que los 12 policías detenidos han estado compareciendo a puerta cerrada y no precisamente
por el miedo al contagio de Coronavirus. Son gentilezas, consideraciones, cortesías,
por la estrecha cercanía que priva entre quienes interrogan y quienes son
interrogados.
Por
todo ello, el temor al carpetazo es real. Se funda en experiencias anteriores,
cuando han prometido investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien
caiga y todo queda en el más vergonzoso parto de los montes.
De no haber deslinde claro de responsabilidades, de no llegar hasta las debidas consignaciones y sentencias ejemplares contra los ejecutores y sus jefes, el fracaso de la justicia será doble. Para el estado y la federación.
