Cd.
Victoria, Tam. Aparentemente hay
coincidencia entre la diversidad de grupos que hablan hoy de otorgar sustento
jurídico a la producción y comercialización de estupefacientes.
En el fondo los enfoques divergen, en
razón de sus propósitos. Las diferencias pueden ser tan amplias y sustantivas,
que hasta cabe valorarlas como posturas antagónicas, a pesar de sus semejanzas
formales.
En primer lugar, habría que mencionar
las propuestas de legalización promovidas desde los sectores progresistas
vinculados a la academia, preocupados por la salud pública y la seguridad
nacional.
En este caso, se asume esta reforma como
un mal menor ante (1) el fracaso del enfoque prohibicionista, (2) la necesidad
de tratar a los adictos como pacientes y no como delincuentes, amén de (3) atajar
la acumulación de grandes capitales en las organizaciones delictivas que se benefician
con los altos precios y los índices mayúsculos de ganancia derivados de la
prohibición.
No se trata aquí de promover la economía
o el consumo de estas sustancias. Menos aún de fincar en ello esperanza alguna
de prosperidad nacional. Solamente de frenar sus efectos más peligrosos,
haciendo un manejo inteligente y cauteloso del problema.
Desde luego, se reconoce un uso terapéutico
de los productos que derivan de la marihuana y la amapola, pero bajo vigilancia
médica.
Por igual se sabe de su empleo
recreativo, aunque observado con las reservas del caso, reconociendo que el
callejón oscuro de las adicciones existe, es amplio, grave, indeseable.
De aquí el cuidado que la legalización representa
para la lógica de la responsabilidad individual y colectiva, en conciencia de
los riesgos que dicho consumo entraña.
Bajo este enfoque, el mercado de psicotrópicos
no es, ni debe ser, un instrumento de desarrollo, inversión o generación de
empleos.
Se trata de un renglón económico que
debe manejarse con extrema cautela, al que se busca dotar de un marco
regulatorio solo para atenuar la rudeza del crimen organizado y emprender
acciones institucionales de salud pública más profundas y efectivas.
Este sería el planteamiento que el nuevo
gobierno de LÓPEZ OBRADOR se ha propuesto estudiar, en el entendido de que el
concepto esencial es tolerancia. Nunca promoción de dicha actividad.
DINERO,
DINERO…
Contrario y altamente riesgoso es el planteamiento
que se ha venido publicitando en los últimos años por algunos sectores
abiertamente interesados en inyectar recursos a un probable mercado legal de
drogas.
En esta lógica de codicia infame se
inscriben los esfuerzos interesados del expresidente VICENTE FOX quien, con una
mezcla de verdades a medias y mentiras rampantes, pretende situar dicho propósito
como panacea para (1) terminar con la violencia y (2) detonar el desarrollo
económico.
La primera premisa es del todo falsa, si
consideramos que la explosión delictiva tiene un trasfondo de pobreza y
desigualdad en el ingreso cuya virulencia no se resuelve cambiando
una ley.
La segunda es altamente improbable pues,
en cualquier caso, la marihuana o las drogas heroicas de exportación poseen márgenes
muy altos de ganancia gracias a la prohibición. Su regularización implicaría la
caída drástica del precio.
La cantaleta de FOX es además monstruosa
en sus fines. Contemplaría una promoción intensiva del mercado interno (que los
mexicanos consuman más drogas) con ideas como el vender marihuana en las
tiendas de conveniencia (en los Oxxos, fue el ejemplo que empleó).
Su plataforma de despegue fue aquel
célebre discurso dado en el rancho San Cristóbal en junio de 2013, primer año
del presidente PEÑA NIETO.
Ahí están todas las coartadas básicas de
su muy personal utopía, que en años posteriores desglosaría con diversas variantes
y ante diferentes públicos.
Argumentos ideáticos que (como luego
veríamos con el fracking) no obedecen a un planteamiento imparcial, honesto del
asunto.
Derivan, más bien, de una estrategia de
marketing, donde FOX actúa como parte interesada, como vendedor. Con todo el blof
del publicista que actúa orientado en función de la máxima ganancia.
SUEÑOS
DE OPIO
Bajo ese enfoque viene afirmando que al
campo mexicano (incluyendo distribuidores y vendedores) le iría
“formidablemente bien” si se legaliza la mariguana, aceptando desde entonces sus
planes de invertir en el negocio.
Sueña con arrebatar los “millones y
millones” que ganan los cárteles, para “que ese dinero lo tengan los empresarios”
(entre los que, por supuesto, se incluye).
De aquel tiempo data su propuesta de comercialización
abierta, directa, llevada al punto de venta más cercano para el consumidor:
“Hagan de cuenta una Oxxo, perfectamente
exhibido el producto en las vitrinas, en todas sus variedades, cantidades,
precios; en la trastienda se está envasando, atrás de la trastienda está el
invernadero, donde se está produciendo la planta, productos de gran calidad,
bajo un control estricto.”
Eso fue en 2013. En el actual 2018 ha
extendido su propuesta a las drogas duras que derivan de la amapola con el
mismo sentido del marketing.
Ganar con la exportación y expandir el
mercado interno, facilitar su acceso a toda la población, bajo la misma
ambición de altas ganancias, al cabo no hace daño, ya se lo dijeron sus amigos
americanos. Pero se lo dicen (sobre todo) sus bolsillos.
Aquí es donde se observa la paradoja
prevista en las primeras líneas de este comentario. Las propuestas de AMLO y
FOX pueden parecerse en algunos aspectos, aunque sus propósitos las hacen
incompatibles.
El obradorismo busca la legalización para
desinflar la burbuja de ganancia que obtienen los cárteles y tratar en un
entorno más benigno el grave problema de las adicciones.
Al enfoque foxista le importan pura
chingada las adicciones. Por el contrario, quiere detonar el consumo, inspirado
en la más cruda lógica del lucro.
