Cd.
Victoria.- Este fin de semana cumple un año el
secuestro y asesinato de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Los resultados son contradictorios. Por un
lado, el gobierno de ENRIQUE PEÑA NIETO se encuentra hoy en condiciones de exponer
un número importante de avances concretos en la persecución y castigo a las
bandas criminales involucradas en la masacre.
Sin embargo, tras 12 meses de intensa indagación,
el trabajo que resta por hacer acaso sea de importancia similar al realizado,
dado que (1) aún no hay explicación plausible sobre la forma en que ocurrieron
los hechos ni tampoco (2) evidencia concluyente que demuestre el paradero de
las víctimas, incluyendo aquí el destino más probable, el de su presunta
incineración.
LOGROS
INNEGABLES
Importa subrayar que a resultas de las
primeras investigaciones perdieron su cargo el entonces gobernador de Guerrero
ANGEL AGUIRRE y el alcalde de Iguala JOSE LUIS ABARCA, quien posteriormente
sería arrestado junto con su esposa MARÍA DE LOS ANGELES PINEDA.
El número de detenidos sobrepasa al centenar
y medio, incluyendo delincuentes, policías y funcionarios de seguridad pública municipal,
de Iguala y del vecino ayuntamiento de Cocula.
Entre acciones de la justicia y ajustes de
cuentas criminales, el clan familiar de MARÍA DE LOS ANGELES (incluyendo padres
y hermanos) está prácticamente desmantelado.
El último eslabón, su hermano SALOMÓN JR, (el
Salo o El Molón) cayó 11 días después de la desaparición de los normalistas, el
8 de octubre de 2014.
El mes de octubre de 2014 será recordado
porque los golpes del gobierno contra el hampa asentada en la región norte de
Guerrero y el vecino estado de Morelos se sucedían uno tras otro, a la orden
del día.
Apenas una semana antes, el primero de
octubre, en el contexto de la averiguación sobre el mismo caso, cayó también el
último de los hermanos BELTRÁN, de nombre HECTOR, en San Miguel de Allende,
Guanajuato.
La misma suerte correrían los líderes de la
organización “Guerreros Unidos”. Antes del caso Ayotzinapa, en mayo de 2014,
había sido aprehendido MARIO CASARRUBIAS (conocido como “el Sapo Guapo”).
Tres semanas después del caso Ayotzinapa,
el 18 de octubre, se informó que su hermano SIDRONIO CASARRUBIAS fue capturado
por fuerzas federales en la carretera México-Toluca.
De la misma banda, BENJAMÍN MONDRAGÓN (el
Benjamón) se habría quitado la vida en una casa de seguridad al verse
acorralado por el ejército en Jiutepec, Morelos, el 14 de octubre.
La cadena de golpes se habrá de extender durante
los siguientes meses hasta el 17 de septiembre pasado, cuando el flamante Comisionado
Nacional de Seguridad, RENATO SALES, reportó la captura de GILDARDO LÓPEZ,
"El Gil", identificado como el líder que operó la desaparición de los
normalistas.
LA
INSATISFACCIÓN
Sin embargo, por razones humanamente
explicables, no hay ni puede haber conformidad o sosiego en la opinión pública
nacional (y, por extensión, la internacional) mientras los cadáveres no
aparezcan.
Lo cuál significa una pesada baldosa para
el gobierno federal si tomamos nota de las declaraciones emitidas por los
detenidos que coinciden en confirmar la especie en torno a cuerpos incinerados y
arrojados al caudal del cercano río San Juan.
A un año de los hechos, la atención de la
opinión pública ha regresado con mayor fuerza a la noche de los
acontecimientos, reencontrándose con una serie de detalles demasiado obvios que
parecen haber quedado fuera de la investigación desde el primer día.
Y es que Iguala, mire usted, es el tercer
municipio en importancia de los 81 que tiene Guerrero, después de Acapulco y
Chilpancingo.
Está muy lejos de ser una aldea bucólica
perdida en selva, desierto o montaña (como pretendían los despachos de prensa
norteamericanos los primeros días) sino que se ubica en un bien comunicado
valle en la así llamada Región Norte del Estado, al paso de la Autopista del
Sol, entre otras vías.
Por dichas razones cuenta con destacamentos
importantes de las dos grandes corporaciones estatales, la Preventiva, dependiente
de la Secretaría de Seguridad Pública y la Ministerial, que es el brazo armado
de la Procuraduría guerrerense.
Habrá que considerar también al ejército,
el 27 Batallón de infantería (entre cuatro y cinco compañías, más de medio
millar de efectivos) y la Policía Federal, dependiente de SEGOB.
INACCIÓN
CULPOSA
Por igual resulta indispensable subrayar que
los hechos no ocurrieron de manera inesperada, sino que hubo escarceos previos
como la balacera en un negocio de autolavado o las ráfagas contra el autobús
del club deportivo que debieron poner en alerta a todas las
corporaciones estatales y federales.
Lo que sea que haya pasado, ni fue en
despoblado ni los tomó por sorpresa. En ello se basa la sensación detectada en
el ánimo nacional en el sentido de que dichas corporaciones nada hicieron para
impedir el secuestro de los jóvenes por parte de los policías municipales.
Lo cuál ocurrió ante sus ojos (“en sus
narices”, dice la gente) sin que ninguna de esas autoridades estatales y
nacionales se dignara intervenir.
Estaríamos pues ante un caso de inacción
brutal, aterradora. En cualquier democracia que se respete, un primer paso por
parte del Gobierno de la República debió ser el arresto de las principales autoridades
estatales y federales, civiles y militares, destacamentadas en el lugar, para
que respondieran por la pasividad observada.
Nada ocurrió. Todos los encargados (fallidos)
de garantizar la seguridad en Iguala siguen libres, incluyendo el comandante
del 27 Batallón, el coronel JOSÉ RODRÍGUEZ PÉREZ, al que solamente se le
reubicó en otro cuartel, sin mayores pesquisas.
La pregunta básica: ¿Quién puede tener
tanto poder para ANULAR a todas las dependencias, reducir a soldados, policías
federales, preventivos estatales y ministeriales del Estado al papel de meros
espectadores, pasivos (en el mejor de los casos) o acaso coadyuvantes, como se
sospecha hoy?
¿A
QUIÉN RECLAMAR?
Y tanto poder se requiere para anular a un
repertorio diverso de instancias gubernamentales que por ello los padres de familia
terminaron responsabilizando al Presidente de México.
Lo cuál resulta improbable porque ENRIQUE PEÑA
NIETO y su equipo, en todo caso, se ubican entre la parte afectada. El escándalo
los arrastró al momento en que celebraban la exitosa consecución de sus
reformas.
En este sentido, el caso difícilmente
encajaría dentro de lo que se conoce como Crimen de Estado, aunque ciertos
medios y organizaciones pretendan verlo así.
Y no lo fue, entre otras razones, porque al
momento en que se desencadenan los hechos no había (siquiera) Estado en
funciones, ya que las autoridades en los tres niveles se encontraban anuladas
por los poderes fácticos que operan en esa zona convertida en floreciente
productora y exportadora de heroína.
Y aunque el Gobierno de la República,
prácticamente desde el primer día, esté dando pasos en el camino correcto al
golpear con severidad a las redes delictivas de esa región (CASARRUBIAS,
PINEDA, BELTRAN, el GIL), el reclamo social hoy imperante deriva de un hecho
medular, aún sin resolver.
Los autores materiales (“Guerreros Unidos”
y similares) actuaron con un descaro escalofriante, sin encontrar resistencia
entre un abanico amplio de autoridades.
Los verdugos tuvieron manos libres frente
al inexplicable vacío de poder, sin duda muy cercano al concepto de estado
fallido. Estado ausente, al menos en ese momento y en ese lugar.
Cabría dudar en que ABARCA haya tenido dicho
poder. La pregunta es quién (o quiénes) efectivamente lo tienen, más allá de
sus cuñados PINEDA, más arriba de sus socios CASARRUBIAS y BELTRÁN LEYVA.
Y más allá también de las costosas tareas
periciales, los cadáveres incinerados, el llanto de madres y hermanos, los plantones,
marchas y cartelones en plazas y parques del extranjero, la explicación final
descansa en dicho vacío. La respuesta, hoy más que nunca, está en Iguala.
