Cd. Victoria, Tam.- Llegan en plan de cazafantasmas o acaso como los hombres de negro, en
busca de esperpentos que capturar. Son los señores FEDERICO GONZÁLEZ SCOTT
y JESÚS EDUARDO GOVEA OROZCO,.
El primero recién nombrado Vicefiscal Especializado en Procesos Penales y el segundo aterrizado en Investigación. Ambos cargos relativos al tema de la corrupción.
En lo que se refiere a GONZÁLEZ SCOTT es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana, Maestro en Derecho Procesal Penal y posee doctorado en Derecho Penal, Constitucional y de Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.
Dentro de su experiencia laboral, destaca el haber ocupado la subdelegación y luego la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas.
En cuanto a GOVEA OROZCO es licenciado en Derecho por la UAT, tiene Maestría en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, ha ocupado diversos cargos en la antes llamada Procuraduría (hoy Fiscalía) de Tamaulipas, entre otros, el de Agente del Ministerio Público, Subdirector de Averiguaciones Previas y Director para la Implementación de la Reforma Penal.
Sus nombramientos fueron propuestos por el Fiscal General IRVING BARRIOS y aprobados por mayoría en el congreso. Cabe recordar que GOVEA había sido originalmente promovido para ocupar la Fiscalía Anticorrupción luego de que su titular RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA fuera cesado por el mismo poder legislativo.
Como es bien sabido y se ha comentado aquí, RAMÍREZ tomó la vereda de los cuernos (la de los amparos) y encontró (¿en dónde más?, ¡en Reynosa!) quien le despachara un amparo alegre para sortear la disposición legislativa y seguir despachando en su oficina.
Fallo judicial que dejaría en el aire el nombramiento de GOVEA hasta que IRVING requirió de sus servicios, con la creación de las dos vicefiscalías formalmente bajo la jerarquía de RAMÍREZ CASTAÑEDA, aunque su impulsor dentro del poder legislativo fue BARRIOS.
Los nuevos funcionarios llegan a rescatar la institución. Es decir, a que cumpla los objetivos para los cuáles fue creada. Va a hacer el trabajo que RAMÍREZ no ha querido hacer. Investigar y proceder contra las corruptelas del pasado inmediato.
Las cuales, por cierto. No quiere ver, aunque GOVEA y GONZÁLEZ SCOTT llegan con mejor lupa y (esperemos) una disposición más firme.
Importaría, en principio, recordarles que (1) ya se han tardado mucho, (2) no son tiempos para desperdiciar esfuerzos en sardinas o, peor, (3) chivos expiatorios, pues ante la gravedad del saqueo que sufrió Tamaulipas (4) las escaleras deben barrerse de arriba para abajo.
LA CHEROKEE DEL
HORROR
Y no solo hablamos del Ejecutivo estatal sino también de instituciones aledañas. Mire usted, el congreso local acaba de recibir una denuncia de la diputada MAGALY DEÁNDAR ROBINSON, quien llegó cuerpeada por sus compañeros de la bancada guinda.
La dama es legisladora de mayoría por el distrito cinco con cabecera en Reynosa. Con grandes cartelones y mucha determinación se presentó ante el pleno legislativo para señalar probables actos de corrupción dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
¿El tema?... La compraventa de un vehículo propiedad de dicha institución, aparentemente en impecables condiciones (“flamante”, dice, “de lujo”, añade) con valor actual de 600 mil pesos.
¿Y qué le ocurrió al citado vehículo automotor?... ¡Habría sido vendido (según denuncia) en 12 mil 500 pesos mexicanos!, órale, andamos de oferta, ganga, descuento de temporada...
¿Y quien dispuso de la camioneta y a quién se la vendió según doña MAGALY?... El tesorero uateño, aparentemente para obsequio y felicidad de alguien más. Afecto sincero.
La valiente legisladora debe tener (pensamos) elementos probatorios para llegar tan lejos en sus señalamientos. Aunque luego se habla de un anónimo, de esos que (como la palabra lo indica) esconden su nombre.
Mensaje furtivo cuyo autor (o autora, no sabemos), con sibilina astucia y cierta sagacidad literaria, se autodescribió como “una de las tantas personas que se niegan a seguir siendo rehenes del imperio de corrupción que los enemigos del pueblo enquistaron y que hoy, aun después de la transformación, se oponen a ser extirpados, pero ya les está llegando su tiempo.”
Yendo más al detalle, el denunciante (hoy avalado por la señora DEÁNDAR) detalla que el vehículo es una Jeep Cherokee Limited de lujo 4x2, adquirido de agencia y con valor factura de 713 mil pesos. Operación mercantil que data del 30 de diciembre de 2021.
De acuerdo a su relato, tantito menos de 17 meses pasaron y, el 22 de mayo del presente 2023, el mismo automotor fue declarado inservible y se le vendió en la cantidad referida 12 mil 500 pesos.
La figura jurídica citada por MAGALI es quebranto patrimonial en detrimento de la institución educativa. Ello, amén de coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y cohecho.
Señala en ello a media docena de funcionarios, incluyendo al directamente involucrado, el ciudadano tesorero universitario. Desde luego, tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y a ser escuchado.
El primero recién nombrado Vicefiscal Especializado en Procesos Penales y el segundo aterrizado en Investigación. Ambos cargos relativos al tema de la corrupción.
En lo que se refiere a GONZÁLEZ SCOTT es licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana, Maestro en Derecho Procesal Penal y posee doctorado en Derecho Penal, Constitucional y de Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.
Dentro de su experiencia laboral, destaca el haber ocupado la subdelegación y luego la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas.
En cuanto a GOVEA OROZCO es licenciado en Derecho por la UAT, tiene Maestría en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, ha ocupado diversos cargos en la antes llamada Procuraduría (hoy Fiscalía) de Tamaulipas, entre otros, el de Agente del Ministerio Público, Subdirector de Averiguaciones Previas y Director para la Implementación de la Reforma Penal.
Sus nombramientos fueron propuestos por el Fiscal General IRVING BARRIOS y aprobados por mayoría en el congreso. Cabe recordar que GOVEA había sido originalmente promovido para ocupar la Fiscalía Anticorrupción luego de que su titular RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA fuera cesado por el mismo poder legislativo.
Como es bien sabido y se ha comentado aquí, RAMÍREZ tomó la vereda de los cuernos (la de los amparos) y encontró (¿en dónde más?, ¡en Reynosa!) quien le despachara un amparo alegre para sortear la disposición legislativa y seguir despachando en su oficina.
Fallo judicial que dejaría en el aire el nombramiento de GOVEA hasta que IRVING requirió de sus servicios, con la creación de las dos vicefiscalías formalmente bajo la jerarquía de RAMÍREZ CASTAÑEDA, aunque su impulsor dentro del poder legislativo fue BARRIOS.
Los nuevos funcionarios llegan a rescatar la institución. Es decir, a que cumpla los objetivos para los cuáles fue creada. Va a hacer el trabajo que RAMÍREZ no ha querido hacer. Investigar y proceder contra las corruptelas del pasado inmediato.
Las cuales, por cierto. No quiere ver, aunque GOVEA y GONZÁLEZ SCOTT llegan con mejor lupa y (esperemos) una disposición más firme.
Importaría, en principio, recordarles que (1) ya se han tardado mucho, (2) no son tiempos para desperdiciar esfuerzos en sardinas o, peor, (3) chivos expiatorios, pues ante la gravedad del saqueo que sufrió Tamaulipas (4) las escaleras deben barrerse de arriba para abajo.
Y no solo hablamos del Ejecutivo estatal sino también de instituciones aledañas. Mire usted, el congreso local acaba de recibir una denuncia de la diputada MAGALY DEÁNDAR ROBINSON, quien llegó cuerpeada por sus compañeros de la bancada guinda.
La dama es legisladora de mayoría por el distrito cinco con cabecera en Reynosa. Con grandes cartelones y mucha determinación se presentó ante el pleno legislativo para señalar probables actos de corrupción dentro de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
¿El tema?... La compraventa de un vehículo propiedad de dicha institución, aparentemente en impecables condiciones (“flamante”, dice, “de lujo”, añade) con valor actual de 600 mil pesos.
¿Y qué le ocurrió al citado vehículo automotor?... ¡Habría sido vendido (según denuncia) en 12 mil 500 pesos mexicanos!, órale, andamos de oferta, ganga, descuento de temporada...
¿Y quien dispuso de la camioneta y a quién se la vendió según doña MAGALY?... El tesorero uateño, aparentemente para obsequio y felicidad de alguien más. Afecto sincero.
La valiente legisladora debe tener (pensamos) elementos probatorios para llegar tan lejos en sus señalamientos. Aunque luego se habla de un anónimo, de esos que (como la palabra lo indica) esconden su nombre.
Mensaje furtivo cuyo autor (o autora, no sabemos), con sibilina astucia y cierta sagacidad literaria, se autodescribió como “una de las tantas personas que se niegan a seguir siendo rehenes del imperio de corrupción que los enemigos del pueblo enquistaron y que hoy, aun después de la transformación, se oponen a ser extirpados, pero ya les está llegando su tiempo.”
Yendo más al detalle, el denunciante (hoy avalado por la señora DEÁNDAR) detalla que el vehículo es una Jeep Cherokee Limited de lujo 4x2, adquirido de agencia y con valor factura de 713 mil pesos. Operación mercantil que data del 30 de diciembre de 2021.
De acuerdo a su relato, tantito menos de 17 meses pasaron y, el 22 de mayo del presente 2023, el mismo automotor fue declarado inservible y se le vendió en la cantidad referida 12 mil 500 pesos.
La figura jurídica citada por MAGALI es quebranto patrimonial en detrimento de la institución educativa. Ello, amén de coalición de servidores públicos, tráfico de influencias y cohecho.
Señala en ello a media docena de funcionarios, incluyendo al directamente involucrado, el ciudadano tesorero universitario. Desde luego, tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y a ser escuchado.
