Cd.
Victoria, Tam.- Un primer diagnóstico oficial indicando que el
abogado RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA no estaba apto para el ejercicio de la fiscalía
anticorrupción, vino del general AUDOMARO MARTÍNEZ ZAPATA, director del Centro
Nacional de Inteligencia (CNI) en el otoño pasado, cuando informó mediante
comunicado que RAMÍREZ habría reprobado el examen de confianza.
Al día siguiente, tarde del miércoles 27, circuló en redes un segundo oficio sobre el tema (que será noticia en medios el jueves 28) esta vez del fiscal general IRVING BARRIOS MOJICA y dirigida al entonces presidente de la JUCOPO, el diputado panista de Nuevo Laredo FRANCISCO GARCÍA AGUIAR, mejor conocido como “el Moyo”, donde le informa del hecho, para las medidas que fueran necesarias.
En noviembre del mismo 2022, un juzgado de Reynosa concedió amparo a RAMÍREZ CASTAÑEDA. Esto lo registró el pleno legislativo al acusar recibo del oficio 25555 del Juzgado Séptimo de Distrito, con lo cual lo protegió (mire usted) contra el Congreso local, la Fiscalía estatal y hasta del mencionado examen de control y confianza. (RED MULTIMEDIA, viernes 4 de noviembre de 2022, https://tinyl.io/8V89).
Ante ello, la consejera jurídica del gobierno estatal TANIA CONTRERAS LÓPEZ, interpuso un recurso para que el caso pasara del juzgado séptimo de Reynosa al décimo primero de Ciudad Victoria.
Conflicto competencial, en efecto, en el entendido de que el citado fiscal anticorrupción tiene su residencia de cargo en la capital tamaulipeca y no en Reynosa.
Pero de la misma Reynosa vino el albazo, esta vez del Tribunal colegiado, organismo que rechazó dicho conflicto de competencia, impidiendo con ello que el juicio pasara del juzgado séptimo al décimo primero.
La prosperidad de los hermanos CABEZA sigue impactando de manera irresistible a las instituciones de justicia, en defensa clara de sus operadores.
FORCEJEO JURÍDICO
Ello, amén de que los jueces de distrito en dicha ciudad fronteriza (el séptimo JUAN FERNANDO ALVARADO y el octavo FAUSTINO GUTIÉRREZ PÉREZ) tienen el caro hábito de velar por la felicidad del exgobernador CABEZA DE VACA, como prioridad máxima que no admite escrúpulos.
Jueces cabezones que apenas en marzo pasado fueron denunciados ante el mismo pleno legislativo por el diputado morenista de Valle Hermoso ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO.
Dicho caballero formuló un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal, pidiendo investigar precisamente a JUAN FERNANDO y FAUSTINO, “por beneficiar y estar al servicio de la familia GARCÍA CABEZA DE VACA.”
El caso es que este miércoles, la bancada morenista en el congreso local que preside la diputada ÚRSULA PATRICIA SALAZAR, habló con los reporteros para otorgar su respaldo al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ante la actual embestida mediática a la que calificó como “campaña de miedo y terror”.
Y de paso retomó el tema del fiscal. Tras reunirse la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana (donde también participa ÚRSULA en calidad de vocal), el Congreso aprobó citar a comparecer a RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA para este jueves 4 de mayo a las diez de la mañana.
Con el cual, por cierto, doña ÚRSULA tiene pleito casado desde que gobernaba CABEZA, primera mitad del 2022. El fiscal anticorrupción hizo mancuerna con el fiscal general IRVING BARRIOS para promover el desafuero de la legisladora por presuntas irregularidades cometidas cuando era directora del plantel CONALEP en Tampico.
Ello, a partir de un par de grabaciones donde la dama presuntamente solicitaba a proveedores el pago inflado de facturas, por lo cual habría incurrido en probable delito de cohecho.
El escabroso asunto de los “moches” que fue tema nacional. (EL FINANCIERO, “Sobrina de AMLO acusada de pedir moches’ y robar un celular”, https://tinyl.io/8V9r).
El señor RAMÍREZ también decía tener “testigos protegidos” dispuestos a declarar sobre el caso. Lo cual por muchas razones nos lleva a recordar a los fantasmas aquellos del “PITUFO” y la “JENNIFER”, que le dieron negra fama al propio BARRIOS, cuando era coordinador de fiscales bajo el calderonato.
JUSTICIA PENDULAR
En fin, el caso es que el partido guinda interpretó entonces dicha propuesta de BARRIOS y RAMÍREZ contra ÚRSULA PATRICIA como una clara línea del gobernador CABEZA DE VACA para debilitar al grupo parlamentario de MORENA y golpear de paso al entonces candidato AMÉRICO VILLARREAL.
El desafuero jamás se consumó por no contar con la mayoría necesaria, pero dejó una cicatriz que no cierra entre la jefa legislativa y el fiscal anticorrupción.
Cambian los tiempos, ahora toca a RAMÍREZ CASTAÑEDA ocupar el banquillo de los acusados donde alguna vez quisieron situar a la legisladora.
Y, bueno, el apodo de “el Llorón” que se ha ganado a pulso RAMÍREZ CASTAÑEDA entre los colegas de los medios, tiene que ver con un escrito que esgrimió en respuesta al oficio del general AUDOMARO, referido en los primeros párrafos de hoy.
Me ocupé del tema a principios de año en esta columna citando textual la emotiva autodefensa del susodicho cuando dijo ser víctima de:
-“Infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental, acoso laboral, exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión; ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas.”
(Columna Interiores, jueves, “Un lloroso fiscal anticorrupción”, 19 de enero de 2023, https://tinyl.io/8V9Y).
A ver que responde este jueves ante los diputados, aunque su problema principal no lo tiene con los medios que presuntamente lo deshonran y difaman.
Más urgente será que responda a los señalamientos hechos por la propia TANIA CONTRERAS cuando reporta que entre 42 denuncias presentadas por presuntos desfalcos hasta por 600 millones de pesos, la lloriqueante oficina de RAMÍREZ no ha judicializado ninguna.
Aunque su bronca principal podría ser con doña ÚRSULA.
Al día siguiente, tarde del miércoles 27, circuló en redes un segundo oficio sobre el tema (que será noticia en medios el jueves 28) esta vez del fiscal general IRVING BARRIOS MOJICA y dirigida al entonces presidente de la JUCOPO, el diputado panista de Nuevo Laredo FRANCISCO GARCÍA AGUIAR, mejor conocido como “el Moyo”, donde le informa del hecho, para las medidas que fueran necesarias.
En noviembre del mismo 2022, un juzgado de Reynosa concedió amparo a RAMÍREZ CASTAÑEDA. Esto lo registró el pleno legislativo al acusar recibo del oficio 25555 del Juzgado Séptimo de Distrito, con lo cual lo protegió (mire usted) contra el Congreso local, la Fiscalía estatal y hasta del mencionado examen de control y confianza. (RED MULTIMEDIA, viernes 4 de noviembre de 2022, https://tinyl.io/8V89).
Ante ello, la consejera jurídica del gobierno estatal TANIA CONTRERAS LÓPEZ, interpuso un recurso para que el caso pasara del juzgado séptimo de Reynosa al décimo primero de Ciudad Victoria.
Conflicto competencial, en efecto, en el entendido de que el citado fiscal anticorrupción tiene su residencia de cargo en la capital tamaulipeca y no en Reynosa.
Pero de la misma Reynosa vino el albazo, esta vez del Tribunal colegiado, organismo que rechazó dicho conflicto de competencia, impidiendo con ello que el juicio pasara del juzgado séptimo al décimo primero.
La prosperidad de los hermanos CABEZA sigue impactando de manera irresistible a las instituciones de justicia, en defensa clara de sus operadores.
FORCEJEO JURÍDICO
Ello, amén de que los jueces de distrito en dicha ciudad fronteriza (el séptimo JUAN FERNANDO ALVARADO y el octavo FAUSTINO GUTIÉRREZ PÉREZ) tienen el caro hábito de velar por la felicidad del exgobernador CABEZA DE VACA, como prioridad máxima que no admite escrúpulos.
Jueces cabezones que apenas en marzo pasado fueron denunciados ante el mismo pleno legislativo por el diputado morenista de Valle Hermoso ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO.
Dicho caballero formuló un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Consejo de la Judicatura Federal, pidiendo investigar precisamente a JUAN FERNANDO y FAUSTINO, “por beneficiar y estar al servicio de la familia GARCÍA CABEZA DE VACA.”
El caso es que este miércoles, la bancada morenista en el congreso local que preside la diputada ÚRSULA PATRICIA SALAZAR, habló con los reporteros para otorgar su respaldo al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA ante la actual embestida mediática a la que calificó como “campaña de miedo y terror”.
Y de paso retomó el tema del fiscal. Tras reunirse la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana (donde también participa ÚRSULA en calidad de vocal), el Congreso aprobó citar a comparecer a RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA para este jueves 4 de mayo a las diez de la mañana.
Con el cual, por cierto, doña ÚRSULA tiene pleito casado desde que gobernaba CABEZA, primera mitad del 2022. El fiscal anticorrupción hizo mancuerna con el fiscal general IRVING BARRIOS para promover el desafuero de la legisladora por presuntas irregularidades cometidas cuando era directora del plantel CONALEP en Tampico.
Ello, a partir de un par de grabaciones donde la dama presuntamente solicitaba a proveedores el pago inflado de facturas, por lo cual habría incurrido en probable delito de cohecho.
El escabroso asunto de los “moches” que fue tema nacional. (EL FINANCIERO, “Sobrina de AMLO acusada de pedir moches’ y robar un celular”, https://tinyl.io/8V9r).
El señor RAMÍREZ también decía tener “testigos protegidos” dispuestos a declarar sobre el caso. Lo cual por muchas razones nos lleva a recordar a los fantasmas aquellos del “PITUFO” y la “JENNIFER”, que le dieron negra fama al propio BARRIOS, cuando era coordinador de fiscales bajo el calderonato.
JUSTICIA PENDULAR
En fin, el caso es que el partido guinda interpretó entonces dicha propuesta de BARRIOS y RAMÍREZ contra ÚRSULA PATRICIA como una clara línea del gobernador CABEZA DE VACA para debilitar al grupo parlamentario de MORENA y golpear de paso al entonces candidato AMÉRICO VILLARREAL.
El desafuero jamás se consumó por no contar con la mayoría necesaria, pero dejó una cicatriz que no cierra entre la jefa legislativa y el fiscal anticorrupción.
Cambian los tiempos, ahora toca a RAMÍREZ CASTAÑEDA ocupar el banquillo de los acusados donde alguna vez quisieron situar a la legisladora.
Y, bueno, el apodo de “el Llorón” que se ha ganado a pulso RAMÍREZ CASTAÑEDA entre los colegas de los medios, tiene que ver con un escrito que esgrimió en respuesta al oficio del general AUDOMARO, referido en los primeros párrafos de hoy.
Me ocupé del tema a principios de año en esta columna citando textual la emotiva autodefensa del susodicho cuando dijo ser víctima de:
-“Infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental, acoso laboral, exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión; ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas.”
(Columna Interiores, jueves, “Un lloroso fiscal anticorrupción”, 19 de enero de 2023, https://tinyl.io/8V9Y).
A ver que responde este jueves ante los diputados, aunque su problema principal no lo tiene con los medios que presuntamente lo deshonran y difaman.
Más urgente será que responda a los señalamientos hechos por la propia TANIA CONTRERAS cuando reporta que entre 42 denuncias presentadas por presuntos desfalcos hasta por 600 millones de pesos, la lloriqueante oficina de RAMÍREZ no ha judicializado ninguna.
Aunque su bronca principal podría ser con doña ÚRSULA.
