Cd. Victoria, Tam.-
En vísperas del primer informe presidencial la agenda del país se satura de
preocupaciones. El zócalo sigue tomado, la disidencia magisterial diversifica
sus ataques y despliega planes con plazos amplios, mientras el gabinete de
seguridad redefine objetivos y pospone metas.
El
“timing” inmediato del Ejecutivo parece la respuesta más obvia a quienes se
preguntan por qué no se emplean medidas drásticas ante un magisterio que luego
de asolar aeropuerto y legislatura, extendió su protesta a dos empresas
televisoras y amaga con dirigir sus pasos a Los Pinos.
Igual
parece lógico que la sede del mensaje político programado tras el protocolo del
informe sea el Campo Marte y quede bajo resguardo estricto del Estado Mayor
Presidencial.
Los
maestros tienen, pues, asegurada su presencia en los espacios públicos por lo
menos hasta el día primero. Veremos que ocurre a partir del día dos.
En
dicho contexto se efectuó este martes la XXXIV Sesión del Consejo Nacional de
Seguridad, con asistencia de gobernadores y el Ejecutivo federal en pleno.
Respondiendo
acaso a las críticas de las últimas semanas que señalaban indefiniciones en la
estrategia anticrimen, PEÑA NIETO presentó al país un programa de 10 puntos.
Mucho
de este decálogo puede sonar conocido para quienes hayan tomado nota de los
posicionamientos hechos por el mexiquense en sus días de campaña.
Incluye
asuntos como (1) prevención del delito y reconstrucción del tejido social, (2) justicia
penal eficaz, (3) profesionalización de los cuerpos policíacos, (4) transformación
del sistema penitenciario y (5) articulación de la participación ciudadana.
Hasta
aquí, nada que no hayan prometido antes los señores SALINAS, ZEDILLO, FOX y
CALDERÓN, con los miserables resultados que ya conocemos.
Añade luego
temas como (6) cooperación internacional y (7) un rubro intitulado “información
que sirva al ciudadano”.
Acaso estos
dos incisos posean mayor actualidad, más miga para el análisis, si recordamos
que en el frente externo (particularmente, en la frontera sur) la migración
centroamericana es ya un asunto de seguridad nacional por su vinculación con el
narcotráfico y su abundante aportación de cuadros a la delincuencia organizada.
Apenas
el lunes pasado, el Secretario de Gobernación MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG signó en
la capital mexicana un Memorándum de Entendimiento con su homólogo guatemalteco
MAURICIO LÓPEZ BONILLA en materia de seguridad binacional.
Ello,
tras presidir la reunión del llamado Grupo de Alto Nivel de Seguridad
México-Guatemala.
En
cuanto al séptimo inciso, el documento presentado ayer por PEÑA NIETO habla de
transparentar la estadística de seguridad y justicia para una mejor difusión pública.
Lo cuál
no sabemos que tanta credibilidad pueda tener hoy que el margen de “información
reservada” parece incrementarse en el ramo de la justicia federal.
El
octavo, la coordinación entre autoridades de diferente nivel ha sido un ideal
recurrente en la lista de buenos deseos gubernamentales al menos en el último
cuarto de siglo.
Más prometedor
resulta el noveno mandamiento de PEÑA NIETO ya que la regionalización de la
seguridad en cinco zonas promete al menos el deslinde de responsabilidades y la
suma de esfuerzos entre entidades vecinas bajo la mira de la autoridad federal.
En
cuanto al décimo (fortalecimiento de la inteligencia) se trata, nuevamente, de
un tema tan trillado por las administraciones panistas que el gobierno actual
tendrá que dar pasos muy firmes para demostrar que sus intenciones son reales.
Y aún
así, en los círculos de inteligencia existe el dicho de que el mejor informe
carece de valor si no se convierte en decisiones ejecutivas que obren en
consecuencia.
El
ejemplo más socorrido es el presidente GEORGE BUSH a quien la CIA advirtió una
y otra vez que un golpe terrorista se cernía sobre territorio norteamericano y al
final nada impidió los ataques contra el Pentágono y las Torres Gemelas.
