Cd. Victoria, Tam. Las instituciones nacionales, la sociedad misma, se encuentran entre la
espada y la pared al momento de procesar, valorar, interpretar el fenómeno de
la migración centro y sudamericana que hoy sacude al país con mayor intensidad
que nunca, particularmente en su trampolín final, los estados del norte.
La defensa de los mexicanos
indocumentados que migran a Estados Unidos, su derecho al trabajo y al trato
digno, no puede ser distinta a la que merecen quienes vengan de otros países,
acaso con necesidades más apremiantes.
Y mire usted, de las seis entidades
fronterizas, Tamaulipas es la mayormente afectada por ser la más meridional, la
más cercana a centro y sur del país.
También la mejor comunicada,
carreteras, litoral, cruces fronterizos, su envidiable red de localidades
gemelas al norte y sur del río Bravo.
Medios, redes, foros académicos
abordan de muchas maneras el problema, defensores de los derechos humanos dan
su opinión, grupos de ayuda se movilizan para paliar los riesgos que la
delincuencia representa para quienes vienen en camino.
Sin remedio, la discusión tenderá a multiplicarse,
crecer en número y en intensidad en años venideros porque la pobreza extrema,
marginación, desempleo, magros salarios, alta criminalidad, que padecen esas
naciones no parece haber cambiado mucho en su tránsito de dictaduras a
democracias.
No es por gusto lo que hacen.
Atraviesan grandes distancias cargando niños y sus pocas pertenencias, sorteando
toda clase de peligros, en trayectos donde la delincuencia acecha.
Y son importantes los estados del
norte porque con hondureños o guatemaltecos ocurre lo mismo que con oaxaqueños,
chiapanecos, guerrerenses o veracruzanos.
Quienes no logran cruzar la línea
fronteriza tienden a estacionarse y formar asentamientos en las municipalidades
inmediatas, al sur de la línea.
Representan saldos, sedimentos, de
una migración interrumpida (o parcial) que no alcanzó el sueño americano, pero
logró al menos acomodarse en una frontera mexicana, que de cualquier manera ofrece
mejores condiciones de vida a las que imperan en sus pueblos de origen.
Al respecto vemos, por cierto, que opinan
los políticos, intervienen las autoridades migratorias, dan estadísticas los
académicos, dictaminan los funcionarios de seguridad y justicia, escuchamos
voces de Gobernación o Relaciones Exteriores.
Aunque no asoma por lado alguno
dentro del espectro partidista, las organizaciones ciudadanas o los diversos
niveles de la autoridad, alguien que convoque los gobiernos de esos países para
que asuman responsabilidades claras respecto al atraso crónico origina dichos flujos
migratorios.
Aunque se plantee en términos generales,
no hay hasta ahorita una herramienta multinacional que otorgue seguimiento
permanente y aporte respuestas concretas a un problema del que los respectivos
gobiernos se han desentendido.
O bien, solamente nos tocan la puerta
cuando fallecen sus connacionales, se extravían o quedan atrapados en las redes
que trafican con indocumentados a escala continental.
El asunto, por dramático y urgente
que sea para los mexicanos, no parece quitar el sueño al ciudadano profesor y
presidente de El Salvador, SALVADOR SÁNCHEZ, ni a su colega guatemalteco,
político y actor televisivo, JIMMY MORALES, ni al abogado JUAN ORLANDO
HERNÁNDEZ de Honduras.
De hecho, al igual que sus similares
más al sur, los mandatarios centroamericanos ven el fenómeno migratorio con el
ánimo convenenciero de quien descarga en otras naciones, otros lares, otros
territorios, la presión social que en el marco interno les resulta irresoluble.
Incapacidad gubernamental para
garantizar a sus pobladores el bienestar básico que merecen.
Actitud que, en buena medida, representa
una calca del conformismo observado durante los últimos gobiernos del PRI y las
dos administraciones panistas.
En un saludable cambio de óptica, el
presidente LÓPEZ OBRADOR ha señalado como meta mejorar las condiciones de vida
de los trabajadores mexicanos para que quienes emigren a Estados Unidos “lo
hagan por gusto” y no por razones de supervivencia.
Se dice fácil, representa un trabajo para
varias generaciones. No obstante, el asumir dicha óptica, la de modificar la
injusticia social de origen, ya representa una aportación significativa del gobierno
obradorista.
Lo cual nos remite al dicho de que la
mejor política exterior descansa en la más adecuada política interior.
Y el planteamiento vale acaso como
paradigma o principio de análisis para los gobiernos de la región
centroamericana y del Caribe. Afrontar los efectos con la humanidad necesaria,
pero, sobre todo, la voluntad explícita de atacar las causas, penando en plazos
más largos.