Cd. Victoria, Tam.- Si no es en campaña, ¿cuándo?... Fructífero,
en principio, el amago del gremio transportista de realizar un paro carretero
generalizado. El gobierno nacional reaccionó a tiempo y la amenaza, por lo
pronto y en calidad de mientras, quedó relativamente conjurada.
Es decir, sujeta a los resultados de las mesas de diálogo instaladas para el planteamiento de la aguda problemática que aqueja al sector. Broncas, por cierto, muy mexicanas, oiga usted.
Porque si preguntamos hoy en día por las causas de los conflictos transportistas en algún país de Europa (Italia, Francia, Alemania, Portugal) vamos a encontrar temas económicos como el alto precio del combustible, competencia desleal, demandas laborales, broncas de normatividad, quejas contra modelos tarifarios y burocratismo. Laberintos así.
Pero en México es bien sencillo. Endiabladamente simple y se llama bandidaje. No hay autoridad en los tres niveles de gobierno capaz de frenar a las pandillas que asaltan, desvalijan, secuestran y asesinan a los operadores del transporte. Especialmente a los de carga.
La miniaturización y masificación del video ha permitido recabar constancia de ello. Empresas del ramo captan con sus cámaras escenas brutales de persecuciones y tiroteos, al momento mismo en que los choferes son heridos y abordados por el malandrinaje que infesta las rutas. Y lo mismo afecta a caminos vecinales que a carreteras importantes, incluso a las autopistas de cuota.
ESTADÍSTICA NEGRA
Un reporte del pasado 29 de enero informa sobre un promedio de 36 asaltos al día contra el transporte de mercaderías, en su mayoría con violencia y cuyo botín va a parar al comercio informal en una red de reventa muy bien organizada (https://tinyurl.com/ywgecoql).
El país, dicen los estudiosos, vive un momento crítico por la inseguridad en las carreteras, lo cual en buena medida se debe a la inacción de la autoridad federal, que las ha abandonado a su suerte.
Y no es un problema de leyes, esto queda muy claro, porque las leyes ya existen. Tampoco de corporaciones, pues, por igual, las instituciones de seguridad igualmente ya existen. Es de voluntad política para que los encargados del orden apliquen las leyes.
¿Quién más podría atajar esta ley de la selva?... Abundan, incluso, testimonios que reportan la presencia de policías estatales, guardias nacionales y efectivos castrenses en el poco honroso papel de testigos mudos.
Observadores impasibles, de brazos caídos, que nada hacen para impedir las acciones delictivas. Cabe, incluso, preguntar por órdenes de quiénes y (peor todavía) a cambio de qué.
AÑO ELECTORAL
Ventajas de tener (todavía) un sistema de partidos medianamente competitivo. El temor al voto de castigo hace milagros, moviliza voluntades, afloja la modorra y desentume inercias.
Representantes de la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte lograron sentar en la misma mesa a personeros de dependencias clave en este tema de la seguridad carretera como Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional.
En principio se conjuró el paro que estaba programado nada menos que para el lunes 5 de febrero, día estelar para el gobierno morenista, pues coincidía con la presentación del megapaquete de reformas largamente anunciado por el presidente LÓPEZ OBRADOR.
Y mire usted que detrás de dicha Coalición de Organizaciones se encuentra un abigarrado conjunto de asociaciones vinculadas al ramo, como son la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) y la Unión de Transportistas de Carga (UTRACASIN).
De esto último dio cuenta un boletín difundido por SEGOB el domingo 4 de febrero, tras una intensa jornada de diálogo, el cual puede leerse en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/2xvp7zs3
PERO NO TODOS…
Sin embargo, en aras de la objetividad cabría decir que no todos los miembros estuvieron de acuerdo con levantar dicho paro y que en algunas regiones del país la protesta continúa.
Por lo menos una de las asociaciones gremiales, la denominada Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO) decidió seguir en paro de labores, de acuerdo a declaraciones vertidas por su líder IGNACIO GRANADOS a un noticiero radiofónico nacional.
El citado organismo presume representar a 150 mil transportistas de todo el país, en estados tan distantes como Chiapas, Nuevo León y Jalisco. Y también el denominado “Arco Norte”: Edomex, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
Aun así, el inicio del diálogo es un avance digno de reconocimiento. Aunque sujeto a resultados. Y hablar de resultados es decir compromisos que, además, deberán cumplirse en el lugar de los hechos, lo mismo en autopistas de cuota que en carreteras regulares y caminos vecinales.
La autoridad está obligada a modificar de manera sensible, visible, palpable, esa política de manga ancha que hoy observa hacia las organizaciones delictivas. Reunirse no basta, prometer tampoco.
Esto debe, además, ofrecer resultados satisfactorios, sostenidos y cuantificables. Tiene que ver con abatir en un plazo razonable la incidencia de tales delitos en dicho campo concreto de la vida nacional.
Es decir, sujeta a los resultados de las mesas de diálogo instaladas para el planteamiento de la aguda problemática que aqueja al sector. Broncas, por cierto, muy mexicanas, oiga usted.
Porque si preguntamos hoy en día por las causas de los conflictos transportistas en algún país de Europa (Italia, Francia, Alemania, Portugal) vamos a encontrar temas económicos como el alto precio del combustible, competencia desleal, demandas laborales, broncas de normatividad, quejas contra modelos tarifarios y burocratismo. Laberintos así.
Pero en México es bien sencillo. Endiabladamente simple y se llama bandidaje. No hay autoridad en los tres niveles de gobierno capaz de frenar a las pandillas que asaltan, desvalijan, secuestran y asesinan a los operadores del transporte. Especialmente a los de carga.
La miniaturización y masificación del video ha permitido recabar constancia de ello. Empresas del ramo captan con sus cámaras escenas brutales de persecuciones y tiroteos, al momento mismo en que los choferes son heridos y abordados por el malandrinaje que infesta las rutas. Y lo mismo afecta a caminos vecinales que a carreteras importantes, incluso a las autopistas de cuota.
Un reporte del pasado 29 de enero informa sobre un promedio de 36 asaltos al día contra el transporte de mercaderías, en su mayoría con violencia y cuyo botín va a parar al comercio informal en una red de reventa muy bien organizada (https://tinyurl.com/ywgecoql).
El país, dicen los estudiosos, vive un momento crítico por la inseguridad en las carreteras, lo cual en buena medida se debe a la inacción de la autoridad federal, que las ha abandonado a su suerte.
Y no es un problema de leyes, esto queda muy claro, porque las leyes ya existen. Tampoco de corporaciones, pues, por igual, las instituciones de seguridad igualmente ya existen. Es de voluntad política para que los encargados del orden apliquen las leyes.
¿Quién más podría atajar esta ley de la selva?... Abundan, incluso, testimonios que reportan la presencia de policías estatales, guardias nacionales y efectivos castrenses en el poco honroso papel de testigos mudos.
Observadores impasibles, de brazos caídos, que nada hacen para impedir las acciones delictivas. Cabe, incluso, preguntar por órdenes de quiénes y (peor todavía) a cambio de qué.
Ventajas de tener (todavía) un sistema de partidos medianamente competitivo. El temor al voto de castigo hace milagros, moviliza voluntades, afloja la modorra y desentume inercias.
Representantes de la Coalición de Organizaciones Unidas de Autotransporte lograron sentar en la misma mesa a personeros de dependencias clave en este tema de la seguridad carretera como Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Guardia Nacional.
En principio se conjuró el paro que estaba programado nada menos que para el lunes 5 de febrero, día estelar para el gobierno morenista, pues coincidía con la presentación del megapaquete de reformas largamente anunciado por el presidente LÓPEZ OBRADOR.
Y mire usted que detrás de dicha Coalición de Organizaciones se encuentra un abigarrado conjunto de asociaciones vinculadas al ramo, como son la Federación Mexicoamericana de Transportistas (FEMATRAC), la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) y la Unión de Transportistas de Carga (UTRACASIN).
De esto último dio cuenta un boletín difundido por SEGOB el domingo 4 de febrero, tras una intensa jornada de diálogo, el cual puede leerse en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/2xvp7zs3
Sin embargo, en aras de la objetividad cabría decir que no todos los miembros estuvieron de acuerdo con levantar dicho paro y que en algunas regiones del país la protesta continúa.
Por lo menos una de las asociaciones gremiales, la denominada Organización Integradora de Derechos Convencionales (INDECO) decidió seguir en paro de labores, de acuerdo a declaraciones vertidas por su líder IGNACIO GRANADOS a un noticiero radiofónico nacional.
El citado organismo presume representar a 150 mil transportistas de todo el país, en estados tan distantes como Chiapas, Nuevo León y Jalisco. Y también el denominado “Arco Norte”: Edomex, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
Aun así, el inicio del diálogo es un avance digno de reconocimiento. Aunque sujeto a resultados. Y hablar de resultados es decir compromisos que, además, deberán cumplirse en el lugar de los hechos, lo mismo en autopistas de cuota que en carreteras regulares y caminos vecinales.
La autoridad está obligada a modificar de manera sensible, visible, palpable, esa política de manga ancha que hoy observa hacia las organizaciones delictivas. Reunirse no basta, prometer tampoco.
Esto debe, además, ofrecer resultados satisfactorios, sostenidos y cuantificables. Tiene que ver con abatir en un plazo razonable la incidencia de tales delitos en dicho campo concreto de la vida nacional.
