Cd.
Victoria, Tam. Días de contrariedad y
tristeza para organizaciones civiles como el Colectivo de Familiares y Amigos
de Desaparecidos que acaudilla MEMO GUTIÉRREZ RIESTRA desde la capital
tamaulipeca.
Es ya noticia confirmada que los foros
de la paz instaurados por el presidente LÓPEZ OBRADOR se cancelan en cinco
estados, entre ellos Tamaulipas.
Y es que ni la entrante titular de Gobernación,
OLGA SÁNCHEZ CORDERO, ni el nuevo titular de Seguridad ALFONSO DURAZO logran embonar
dos causas tan encontradas como (1) la estrategia de pacificación fundada en la
amnistía de jefes mafiosos y (2) su contraparte, el clamor de justicia y el
comprensible dolor de las familias afectadas.
Voceros y personeros de la llamada “Cuarta
Transformación” alegan razones de tiempo, ya que el 24 de octubre próximo será
presentado el plan sexenal de seguridad y había prisa en los operadores del
gobierno electo para concentrar esfuerzos en la capital mexicana.
Menos trabajo de campo, más tareas de
escritorio, pues, aunque ello prive del derecho a voz que las familias
agraviadas reclaman en nuestra entidad.
Las víctimas, tamaulipecos pacíficos en
su tránsito normal rumbo al trabajo o la escuela, familias de viaje por
carreteras y caminos rurales.
Lo cual incluye a los levantados por negocio
para robar sus pertenencias, pedir rescate, aunque también las víctimas del
odio ciego, con motivos, a menudo inescrutables, de quienes solo buscan sembrar
el terror para pintarle raya a la autoridad, amedrentar a la población, mandar
mensajes a bandas rivales.
Dolor y desesperación ante autoridades
de los tres niveles que algunas veces prometen justicia, en otras se encogen de
hombros, hablan de investigar, aunque pase el tiempo y los resultados no lleguen.
Se les involucra, incluso, en promesas de
candidatos y partidos, se les habla bonito, desde el corazón, les dicen que
entienden su dolor de padres, hermanos, hijos, cónyuges, amigos.
Genuino o no, el discurso de la
misericordia mitiga el dolor, pero no lo alivia, porque la única cura razonable
son esos resultados que no llegan.
Las ausencias que siguen ahí, en listas
de desaparecidos, en fotografías de pared veneradas con llanto, en la memoria
que duele, sin remedio.
CASOS
MAYORES
De manera sobresaliente, habrá que
considerar también a los deudos de San Fernando, sus dos masacres:
(1) la ocurrida entre el 22 y 23 de
agosto de 2010, año sexto de EUGENIO HERNÁNDEZ, cuarto de FELIPE CALDERÓN y (2)
la descubierta el 1 de abril de 2011, primer año de EGIDIO TORRE, quinto de
CALDERÓN.
No hay cifras exactas en ambos
episodios. En el primer caso, el del ejido “El Huizachal”, las víctimas fueron
principalmente indocumentados de Centro y Sudamérica. Se habla de 72 muertos oriundos
de Guatemala, El Salvador, Honduras, Brasil y Ecuador.
En la segunda, las víctimas fueron
connacionales. Oficiosamente se calculan en 193, aunque voces independientes
apuntan a cifras tan diferentes como el medio millar.
También aquí, ni la exigencia de
justicia ni la cauda de dolor han cesado. Aunque justo sea señalar ciertos
aspectos en común que ambos casos tendrían con la tragedia acontecida en Iguala,
en septiembre de 2014, año tercero de PEÑA NIETO.
Se trata de tres episodios donde, por
igual, las bandas delictivas actuaron abiertamente, se apoderaron de la situación,
impusieron su ley con total impunidad y en las narices de las corporaciones
federales, civiles y castrenses, sin que estas hicieran algo para impedirlo.
Reaccionaron después, ya sobre los
hechos consumados y (algo más) los medios nacionales se encargaron de recargar
toda la culpa sobre gobernadores y alcaldes, de Tamaulipas y Guerrero, de Iguala
y San Fernando.
Todavía hoy, a la fecha, se sigue
pensando que las instancias regionales fueron las grandes celestinas (solapadoras,
cómplices) de estos hechos, se les señala y condena.
No es casual que, en aquellos años, el
presidente FELIPE CALDERÓN empleaba la más alta tribuna del país para condenar
con dedo flamígero a los ayuntamientos y gobiernos estatales infiltrados,
corrompidos, sometidos por el narco.
Y tan fue exitosa esta versión oficial,
que eximía por completo a militares y policías federales para recargar toda la
culpa sobre las corporaciones regionales, que todavía hoy sigue imperando.
Veremos si la “Cuarta Transformación” la acepta o (como piden no pocos juristas y defensores de derechos humanos) se abre a otras explicaciones más de fondo, así en Iguala, como en San Fernando.
Veremos si la “Cuarta Transformación” la acepta o (como piden no pocos juristas y defensores de derechos humanos) se abre a otras explicaciones más de fondo, así en Iguala, como en San Fernando.