Cd. Victoria, Tam.-
Cambia mucho una noticia
cuando se graba y difunde en video desde redes. La revuelta campirana en Texcaltitlán,
Estado de México, no es muy diferente a los enfrentamientos de las autodefensas
contra el narco en Michoacán y Guerrero bajo los gobiernos de CALDERÓN y PEÑA
NIETO.
La diferencia ahora es que la nota se dispersa con mayor facilidad y de manera inmediata. Un análisis de mercado sobre las tendencias recientes del consumo, revelaba hace poco que la masificación de la telefonía celular con video en México ha crecido sustantivamente en un renglón muy preciso.
Los smartphones de gama baja que llegan a la gente de menores ingresos. Todo mundo trae un aparato de estos en la mano y solo basta levantarlo para recoger el testimonio de lo que ocurra enfrente, lo mismo abrazos que balazos.
El resultado es que ahora nos enteramos con mayor amplitud de aquellos episodios trágicos que antes parecían reducirse a la memoria aldeana, de comunidades, regiones, barrios.
De ahí el impacto dentro y fuera de nuestras fronteras ante el asesinato de un líder ejidal y la respuesta de los pobladores que liquidaron con machetes y palos a los malandros.
Empobrecidos aún más por la sequía, los agricultores se vieron en la imposibilidad de pagar un cobro de piso que sin embargo iba en aumento, por parte de la organización delictiva dominante en dicha región, la Familia Michoacana.
Se tardó tres días en llegar, pero ya visitó el lugar la maestra DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, quien apenas en septiembre pasado asumió la gubernatura mexiquense. Prometió a los pobladores que pronto tendrán un cuartel de la Guardia Nacional.
Aunque la gente en casos así quisiera al menos contar con el patrullaje regular y efectivo de la Policía Estatal que en dicha entidad tiene rango de subsecretaría. Esquema viejo que no ha evolucionado todavía al nivel de Guardia Estatal con personalidad jurídica propia.
ALERTA VIGENTE
La gobernadora hubo de escuchar también el reclamo airado de las autoridades municipales en dicha zona cuando le dijeron que los hechos de sangre en Texcaltitlán se vieron venir con varias semanas de anticipación y pidieron con oportunidad la intervención de la autoridad estatal. Cosa que no ocurrió.
Hoy se escuchan de nuevo esas voces temerosas ante una probable venganza de la Familia Michoacana, en represalia contra los pobladores que ejecutaron a sus sicarios. Y no es para menos, de los 14 muertos, 11 fueron delincuentes.
Por supuesto, la gente tiene miedo. En su recorrido por dicho poblado y protegida por un macizo operativo de seguridad, la maestra GÓMEZ ÁLVAREZ caminó entre calles desiertas. La comunidad quedó (dicen las crónicas) como un pueblo fantasma.
La geografía política y humana le complica el trabajo a doña DELFINA en la lucha contra las organizaciones delictivas. Gobierna una entidad sándwich que hace frontera con nueve estados, incluyendo a la capital mexicana.
El Estado de México es, por principio, el más habitado del país, con una población que en el presente 2023 se calcula en 17.5 millones de personas.
Su vecindario es también un problema, particularmente en entidades limítrofes con intensa actividad criminal. Al norponiente Guanajuato, al poniente Michoacán, al sur Guerrero y Morelos.
PUEBLOS SIN LEY
Es curioso que hasta ahora la prensa nacional se preocupe por el problema de la extorsión que en entidades como Tamaulipas escaló desde la primera década de este siglo.
Y mire usted hasta dónde llega el autoengaño. Todavía entre finales del gobierno peñista y principios del obradorismo había voces audaces que ponían en duda la presencia de cárteles en la capital del país y en la zona más amplia del altiplano.
La tributación privada ha crecido exponencialmente en toda la república. Como fenómeno o costumbre, se diría que es muy anterior a la tributación pública o gubernamental.
Antes de existir el Estado moderno, ya los señoríos, feudos y reinos sometían a sus vecinos más débiles a dicho pago de cuotas por todo tipo de actividad productiva y también por su transporte y venta.
Ante la debilidad manifiesta de las instituciones gubernamentales, no pocos países de América Latina parecen estar retrocediendo hacia etapas precapitalistas, anteriores a eso que llamamos Estado de Derecho.
El todo el subcontinente vemos erosionarse el monopolio estatal de la fuerza y también el de la tributación. Los recaudadores de impuestos privados han llegado al extremo de cobrar piso a las propias autoridades municipales.
Emergencia amenazadora de poderes fácticos que pone en evidencia el fracaso de las corporaciones de seguridad, civiles y castrenses. La ley de la fuerza se impone en los hechos sobre la fuerza de la ley.
Los estados nacionales en Europa surgieron precisamente contra esa suerte de señoríos. Antes de ello, nada se movía sin la autorización de duques, condes, marqueses, feudos. Barones ladrones (robber barons) les llamaban, con bastante razón.
Poderes paralelos cuya recaudación violenta no se abona a fondo común alguno, ni presupuesto o erario pues engorda tan solo fortunas privadas sustentadas, sin más, por las armas. Toda proporción guardada, parece que estamos volviendo a eso.
La diferencia ahora es que la nota se dispersa con mayor facilidad y de manera inmediata. Un análisis de mercado sobre las tendencias recientes del consumo, revelaba hace poco que la masificación de la telefonía celular con video en México ha crecido sustantivamente en un renglón muy preciso.
Los smartphones de gama baja que llegan a la gente de menores ingresos. Todo mundo trae un aparato de estos en la mano y solo basta levantarlo para recoger el testimonio de lo que ocurra enfrente, lo mismo abrazos que balazos.
El resultado es que ahora nos enteramos con mayor amplitud de aquellos episodios trágicos que antes parecían reducirse a la memoria aldeana, de comunidades, regiones, barrios.
De ahí el impacto dentro y fuera de nuestras fronteras ante el asesinato de un líder ejidal y la respuesta de los pobladores que liquidaron con machetes y palos a los malandros.
Empobrecidos aún más por la sequía, los agricultores se vieron en la imposibilidad de pagar un cobro de piso que sin embargo iba en aumento, por parte de la organización delictiva dominante en dicha región, la Familia Michoacana.
Se tardó tres días en llegar, pero ya visitó el lugar la maestra DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, quien apenas en septiembre pasado asumió la gubernatura mexiquense. Prometió a los pobladores que pronto tendrán un cuartel de la Guardia Nacional.
Aunque la gente en casos así quisiera al menos contar con el patrullaje regular y efectivo de la Policía Estatal que en dicha entidad tiene rango de subsecretaría. Esquema viejo que no ha evolucionado todavía al nivel de Guardia Estatal con personalidad jurídica propia.
La gobernadora hubo de escuchar también el reclamo airado de las autoridades municipales en dicha zona cuando le dijeron que los hechos de sangre en Texcaltitlán se vieron venir con varias semanas de anticipación y pidieron con oportunidad la intervención de la autoridad estatal. Cosa que no ocurrió.
Hoy se escuchan de nuevo esas voces temerosas ante una probable venganza de la Familia Michoacana, en represalia contra los pobladores que ejecutaron a sus sicarios. Y no es para menos, de los 14 muertos, 11 fueron delincuentes.
Por supuesto, la gente tiene miedo. En su recorrido por dicho poblado y protegida por un macizo operativo de seguridad, la maestra GÓMEZ ÁLVAREZ caminó entre calles desiertas. La comunidad quedó (dicen las crónicas) como un pueblo fantasma.
La geografía política y humana le complica el trabajo a doña DELFINA en la lucha contra las organizaciones delictivas. Gobierna una entidad sándwich que hace frontera con nueve estados, incluyendo a la capital mexicana.
El Estado de México es, por principio, el más habitado del país, con una población que en el presente 2023 se calcula en 17.5 millones de personas.
Su vecindario es también un problema, particularmente en entidades limítrofes con intensa actividad criminal. Al norponiente Guanajuato, al poniente Michoacán, al sur Guerrero y Morelos.
Es curioso que hasta ahora la prensa nacional se preocupe por el problema de la extorsión que en entidades como Tamaulipas escaló desde la primera década de este siglo.
Y mire usted hasta dónde llega el autoengaño. Todavía entre finales del gobierno peñista y principios del obradorismo había voces audaces que ponían en duda la presencia de cárteles en la capital del país y en la zona más amplia del altiplano.
La tributación privada ha crecido exponencialmente en toda la república. Como fenómeno o costumbre, se diría que es muy anterior a la tributación pública o gubernamental.
Antes de existir el Estado moderno, ya los señoríos, feudos y reinos sometían a sus vecinos más débiles a dicho pago de cuotas por todo tipo de actividad productiva y también por su transporte y venta.
Ante la debilidad manifiesta de las instituciones gubernamentales, no pocos países de América Latina parecen estar retrocediendo hacia etapas precapitalistas, anteriores a eso que llamamos Estado de Derecho.
El todo el subcontinente vemos erosionarse el monopolio estatal de la fuerza y también el de la tributación. Los recaudadores de impuestos privados han llegado al extremo de cobrar piso a las propias autoridades municipales.
Emergencia amenazadora de poderes fácticos que pone en evidencia el fracaso de las corporaciones de seguridad, civiles y castrenses. La ley de la fuerza se impone en los hechos sobre la fuerza de la ley.
Los estados nacionales en Europa surgieron precisamente contra esa suerte de señoríos. Antes de ello, nada se movía sin la autorización de duques, condes, marqueses, feudos. Barones ladrones (robber barons) les llamaban, con bastante razón.
Poderes paralelos cuya recaudación violenta no se abona a fondo común alguno, ni presupuesto o erario pues engorda tan solo fortunas privadas sustentadas, sin más, por las armas. Toda proporción guardada, parece que estamos volviendo a eso.
