Cd.
Victoria, Tam.- La
contienda que me gustaría ver en los próximos dos meses es aquella dónde luzcan
con claridad y plenitud las respectivas ofertas electorales.
Lo que ofrecen y quieren, con lujo de detalles y explicado con manzanitas. Es decir, sus propósitos generales y metas específicas en todos y cada uno de los campos que atañen a la administración estatal.
Por supuesto, concentrar reflectores en AMÉRICO y el TRUKO significa hacer a un lado el escándalo mediático en temas francamente obsoletos como (1) el tortuoso proceso de desafuero contra CABEZA DE VACA, (2) los obstinados litigios de MAKI ORTIZ, (3) las extravagancias de un sujeto inclasificable como ALEJANDRO ROJAS y (4) la polémica estéril en torno al referéndum revocatorio del próximo 10 de abril.
Que pare ese ruido de una vez por todas y podamos escuchar con atención al ingeniero VERÁSTEGUI OSTOS y al doctor VILLARREAL ANAYA, quienes este domingo iniciaron sus campañas formales.
No hay tiempo, ni debe haber espacio para más. Alcaldes y diputados locales fueron electos el pasado 2021 y esto significa que por primera vez en la historia contemporánea, la competencia por la gubernatura de Tamaulipas será el único propósito que nos convoque a votar.
La elección que viene tampoco llega homologada con algún proceso federal, como ha ocurrido en otras fechas y latitudes del país. La cita es como en 2016, el domingo 5 de junio, pero esta vez habrá una sola urna.
Quedó atrás la etapa de prospectos, aspirantes y precandidatos. Hoy son candidatos en franca tarea de proselitismo, detrás del voto.
SEGURIDAD
REGIONAL
La amenaza criminal es tema de temas. La comunidad tamaulipeca espera de ambos candidatos diagnósticos audaces, rigor crítico, definiciones claras y propuestas contundentes.
Ciertamente, ya no estamos viviendo la explosión delictiva del 2010, pero sus secuelas quedan y son graves. Hay muchos intereses enquistados que continúan atentando contra la paz de las familias y los negocios, la tranquilidad de comerciantes y agricultores, ganaderos y transportistas, industriales y pescadores.
Hasta 2010 las policías tamaulipecas eran de caricatura. Demasiadas corporaciones, dispersas, mal entrenadas, peor pagadas y sumamente ineficaces. La creación de una policía estatal militarizada fue el primer paso importante que habremos de registrar en los años posteriores.
Con ella llegaron los cuarteles de SEDENA en municipalidades como Mier, San Fernando y Mante. Sin olvidar un proyecto en trámite, ya encaminado y con el mismo propósito en Hidalgo. Amén de la infraestructura que ahora tiene SEMAR en Soto la Marina.
¿Cuánto avanzó CABEZA DE VACA y cuánto nos quedó a deber?, es un diagnóstico ineludible que compete no solo a sus adversarios de MORENA, sino al propio TRUKO. ¿Qué falta por hacer en materia de seguridad?, ¿qué propósitos se incumplieron, cuáles quedaron a medias?
Cuando la prensa nacional conversa con el doctor VILLARREAL ANAYA suele insistir en la cuestionable divisa de “abrazos, no balazos” formulada por AMLO desde su campaña en 2018 y confirmada muchas veces como presidente.
Los tamaulipecos quieren saber cómo aterriza ello en la geografía nuestra, cañadas, valles y montañas. ¿Qué impacto tendría en los planes de seguridad bajo un gobierno morenista, cuáles sus normas de conducta frente a la delincuencia organizada?
Cuál será el trato a dichas fuerzas oscuras que le han arrebatado al Estado la función recaudatoria y cobran impuestos por su cuenta, a expensas de las castigadas economías locales. ¿Seguirán pagando cuota sorgueros y citricultores, locatarios y almacenistas, traileros y prestadores de servicios turísticos?
Se sabe que en el primer equipo de AMÉRICO ya hay un grupo bien pertrechado trabajando en el espinoso diagnóstico de la seguridad y habrá propuestas muy pronto. Las esperamos.
El origen de la duda es la ambigüedad del propio ANDRÉS MANUEL. Tendrán que venir pronunciamientos lo suficientemente claros, creíbles, firmes, pantalonudos, para contrarrestar los fundados temores de la gente en este ámbito.
LA
EXPERIENCIA CAPITALINA
Y, bueno, acaso sirva el recuerdo de lo que fue la administración obradorista en la capital mexicana (2000-2006), marcada por el incremento explosivo de la actividad delictiva y grandes marchas de ciudadanos vestidos de blanco, protestando contra la inseguridad.
Entonces como ahora, la tolerancia a los grupos delictivos se justificaba con la cantaleta de que la criminalidad tiene origen en la pobreza, la marginación, la miseria. Solía invocarse la injusticia crónica en la distribución del ingreso, como coartada para justificar la ineficacia gubernamental.
Ocurrió, tome nota usted, un episodio aleccionador. En 2006 aterriza MARCELO EBRARD CASAUBÓN en la jefatura capitalina y se activan cambios inesperados, significativos, tajantes.
Así nomás llegando, la administración de MARCELO desata un operativo mayúsculo sobre barrios como Tepito, convertidos por años en madrigueras del hampa. La acción fue implacable, asestó una y otra vez golpes muy severos al bajo mundo de aquellos años.
¿Qué había ocurrido?, que EBRARD interpretó muy a su manera la divisa de AMLO sobre los pobrecitos mexicanos que se vuelven malvados por culpa del neoliberalismo.
Los trató como lo que son, delincuentes. Supo que no hay tiempo para esperar a que las medidas de justicia económica conviertan a los lobos en corderos.
En todo caso, los programas sociales sirven para prevenir la descomposición dentro del mediano plazo, siempre y cuando operen con eficacia.
En el escenario más optimista, las acciones de carácter redistributivo tendrán un efecto pacificador para las generaciones venideras. Jamás corrigen la putrefacción actual. El mal realmente existente.
Quien ya es depredador no cambia con una beca, ni una palmada en la espalda, ni un discurso mañanero. Para los lobos de ahora, no hay más que la vieja fórmula de fajarse los pantalones, responder golpe por golpe y atorarle hasta donde tope, con apego a derecho y la legitimidad que otorga el voto.
Sin esta distinción conceptual, cualquier diagnóstico se pierde y sus propuestas también. Tanto en el PAN como en MORENA, todo argumento ideológico que pretenda justificar políticas blandas en el combate a las organizaciones criminales se hace sospechoso de complicidad. Esto debe quedar muy claro desde ahora.
Lo que ofrecen y quieren, con lujo de detalles y explicado con manzanitas. Es decir, sus propósitos generales y metas específicas en todos y cada uno de los campos que atañen a la administración estatal.
Por supuesto, concentrar reflectores en AMÉRICO y el TRUKO significa hacer a un lado el escándalo mediático en temas francamente obsoletos como (1) el tortuoso proceso de desafuero contra CABEZA DE VACA, (2) los obstinados litigios de MAKI ORTIZ, (3) las extravagancias de un sujeto inclasificable como ALEJANDRO ROJAS y (4) la polémica estéril en torno al referéndum revocatorio del próximo 10 de abril.
Que pare ese ruido de una vez por todas y podamos escuchar con atención al ingeniero VERÁSTEGUI OSTOS y al doctor VILLARREAL ANAYA, quienes este domingo iniciaron sus campañas formales.
No hay tiempo, ni debe haber espacio para más. Alcaldes y diputados locales fueron electos el pasado 2021 y esto significa que por primera vez en la historia contemporánea, la competencia por la gubernatura de Tamaulipas será el único propósito que nos convoque a votar.
La elección que viene tampoco llega homologada con algún proceso federal, como ha ocurrido en otras fechas y latitudes del país. La cita es como en 2016, el domingo 5 de junio, pero esta vez habrá una sola urna.
Quedó atrás la etapa de prospectos, aspirantes y precandidatos. Hoy son candidatos en franca tarea de proselitismo, detrás del voto.
La amenaza criminal es tema de temas. La comunidad tamaulipeca espera de ambos candidatos diagnósticos audaces, rigor crítico, definiciones claras y propuestas contundentes.
Ciertamente, ya no estamos viviendo la explosión delictiva del 2010, pero sus secuelas quedan y son graves. Hay muchos intereses enquistados que continúan atentando contra la paz de las familias y los negocios, la tranquilidad de comerciantes y agricultores, ganaderos y transportistas, industriales y pescadores.
Hasta 2010 las policías tamaulipecas eran de caricatura. Demasiadas corporaciones, dispersas, mal entrenadas, peor pagadas y sumamente ineficaces. La creación de una policía estatal militarizada fue el primer paso importante que habremos de registrar en los años posteriores.
Con ella llegaron los cuarteles de SEDENA en municipalidades como Mier, San Fernando y Mante. Sin olvidar un proyecto en trámite, ya encaminado y con el mismo propósito en Hidalgo. Amén de la infraestructura que ahora tiene SEMAR en Soto la Marina.
¿Cuánto avanzó CABEZA DE VACA y cuánto nos quedó a deber?, es un diagnóstico ineludible que compete no solo a sus adversarios de MORENA, sino al propio TRUKO. ¿Qué falta por hacer en materia de seguridad?, ¿qué propósitos se incumplieron, cuáles quedaron a medias?
Cuando la prensa nacional conversa con el doctor VILLARREAL ANAYA suele insistir en la cuestionable divisa de “abrazos, no balazos” formulada por AMLO desde su campaña en 2018 y confirmada muchas veces como presidente.
Los tamaulipecos quieren saber cómo aterriza ello en la geografía nuestra, cañadas, valles y montañas. ¿Qué impacto tendría en los planes de seguridad bajo un gobierno morenista, cuáles sus normas de conducta frente a la delincuencia organizada?
Cuál será el trato a dichas fuerzas oscuras que le han arrebatado al Estado la función recaudatoria y cobran impuestos por su cuenta, a expensas de las castigadas economías locales. ¿Seguirán pagando cuota sorgueros y citricultores, locatarios y almacenistas, traileros y prestadores de servicios turísticos?
Se sabe que en el primer equipo de AMÉRICO ya hay un grupo bien pertrechado trabajando en el espinoso diagnóstico de la seguridad y habrá propuestas muy pronto. Las esperamos.
El origen de la duda es la ambigüedad del propio ANDRÉS MANUEL. Tendrán que venir pronunciamientos lo suficientemente claros, creíbles, firmes, pantalonudos, para contrarrestar los fundados temores de la gente en este ámbito.
Y, bueno, acaso sirva el recuerdo de lo que fue la administración obradorista en la capital mexicana (2000-2006), marcada por el incremento explosivo de la actividad delictiva y grandes marchas de ciudadanos vestidos de blanco, protestando contra la inseguridad.
Entonces como ahora, la tolerancia a los grupos delictivos se justificaba con la cantaleta de que la criminalidad tiene origen en la pobreza, la marginación, la miseria. Solía invocarse la injusticia crónica en la distribución del ingreso, como coartada para justificar la ineficacia gubernamental.
Ocurrió, tome nota usted, un episodio aleccionador. En 2006 aterriza MARCELO EBRARD CASAUBÓN en la jefatura capitalina y se activan cambios inesperados, significativos, tajantes.
Así nomás llegando, la administración de MARCELO desata un operativo mayúsculo sobre barrios como Tepito, convertidos por años en madrigueras del hampa. La acción fue implacable, asestó una y otra vez golpes muy severos al bajo mundo de aquellos años.
¿Qué había ocurrido?, que EBRARD interpretó muy a su manera la divisa de AMLO sobre los pobrecitos mexicanos que se vuelven malvados por culpa del neoliberalismo.
Los trató como lo que son, delincuentes. Supo que no hay tiempo para esperar a que las medidas de justicia económica conviertan a los lobos en corderos.
En todo caso, los programas sociales sirven para prevenir la descomposición dentro del mediano plazo, siempre y cuando operen con eficacia.
En el escenario más optimista, las acciones de carácter redistributivo tendrán un efecto pacificador para las generaciones venideras. Jamás corrigen la putrefacción actual. El mal realmente existente.
Quien ya es depredador no cambia con una beca, ni una palmada en la espalda, ni un discurso mañanero. Para los lobos de ahora, no hay más que la vieja fórmula de fajarse los pantalones, responder golpe por golpe y atorarle hasta donde tope, con apego a derecho y la legitimidad que otorga el voto.
Sin esta distinción conceptual, cualquier diagnóstico se pierde y sus propuestas también. Tanto en el PAN como en MORENA, todo argumento ideológico que pretenda justificar políticas blandas en el combate a las organizaciones criminales se hace sospechoso de complicidad. Esto debe quedar muy claro desde ahora.
