Cd. Victoria, Tam.- La DEA quiere ir tras los mandos
bajos de la delincuencia mexicana. Los príncipes locales, al sur del río Bravo.
El combate a las drogas estaría bajando la mira a ras de tierra con el Proyecto
Portero, anunciado el pasado lunes 18 de agosto por el administrador de dicha
agencia TERRY COLE, como un presunto acuerdo con México.
Sus targets serían los jefes de plaza a los que identifican como
“guardianes”. Enclaves a nivel de cancha que vigilan el curso regular de los
negocios. Jerarquías territoriales definidas ahora como los núcleos primarios que
dan sustento a los cárteles. Sus cimientos.
La propia DEA califica dicho proyecto como una “estrategia
insignia” (“flagship”, en inglés) de importancia mayor, prioritaria,
emblemática y con un impacto simbólico que fortalecería su alicaída imagen
institucional.
Pondrían en esta aventura presupuesto y personal suficientes
para demostrar su carácter ambicioso y presuntamente innovador.
Incluyendo la coordinación interinstitucional (inteligencia,
defensa y fiscalía) con la intención de generar un modelo replicable que sirva
de guía para operaciones futuras. Cabría añadir: solo si tienen éxito.
Su grandilocuencia (propia del trumpismo) despierta dudas. Podrían
estar generando expectativas infladas que jamás se cumplan, hoy que la eficacia
de la DEA se encuentra tan cuestionada por la crisis del fentanilo.
AL NORTE, IMPUNIDAD
Es fácil culpar a los mexicanos y a sus proveedores chinos.
Antes lo hicieron con los colombianos y la cocaína. O, también, la heroína de
Asia. Lo que nunca podrán ocultar es que en territorio americano la responsabilidad
central recae en ellos. En corporaciones policiales y oficinas de inteligencia.
Nada dicen de las redes norteamericanas, donde la Casa
Blanca parece tener los ojos vendados. El más reciente libro del paisano
avecindado en Washington JESÚS ESQUIVEL (“Los cárteles gringos”, Grijalbo,
2025) es una buena exposición de ello.
Los medios de ultraderecha que tanto fascinan a TRUMP podrán
decir que el “Chapo” y el “Mayo” son unos demonios. Antes lo hicieron en
Colombia con PABLO ESCOBAR y los hermanos RODRÍGUEZ OREJUELA, jefes delictivos de
Medellín y Cali. Ahora incluyen al “Tren de Aragua” venezolano.
Aunque ello no explica cómo es que los narcóticos (en especial,
el fentanilo) atraviesan todo su territorio nacional y fluyen de manera incesante,
abundante, impune, hasta lugares como el icónico barrio de Kensington,
Filadelfia. Esas imágenes horrendas de adictos callejeros convertidos en despojos
humanos, atrapados por la “droga zombi” (video: https://tinyl.co/3bm3).
EL DESMENTIDO
Un detalle. El nombre elegido (Portero) es traducción de “gatekeeper”
(“guardián de la puerta”) en referencia a los mandos regionales que vigilan y controlan
el acceso a las rutas de drogas, armas y dinero
Solo que combatir a dichos jefes locales exige autorización del
gobierno mexicano. Por ello fue tajante la respuesta de la doctora SHEINBAUM en
su conferencia de este martes (https://tinyl.co/3bly).
Sin mediar pregunta, por iniciativa propia, la presidenta se
puso seria, tomó aire y colocó el tema sobre la mesa:
-“Quiero hacer una aclaración”, dijo, “el día de ayer” (es decir, el lunes) “emitió
la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para
una operación que llaman Portero.”
Fijó entonces su postura: “No hay ningún acuerdo con la DEA”
y se extendió:
-“La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos
llegado a ningún acuerdo” entre las instituciones de seguridad mexicanas y la
DEA.
-“Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, que estaban llevando un taller en Texas.
Es todo.”
En paralelo aceptó que se encuentra en marcha un convenio formal de seguridad entre
el Departamento de Estado (léase MARCO RUBIO) y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El cual “lleva varios meses trabajándose”, “está
prácticamente listo” y “por firmarse”. Se basa, precisó, “en la soberanía, la
confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio.”
Para luego pintar su raya: “sin subordinación.” Igual informó
que hay comunicación de instituciones mexicanas como Marina, Defensa, Seguridad
Pública y Guardia Nacional con el Comando Norte de Estados Unidos. Pero nada
reciente con la oficina antidrogas.
LECTURA DIFÍCIL
¿Qué interpretación le damos?... Podría tratarse de una
infidencia. Una imprudencia de la DEA al revelar esta suerte de planes que (de
existir) debieran manejarse como datos sensibles. Consultarse antes de abrir la
bocota.
Ello, ante la reacción que pueden provocar del lado mexicano.
En la franja fronteriza, por ejemplo. Proyectos así no se platican ni se
anuncian, se operan y punto.
Por cierto, la idea de bajar la mira hacia los jefes locales
sería radicalmente opuesta a la fracasada estrategia de FELIPE CALDERÓN, quien
se obsesionó en atrapar capos de primerísimo nivel como si fueran trofeos, pero
descuidó la seguridad ciudadana.
Frente al horror que entonces se vivió en calles y caminos,
CALDERÓN prefirió culpar siempre a gobernadores y alcaldes, antes que movilizar
a las fuerzas federales. Su voluntad estaba dominada por la eminencia oscura de
ese régimen, GENARO GARCÍA LUNA.
Al momento de cerrar esta columna (media tarde del martes)
no había respuesta oficial de la embajada norteamericana ni de la DEA a las
palabras de CLAUDIA. Veremos.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com
Cd. Victoria, Tam.- El mes pasado, el Ejecutivo
federal presentó ante el Congreso de la Unión una iniciativa de reforma al
artículo 73 constitucional que busca expedir una ley general contra la
extorsión.
La cual se perseguiría por oficio, sin necesidad de una
denuncia formal, buscando proteger a las víctimas de represalias, factor que
hoy contribuye a desalentar a los denunciantes. Temor harto comprensible.
La iniciativa de la doctora SHEINBAUM fue recibida en San
Lázaro el 8 de julio de 2025. Como avance inicial, el respectivo dictamen de la
Comisión de Puntos Constitucionales fue aprobado por unanimidad (37 votos) el 5
de agosto de 2025.
Salvado este trámite, el pleno de los diputados (en tanto
cámara de origen) tendría 180 días para votar la reforma por mayoría calificada.
Las dos terceras partes de los legisladores asistentes.
Pero el camino es largo todavía. Pasaría luego al Senado (en
este caso, cámara revisora) que por igual exigirá el dictamen de la comisión respectiva,
para ser votado en el pleno de la Cámara Alta, también por mayoría calificada.
Una vez librado este paso, se requiere que al menos 17 de
los 32 congresos locales aprueben la reforma, en este caso por mayoría simple.
Vendría entonces su promulgación y publicación en el Diario Oficial, para finalmente
entrar en vigor.
LOS CAMBIOS
De prosperar la reforma, el Estado asumiría la
responsabilidad de iniciar las investigaciones sin denuncia formal, para proteger
a las víctimas. Se pretende además homologar el tipo penal y las sanciones en
las 32 entidades federativas.
Con la definición única y estandarizada del ilícito en todo
el territorio nacional, para que características, elementos y sanciones sean
uniformes, basadas en la definición que la nueva ley ofrezca sobre las conductas
constitutivas de ese delito.
Entre otras, coaccionar o amenazar para obtener un beneficio
económico; así como sus elementos esenciales (chantaje, ánimo de lucro, daño
patrimonial) y las penas aplicables.
Evitarían así las diferencias entre los códigos penales de
los estados. La definición, los requisitos, las sanciones. Por eso hablan de
homologar, para que la falta se tipifique de la misma manera y se eviten disparidades
en su persecución y castigo. Se insiste en una definición integral para evitar variantes
significativas entre los estados incluyendo modalidades como los cobros de piso
y peaje, así como las amenazas telefónicas desde los penales, referidas ayer en
este espacio (https://tinyl.co/3bYS).
RANKING NACIONAL
La extorsión suele llegar acompañada de delitos peores. Si la
persona se resiste o se atrasa en sus pagos, el problema se multiplica para
incluir secuestro y homicidio. Les incendian sus negocios.
Casos patéticos abundan. El vendedor de flores asesinado en Puebla
en 2024 por negarse a pagar la “cuota” de 800 pesos que le pidieron para
dejarlo trabajar. O el secuestro y asesinato de un niñito de cinco años en el
Estado de México, por una deuda de mil pesos.
Conducta ilícita donde un individuo “con ánimo de lucro,
coacciona o amedrenta a otra para causar daños morales, físicos o patrimoniales”,
de manera directa o amagando con dañar a personas cercanas. Familiares o,
incluso, empleados.
En todas sus modalidades alcanzaría sus niveles más altos en
los estados de Guanajuato, Edomex, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, Guerrero,
Michoacán y la Ciudad de México, que, en conjunto, representan el 66% de los
casos.
No asoma, por cierto, Tamaulipas en este ranking. Aunque los
números son algo contradictorios. Por una parte, según la organización
ciudadana “Semáforo Delictivo”, nuestra entidad tendría una de las tasas más
bajas del país, en los primeros cinco meses de 2025.
Aunque COPARMEX y FECANACO hablan de un aumento
significativo; por igual, en los primeros cinco meses del año. Las denuncias se
habrían disparado un 250%.
Aún así, seguimos por debajo de los ocho estados arriba
mencionados. Interesante reflexión. ¿Cómo andará la cosa en otras regiones de
la república que Tamaulipas se mantiene en la media tabla?...
OTRAS LATITUDES
Con el renovado marco jurídico ahora en trámite, se contemplan
políticas de prevención en los tres niveles de gobierno. Sistemas de investigación
mediante inteligencia asistida por medios digitales. Lo cual incluiría unidades
estatales focalizadas en ello y la cancelación inmediata de las líneas
telefónicas usadas para dicho fin.
Bajo una mirada amplia se reconoce que afecta no solamente a
individuos, sino también a empresas, negocios y cadenas productivas. Limita la
inversión, el empleo y el crecimiento.
En un vistazo global, importa mencionar el caso de Italia, país
de legendarias organizaciones criminales, con literatura y cinematografía muy
amplias sobre el tema. Y de jueces mártires, como el heroico fiscal GIOVANNI
FALCONE, ejecutado en 2017. Siciliano, por cierto, oriundo de Palermo.
Durante el último cuarto de siglo, el gobierno italiano ha
desarrollado un marco jurídico integral, centrando su esfuerzo en el crimen
organizado, con la participación decidida de la sociedad civil.
Penas muy severas, incautación de bienes y una colaboración amplia
entre el gobierno y el sector privado para proteger a los negocios afectados. En
cuanto a la iniciativa mexicana, queda mucho por conocer. Conviene esperar
detalles cuando pase al pleno de la Cámara Baja.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
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Cd. Victoria, Tam.- La opinión pública ha respondido
con alivio a los dos traslados de reos peligrosos a la Unión Americana (febrero
y agosto). Auténtico hito en la historia de la colaboración binacional contra
el crimen.
Primero fueron 29, luego 26, en total 55 jefes delictivos requeridos
por el Departamento de Justicia americano, con solicitudes formales de
extradición por cargos graves.
Decisión pragmática bien vista por todas las corrientes
políticas. Sea cual sea el castigo que les espera y aún si se convierten en
testigos protegidos, el liderazgo que ejercían desde sus celdas se terminó.
El compromiso americano se reduce a no aplicar pena de
muerte a los deportados. Según la gravedad de sus cargos podrían merecer (como
el “Chapo”) cadenas perpetuas. O si recuperan la libertad sería en edad muy
avanzada.
La parte cuestionable de todo esto es la imagen que proyecta
el sistema penitenciario mexicano. Exportar reclusos representa una aceptación
tácita de su fracaso como centros de rehabilitación. Y de la vigilancia misma.
Ni han podido evitar los autogobiernos, ni el uso
generalizado de teléfonos celulares, desde los cuáles giran órdenes a sus
subordinados que andan libres, con lo cual incrementan desde adentro la autoría
intelectual de muchos delitos, incluyendo homicidios.
Amén de las llamadas de extorsión que , pese a todas las
promesas, se siguen haciendo desde las instituciones penitenciarias, incluso en
centros de alta seguridad.
SOBREPOBLACIÓN
El otro problema se llama hacinamiento, en buena parte
vinculado a la aplicación tan amplia de la llamada Prisión Preventiva Oficiosa.
Medida polémica que mantiene tras las rejas a personas acusadas de numerosos
delitos, antes de dictar sentencia. Sin derecho a libertad bajo fianza o
medidas cautelares alternativas.
Está incluida en el artículo 19 de la Constitución Política desde
1917 y en el respectivo Código de Procedimientos Penales. Al paso de los años aumentó
el número de delitos acreedores a dicha disposición.
AMLO incrementó la lista dos veces, en 2019 y 2024. Bajo el
gobierno de la doctora SHEINBAUM, en enero de 2025, se añadieron cargos como narcomenudeo
y contrabando.
Duro reto para la administración de la justicia. Según datos
del INEGI, al cierre de 2024 había, en números cerrados, 85 mil presos sin
sentencia en México. Es decir, el 36% de la población penitenciaria. De lo cual,
el 47% obedece a la citada Prisión Oficiosa.
La misma fuente calcula que entre 19 mil y 22 mil casos llevan
al menos 24 meses (o más) en espera de sentencia, rebasando con ello el límite constitucional
de dos años. Situación injustificable, salvo que la prolongación se deba a la
defensa.
Por su parte, un Grupo de Trabajo de la ONU calculó que (rebasado
o no el límite constitucional) habría 90 mil personas retenidas sin sentencia,
la mitad de ellas, en prisión oficiosa.
MAL CRÓNICO
A la saturación carcelaria se añade el inmenso poder de los
jefes delictivos presos, su capacidad para seguir dirigiendo operaciones
criminales desde su crujía, la compra de jueces venales que les conceden liberaciones
anticipadas, sentencias absolutorias o, al menos, su reubicación en cárceles de
baja seguridad.
Ciertamente, la crisis del sistema penitenciario no nació
ahora. Viene de los últimos regímenes priístas y se prolongó durante los dos
gobiernos del PAN y el postrero régimen tricolor de PEÑA NIETO.
Pero más allá de las culpas reales y la responsabilidad de
los gobiernos hoy llamados del PRIAN, la situación tampoco mejoró tras al
advenimiento del obradorismo, de 2018 a la fecha.
Todo esto aflora cuando nos enteramos que el gobierno
mexicano prefirió delegar en la justicia gringa, la responsabilidad del castigo
a los reos de mayor peligro.
La entrega (hasta hoy) de 55 líderes (sumando los dos
grupos, de febrero y agosto) puede en efecto obedecer a causas económicas como
las tercas amenazas arancelarias de DONALD TRUMP.
Y también el uso recreativo de la droga más potente y
mortífera que se conozca hasta ahora, como es el fentanilo, cuyos precursores
vienen de China, principal rival económico y militar de Estados Unidos a escala
planetaria.
CONTRASTE VISIBLE
Pese a su carácter multifactorial, los inéditos traslados de
prisioneros sin juicio de extradición y mediante el llamado “procedimiento abreviado”,
revelan también fallas profundas en las cárceles de México, agravadas por un
sistema judicial convertido en queso gruyere por el dinero del narco.
Eso que llaman el “mercado de la impunidad”. La justicia en
permanente subasta, donde cualquier alegato sobre presuntos errores al debido
proceso sirve de pretexto para liberaciones injustificables. Mientras millares
de reclusos menores (o, de plano, inocentes) siguen atrapados en la burocrática
red de la prisión oficiosa.
Gente encarcelada por años, décadas incluso, que al final es
liberada con el argumento de “disculpe usted, nos equivocamos”. Mientras delincuentes
de alta peligrosidad encuentran el camino a la puerta con relativa facilidad,
si tienen abogados lo suficientemente diestros en la compra de jueces o
magistrados rufianes.
En este 2025, México se ha librado de gente realmente nociva
que ahora estará confinada en celdas americanas de difícil acceso, con posibilidad
ínfima de escapatoria y nula comunicación hacia el exterior. Sin embargo, la
comparación con la secular negligencia mexicana resulta inevitable.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
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Cd. Victoria, Tam.- Distintas maneras de percibir el
tiempo. Aunque la noticia del traslado penitenciario se difundió en pocos
minutos, su ejecución exigió meses de intenso trabajo conjunto, elaborado con
paciencia de relojero por una docena de dependencias en ambos países.
La difusión fue el campanazo final, sobre la lógica de los
hechos consumados, cuando los reos ya dormían en alguna crujía estadounidense.
El esfuerzo previo fue intenso, exigió objetivos claros y sigilo extremo.
Esta segunda cuerda de reos mexicanos fue despachada en la
mañana del martes 12 de agosto, tomando por modelo de trabajo la deportación de
29 delincuentes efectuada el jueves 27 de febrero. Fechas, ambas, que ya merecen
un lugar en la memoria.
Esta vez fueron 26 personas, por igual de cárteles
distintos. Aflora aquí la confusión sembrada en redes por adversarios del gobierno
guinda, cuando califican a los integrantes de esta nueva remesa como “perras
flacas.”
Afirmación contagiosa porque, en efecto, entre estos 26 reos hay gente de
diversos niveles, diferentes zonas geográficas y trayectorias variadas.
Por supuesto, comparados con las superestrellas de la remesa anterior, o las
extradiciones previas de tipo individual, algunos tienden a menospreciar el caso,
solo porque los nombres no les suenan conocidos al lector promedio, poco actualizado
en el “who is who” del narco actual.
Las generaciones se suceden. Los viejos jefes de los años 80s
y 90s como el “Chapo” GUZMÁN, el “Mayo” ZAMBADA, ERNESTO FONSECA, MIGUEL FELIX
GALLARDO, RAFAEL CARO QUINTERO, JUAN JOSÉ ESPARRAGOZA o JUANITO GARCÍA ÁBREGO, están
en prisión o murieron hace tiempo. Sobreviven como leyendas.
LOS ENVIADOS
En principio, figura en la lista reciente un peso completo
de la delincuencia purépecha, como es SERVANDO GÓMEZ "La Tuta", líder
fundador de dos poderosas organizaciones. La “Familia Michoacana” y los “Caballeros
Templarios”.
Implacable en sus guerras, pero hábil y muy didáctico en su
narrativa. Lo cual debe SERVANDO a su profesión de maestro normalista, que en su
juventud lo llevó a participar en la grilla sindical, antes de incursionar en
la delincuencia.
Otro personaje de primer nivel incluido en este segundo envío
fue ABIGAEL GONZÁLEZ VALENCIA, mejor conocido por su sobrenombre (el “Cuini"),
apodo extendido a sus subordinados (los “Cuinis”), grupo asociado al Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG).
Y un factor familiar de mucho peso. El “Cuini”, es cuñado del
“Mencho” OSEGUERA, líder máximo del CJNG, donde manejó las finanzas y administró
transacciones internacionales de narcóticos.
Sin olvidar a los hermanos JESÚS y LUIS IGNACIO AMEZCUA, directivos
de una organización muy discreta que por años ha comerciado anfetaminas. El Cártel
de Colima (mejor conocido como “de los AMEZCUA). Los reyes de la anfetamina.
MÁS TODAVÍA…
El traslado incluyó a ENRIQUE ARBALLO (alias el "Junior")
uno de los 30 fugitivos más buscados por la DEA. También al exagente ministerial
BENITO BARRIOS (el “Comandante”) requerido por un tribunal de Arizona.
Además de JUAN CARLOS FÉLIX (el “Chavo Félix"), de
nexos familiares relevantes, por ser yerno y operador financiero del "Mayo"
ZAMBADA.
Importa señalar estos casos a manera de ejemplos. Para una lectura
exhaustiva con nombres, cargos y ubicación geográfica, me remito a recuentos de
portales como UNOTV (https://tinyl.co/3agi).
En dicha fuente, como en todos los periódicos, la lista de
personajes puede estar completa, aunque su papel dentro del mapa delictivo
suele aparecer (todavía) con la etiqueta de “no especificado”.
Al respecto, OMAR GARCÍA HARFUCH explicó que dichos reos “aún
privados de su libertad continuaban dirigiendo” actos delictivos. Y muchos de
ellos “habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad.”
De cualquier manera, un dato muy importante es que la lista
de 26 expatriados se confeccionó mayormente en Estados Unidos. Fue la justicia
gringa la que solicitó su extradición.
En pocas palabras, los 26 individuos fueron requeridos
formalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues tenían
órdenes de extradición por cargos graves como narcotráfico, crimen organizado,
lavado de dinero y delitos violentos.
SON ACUERDOS
Sardinas no son. Se trata de peces gordos que en muchos
casos pasaron desapercibidos para la opinión pública, aunque las agencias de
inteligencia de ambos países los tenían cabalmente identificados.
Y ojo con esto. En muchos casos, la justicia americana está
más interesada en la información que dichos señores poseen que en sus personas.
La meta es apuntar más arriba, hacia los verdaderos jefes, ubicados en la clase
política y el mundillo empresarial.
Al igual que en febrero pasado, se evitó el proceso formal de
extradición por una razón muy sencilla. El método tradicional (es decir, la vía
judicial estándar) suele entorpecer y retrasar por años la deportación, debido a
triquiñuelas de la defensa y veredictos amañados por jueces de bolsillo alegre.
Los dos gobiernos, en mutuo acuerdo, instrumentaron un procedimiento
legal abreviado, para así garantizar la entrega efectiva de individuos
considerados de alto riesgo para la seguridad nacional, al norte y sur del río Bravo.
Ambos operativos (febrero y agosto) son vistos ahora como el
inicio exitoso de una alianza robusta entre México y Estados Unidos para
enfrentar desafíos comunes en la lucha contra el crimen.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
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Cd. Victoria, Tam.- La noticia es buena, sin dudarlo.
Que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tome cartas en el asunto y
cuente ahora con “más dientes” en el combate al huachicol. Así lo dicen, de
manera coloquial, al referirse a mejores herramientas para el mapeo al mercado negro
de hidrocarburos.
La autoridad hacendaria podrá ahora agudizar sus sentidos en
la identificación y detección detallada de las redes que surten combustible ilegal
a las gasolineras, por citar un ejemplo cercano.
Aunque la cadena de complicidades es larga y no se agota en ese
punto neurálgico donde concurren dos etapas extremas, la ordeña a las
instalaciones y los puntos de venta al consumidor.
Hay historias muy interesantes entre las dos puntas de la
hebra y en el contexto político que hace posible este negocio (o este conjunto
de negocios) de ganancias colosales.
La red de complicidades viene de más lejos. Involucra a
quienes extraen, donde se han visto implicados técnicos de la paraestatal misma.
¿Quién mejor que ellos para eficientar tareas de orden técnico?
Amén de las autoridades locales, estatales y federales que por
años (y bajo gobiernos de distintos partidos) han volteado para otra parte
cuando esto ocurre, a la vista de todos, a plena luz del día. Y desde luego al
grupo delictivo que los contrata, quienes transportan, almacenan y hacen las
entregas.
ROBO A LA NACIÓN
En todo el proceso sufre mermas considerables la soberanía
nacional sobre un estratégico bien cuya expropiación se sigue celebrando el 18
de marzo.
Con la colaboración más estrecha entre el SAT y PEMEX se
habla ahora de una plataforma digital denominada Unidad Central de Control, que
daría seguimiento a toda la cadena de valor. Bienvenido el monitoreo, aunque el
saber no basta si no florece en acciones.
Igual parece alentador el apuntalamiento de la UIF (Unidad
de Inteligencia Financiera) hoy en manos de OMAR REYES COLMENARES. Tema de esta
columna la semana pasada (https://tinyl.co/3aP9).
Y bueno, entre las agencias norteamericanas de inteligencia suele
decirse que la información, por oportuna, completa y detallada que sea, sirve
de muy poco (o de nada) si no alimenta decisiones prácticas y tareas concretas.
Por ello se combatiría al huachicol en varios frentes. Entre
otros, las tomas clandestinas, las compras y suministros reportados por los
expendedores, así como las importaciones ilegales.
Aquí entramos al campo paralelo de las corporaciones civiles
y castrenses que tienen a su cargo la parte operativa. Desde luego, hay avances
y están en los reportes diarios del secretario GARCÍA HARFUCH.
PRIVATIZACIÓN, O CASI…
Aunque el reto del huachicol en todas sus variantes es tan complejo
y vasto que exige un conjunto amplio de tareas a lo largo y ancho de la
república. Las cuales rebasan las capacidades de la SSPC y exigen la
movilización paralela de soldados, marinos y guardias nacionales. Un plan
maestro, ¿lo hay?...
Empezando por reconocer que el huachicoleo podría entenderse
como una forma ruda y alevosa de privatización. La ordeña de ductos constituye acaso
la forma más oscura y desalmada de pasar a manos privadas el usufructo de dicho
patrimonio, producto del subsuelo, propiedad de los mexicanos. El oro negro.
Pero no es la única vía. Los negocios con obras y
adquisiciones son otra forma de atraco, aún más antigua. Data incluso de
tiempos anteriores a JOAQUÍN, la “Quina”, HERNÁNDEZ GALICIA.
La fortuna misma de los líderes posteriores a la “Quina”,
como SEBASTIÁN GUZMÁN CABRERA, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, MANUEL LIMÓN HERNÁNDEZ y
el actual RICARDO ALDANA PRIETO, es otra variedad de ordeña. Dineros públicos
que sin justificación alguna pasan a cuentas privadas.
¿TENDRÁN REMEDIO?
Uno de los dos mandatarios albiazules que hemos padecido entregó
a un despacho de abogados michoacanos un contrato por asesoría jurídica a la
paraestatal que durante seis años facturó cientos de millones de pesos. Supongo
que después brindarían juntos, quizás con JOHNNIE WALKER etiqueta azul.
Aunque el frente más conocido de la corrupción es el contratismo
venal, otorgado a menudo en pago a financiamiento político previo. Antes era
con trabajo, por bienes o servicios, ahora crece la facturación pura, por
adquisiciones y obras fantasmales.
Con variantes de estilo, son los continuadores del empresariado
balín que acumuló grandes fortunas en la era de oro priísta. Tampico y Madero serían
los referentes más cercanos.
Y es curioso porque gente vinculada al cacicazgo quinista en
Reynosa, una generación después estaría vinculada a eso que hoy llaman
huachicol y el financiamiento de campañas para partidos distintos al PRI.
Sin olvidar a los hijastros de VICENTE FOX, los hermanos BRIBIESCA
SAHAGÚN, cuyo cabildeo en favor de la empresa Oceanografía incluyó contratos multimillonarios
de mantenimiento, inspección, transporte y reparación de ductos en el Golfo de
México.
Similar al cabildeo del propio FOX en favor de empresas gringas
especializadas en la extracción de gas shale (“atrapado en rocas de esquisto o
lutita”, dicen los expertos) mediante la vía sucia y altamente contaminante del
fracking.
¿Es posible desparasitar PEMEX?, ¿es viable combatir con
eficacia el huachicol, lo mismo si hablamos del robo de combustible que de la importación
ilegal de hidrocarburos y el fraude aduanero que lleva consigo?
El solo intento ya nos sitúa en un horizonte distinto, que
merece una narrativa especial.
BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com
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